El momento del parto es, para muchas mujeres y parejas, el más importante e inolvidable de sus vidas. Es tiempo de contar con el respaldo familiar y profesional para asegurar el mayor bienestar del bebé y la madre. Muchas veces estos certeros propósitos no se dan. En España, un estudio recogió que el 38,3% de las mujeres dijo haber sido objeto de “violencia obstétrica” durante el parto en diversos centros de salud.
No existe una definición de violencia obstétrica (VO) fruto de un consenso mundial. Algunos países incluyen en su legislación este concepto y brindan explicación sobre el alcance del término. En España, el Observatorio OV la define como “el acto de desconocer la autoridad y autonomía que las mujeres tienen sobre su sexualidad. Su cuerpo, sus bebés y sus experiencias de embarazo/parto. Y de desconocer también la espontaneidad, ritmos y tiempos que requiere el nacimiento para progresar con normalidad”.
Es además, precisa, “el acto de desatender las necesidades emocionales tanto de la madre como del bebé en cualquier momento del embarazo. Durante el parto y durante el puerperio inmediato”.
Otras organizaciones lo resumen como falta de respeto y abuso hacia la mujer en esas condiciones. Maltrato físico, atención no consentida, atención no confidencial y atención no digna. También discriminación basada en atributos específicos del paciente.
El estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health desplegó una muestra de 17.541 cuestionarios, que representaban a todas las comunidades autónomas españolas. El 38,3% de las mujeres encuestadas dijo que había sufrido violencia obstétrica. El 44,4% percibió haber sido sometida a procedimientos innecesarios y/o dolorosos, de los cuales al 83,4% no se les solicitó firmar un consentimiento informado.
Violencia obstétrica en España y el mundo
La investigación la lideraron Desirée Mena Tudela y Susana Iglesias, del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume (Castellón). Y del Departamento de Obstetricia del Hospital do Salnés, en Pontevendra.
“España parece tener un grave problema de salud pública y de respeto a los derechos humanos en la violencia obstétrica. Ofrecer información a las mujeres y solicitar su consentimiento informado es una práctica escasa en el sistema sanitario, por lo que es necesario reflexionar profundamente sobre estas prácticas” sugiere el informe.
En 2019, la Asamblea General de la ONU emitió un documento en el que señaló la situación de violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva. En especial en la atención al parto.
Propuso adoptar un enfoque de derechos humanos frente a las diversas formas de maltrato que sufren las mujeres. La violencia obstétrica está muy extendida en todo el mundo, con cifras que van del 18,3% al 75,1%.
Hoy en día, la VO aún existe sin ser aceptada por la mayor parte de la comunidad médica, e incluso por la sociedad. Los diferentes tipos de violencia detectados en la literatura se refieren a violencia verbal, física, sexual. Negligencia en el cuidado y uso inadecuado de procedimientos y tecnologías. La característica estructural de dicha violencia hace que muchas veces los profesionales que la ejercen desconozcan que lo hacen, e incluso la consideren normal.
Otro factor a tener en cuenta es la violencia institucional. Ocurre cuando el centro de salud no destina suficientes recursos humanos o materiales para garantizar una atención segura durante los partos y nacimientos.
Coacción, fuerza o engaño
Asimismo está una violencia involuntaria de la propia paciente. El miedo o la vulnerabilidad típica de algunos procesos en la etapa perinatal, que hacen que las mujeres no expresen sus dudas o temores ante las intervenciones. Esto significa que las mujeres pueden inconscientemente permitir que la violencia obstétrica se perpetúe. Al sentirse completamente dominadas por la autoridad técnico-científica del personal de salud.
«Es un fenómeno complejo que engloba muchas formas de violencia. Implica coacción, fuerza y engaño. Lo más característico es un abuso de poder que pretende privar a las mujeres de su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, su salud y la de sus hijos», dijo a 20minutos, Francisca Fernández, abogada experta en negligencias médicas.
Fernández lleva casi dos décadas dedicada a la defensa de los derechos del paciente y la bioética. Ella llevó hasta la ONU los casos de cuatro mujeres que sufrieron este tipo de violencia obstétrica en España después de que sus denuncias no fueran estimadas por los tribunales locales.
“Durante el proceso administrativo y judicial nos dimos cuenta de que tanto el Ministerio de Sanidad como las consejerías y los jueces miraban para otro lado. Y, como ocurre con la violencia de género o las violaciones culpabilizaban a las propias víctimas», señaló la experta.
Una vez agotados todos los recursos para reparar esta situación en España, decidieron acudir a las Naciones Unidas. De las cuatro quejas, tres han sido admitidas a trámite y una fue fallada en favor de la víctima. Pero quizás el mayor éxito fue el precedente que sentó el hecho de que la propia resolución instase a España a tomar medidas para erradicar la violencia sufrida en el proceso de parto, reseñó el diario.
Cesáreas en aumento y sin consentimiento
Aún queda por resolver uno de los cuatro casos de violencia obstétrica en España. El de una mujer a la que le hicieron una cesárea sin su consentimiento. «Lo hicieron porque se estaban repartiendo los partos para acabar antes porque tenían saturación y era víspera de un festivo (algo muy común). Y, pese a que la mujer notaba ya la cabeza de su bebé asomando, le practicaron una cesárea», denunció Fernández.
Comentó que es la limitación de la capacidad de las mujeres de tomar decisiones una de las características principales de la violencia obstétrica que la distinguen de la mala praxis.
La OMS recomienda que la tasa de cesáreas de un país oscile entre el 10 y el 15%, y que se practiquen únicamente en casos estrictamente necesarios según criterio médico. La tasa de cesáreas en España casi duplica esa cifra y asciende al 21,8%, refiere el último informe del Ministerio de Sanidad en 2018. Además, el porcentaje se dispara hasta el 36,5% en el caso de las cesáreas practicadas en los hospitales privados.