El Centro para los Defensores y la Justicia denunció que en Venezuela hubo 20 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos solo en abril. Hubo restricciones al espacio cívico y democrático, así como también vulneraciones al derecho a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.
Asimismo, aumentaron los actos de intimidación y hostigamiento con amenazas constantes contra los defensores de derechos humanos, como consecuencia de los avances legislativos para controlar y regular a las organizaciones de la sociedad civil como ha venido ocurriendo en Nicaragua.
«Las situaciones documentadas durante el mes de abril demuestran que la política de criminalización en Venezuela es sistemática», declaró la ONG
Patrones de ataques contra defensores
Los modos de agresión más frecuente en abril fueron estigmatización (10), intimidación y hostigamiento (9) y amenazas (1).
Aunque la estigmatización se mantiene como principal agresión, las amenazas de todo tipo han sido permanente desde que comenzó 2023. El CDJ manifestó que afianzamiento de la criminalización, la represión y el control social como política de Estado se mantiene en constante aumento. «Reiteramos a los organismos internacionales que es urgente garantizar la protección las personas defensoras de derechos y un entorno propicio para que puedan realizar su labor de manera segura y sin temor represalias”, demandaron.
En Venezuela, al igual que en Nicaragua y Cuba, la comunidad internacional debe procurar mecanismos efectivos para la protección de las personas y organizaciones que brindan respuesta y acompañamiento a las víctimas de la emergencia humanitaria compleja, los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos.
Marzo no fue mejor, hubo más apagones y hostigamientos
La organización no gubernamental Espacio Público documentó el aumento en marzo de las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
Registró 17 casos y 25 violaciones a la libertad de expresión, siendo la censura (15) y la intimidación (6) las incidencias más frecuentes, seguidas por hostigamiento verbal (2), una amenaza y una restricción administrativa.
Espacio Público constató que las instituciones del Estado son los principales victimarios. Cometieron 11 de las violaciones a la libertad de expresión. Los cuerpos de seguridad y funcionarios fueron responsables de 4 casos. Fueron afectados ocho periodistas, seis medios de comunicación y nueve casos a la ciudadanía en general.
El medio digital Vargas Reporta fue víctima de un hackeo a su cuenta en Instagram que afectó su labor informativa durante dos semanas.
Un funcionario policial del municipio Baruta, en el estado Miranda, intimidó Juan Carlos Neira, fotógrafo del medio Noticiero Digital cuando cubría un acto del alcalde de esa jurisdicción, Darwin González, en la plaza Alfredo Sadel de la urbanización Las Mercedes.
El reportero gráfico denunció que el funcionario quiso llevarlo detenido, hasta que un concejal de Baruta intervino y le pidió al funcionario que le entregara a Neira sus documentos. Además, el fotógrafo dijo que el equipo de prensa de la Alcaldía de Baruta obstaculiza el trabajo de los medios.
Hostigamiento y cortes de electricidad a estaciones de radio
El 23 de marzo, producto de los apagones y fallas eléctricas en el estado Mérida, al menos tres emisoras de radio de esa entidad estuvieron varias horas fuera del aire. Periodistas merideños contaron que a las constantes fallas eléctricas se suma la escasez del combustible para activar las plantas de emergencia. Las emisoras han dejado de transmitir su labor periodística.
Cuentas vinculadas al oficialismo han hostigado al periodista Roberto Deniz y al medio en el que labora, Armando.Info. En esta ocasión, el locutor de la television Pedro Carvajalino señaló a Armando.Info como una “red de extorsión periodística”. Además, hostigó a Deniz con un video en su cuenta en Twitter. El ataque ocurrió el día que Armando.Info publicó un reportaje sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y los vínculos y militancia con el PSUV de decenas de preseleccionados como magistrados.
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