POR CAMBIO16
09/08/2017
.
Los 17 países de América y el Caribe que se han reunido este martes en Lima (Perú) para tratar la situación de Venezuela han reafirmado su opinión común de que la nación gobernada por Nicolás Maduro «ya no es una democracia» y que «los actos que emanen» de su Asamblea Constituyente «son ilegítimos».
Esas han sido dos de las conclusiones expresadas en la denominada declaración de Lima, difundida por los cancilleres nada más terminar la reunión que han mantenido a lo largo de todo el día y que han incluido el reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente elegido en Venezuela, el rechazo a la violencia y una condena a la violación de los derechos humanos cometidos en el país.
La declaración ha sido presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, quien no ha dudado en afirmar ante los medios presentes que «lo ocurrido en Venezuela» en los últimos días «es un quiebre decisivo» en la crisis en Venezuela y que «lo que tenemos ahora es que Venezuela es una dictadura».
«Básicamente la declaración es un acuerdo sobre el hecho de que en Venezuela se ha roto el orden democrático, y restablecer ese orden, pasa por revertir la Asamblea Constituyente», ha afirmado Luna.
La Declaración de Lima, en su «pleno respaldo y solidaridad» con la Asamblea Nacional «democráticamente electa», ha señalado que todos los actos jurídicos que conforme a la Constitución venezolana vigente «requieran autorización» de la misma, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea «los haya aprobado».
Condena a la represión en Venezuela
Además, también ha expresado «su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela» y ha exigido la «aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos».
Los cancilleres también han condenado «la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión, y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente».
El documento también ha resalatado que en Venezuela no se cumplen los «requisitos y obligaciones» de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y han respaldado la decisión de «continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela«.
También se ha apoyado explícitamente al Mercosur por su decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia.
Junto a esto, los cancilleres han solicitado suspender cualquier transferencia de armas a Venezuela mientras continúe esta situación en el país y han pedido a la presidencia protémpore de la CELAC y a la Unión Europea suspender la cumbre prevista entre ambas organizaciones para octubre de 2017 hasta que se solucione esta crisis.
En su último punto, la Declaración de Lima ha subrayado su apoyo «de manera urgente» a «todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe» que cuente con «el consenso de las partes» enfrentadas en Venezuela y que esté «orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país».
Conforme a los criterios de 
Saber más
