En el mundo se han conocido historias de personas que han dejado de existir sin que se sepa más de ellos. No han dejado rastro de su paradero. Sus familiares, amigos y allegados no tienen explicación alguna de dónde podrían estar. Solo hay una palabra que los define: víctimas de desapariciones forzosas.
Aquellas personas que por motivos ideológicos, políticos, religiosos y sociales son víctimas de estas circunstancias, pueden ser recordadas permanentemente por sus familiares, pero el mundo los trae al presente el 30 de agosto, una fecha en que la comunidad internacional conmemora el Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzosas.
“La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, expresa una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Impunidad: la mejor amiga de las desapariciones forzosas
La acompañante más fiel de las víctimas de desapariciones forzosas es la impunidad. En México, por tomar un ejemplo, solo el 25% de los delitos de estas características son denunciados.
Aún más grave es que solo 2% resulta en una sentencia condenatoria de un total de 65.000 casos conocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1995, según los datos registrados en el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido a estos casos, al expresar su preocupación por la persistencia del fenómeno y la invisibilidad y oscuridad que prevalece con el tema de las desapariciones forzosas.
Entretanto, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), resaltó que la función de los gobiernos para combatir las desapariciones debe ser fundamental.
“Es crucial que el compromiso con la erradicación de la desaparición forzada se manifieste en acciones claras de los Estados para avanzar en las investigaciones penales que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables», dijo Krsticevic.
Igualmente, criticó las acciones y legislaciones de varios países, argumentando que no son las correctas para combatir las desapariciones forzosas.
«Es importante evidenciar que muchos Estados no han siquiera adoptado legislación específica para combatir e investigar delitos de desaparición forzada, lo cual se inicia por la tipificación del delito de desaparición forzada como tal; incluso países como Guatemala, Perú, Brasil y México siguen sin tipificar el delito de desaparición forzada pese a tener sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo ordenan”, agregó.
Algunas medidas
Cuando se habla sobre las víctimas de las desapariciones forzosas y se observa el alto índice de impunidad, pareciera que el mundo no ha podido combatir este fenómeno.
«Las desapariciones forzadas se producen cuando ocurre un arresto, detención o cualquier forma de sustracción de una persona, al margen de la protección de la ley, y se produce el ocultamiento de su paradero», expresó Mariana Romero, directora del Centro para los defensores y la justicia.
Romero destaca que esta práctica es utilizada por las dictaduras y regímenes autoritarios para infundir terror en la sociedad.
«Las instancias internacionales de protección de los derechos humanos han establecido una diversidad de mecanismos para tratar de brindar protección a las personas y tratar de prevenir la práctica. Naciones Unidas ha establecido organismos como el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que trabaja en la investigación de casos y situaciones, y en consecuencia emitir dictámenes a los Estados para evitar estas prácticas», agregó la especialista en derechos humanos.
Romero también resaltó importancia de que los ciudadanos de cualquier país conozcan en qué consiste la práctica de desapariciones forzosas, y al momento de conocer un caso es fundamental su denuncia.
«La ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han avanzando en lo relacionado con la desaparición forzada y han aplicado instrumentos que obligan a los Estados a cumplir las medidas y combatir estas prácticas», finalizó Romero.
Comité de la ONU
La ONU ha creado el Comité contra las Desapariciones Forzosas que es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención, por sus Estados Partes.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes sobre cómo se están aplicando los derechos. El Comité examinará cada informe y expresará sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.
El Comité se reúne en Ginebra y celebra dos periodos de sesiones anuales, donde discuten y evalúan cada situación en particular.
Algunas víctimas emblemáticas
El portal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rinde homenaje a algunos casos emblemáticos de víctimas de desapariciones forzosas:
- 45 mil desaparecidos durante el conflicto armado guatemalteco entre 1960 y 1996
- José Carlos Trujillo Oroza (Bolivia) desaparecido en 1972
- Heliodoro Portugal (Panamá) desaparecido desde el 1970
- Los desaparecidos durante la Guerrilla de Araguaia (Brasil) entre 1972 y 1975.
- María Claudia García Iruretagoyena de Gelman (Uruguay) desaparecida en 1976.
- Marco Antonio Molina Theissen (Guatemala) desaparecido desde 1981.
- Los 12 desaparecidos de la retoma del Palacio de Justicia (Colombia) desde 1985.
- Efraín Bámaca Velázquez (Guatemala) desaparecido desde 1992.
- Víctimas de La Cantuta (Perú) en 1992.
- Kenneth Ney Anzualdo (Perú) desaparecido desde 1993.
- Narciso González (República Dominicana) desaparecido desde 1994.
- Jesús Ángel Gutiérrez Olvera (México) desaparecido desde el 2002
A estos casos también se le pueden agregar los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, en una serie de eventos donde estuvieron presuntamente involucrados el crimen organizado y funcionarios públicos de la ciudad de Iguala.
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