La pandemia de la COVID-19 tiene un creciente impacto en el tejido productivo de ESpaña. El parón a las actividades, la caída de la demanda y los impagos, entre otros factores, generando pérdidas que se traducen desempleo, cierre de empresas y enormes costes fiscales.
Miles de empresas han cerrado, millones de puestos de trabajo se han perdido y miles de millones de euros caídos en el producto interior bruto forman parte de un negativo resultado de dos meses de crisis sanitaria.
La pérdida de empleadores
El impacto de la COVID-19 en el sector productivo se evidencia en la contracción del tejido empresarial. En los dos últimos meses se han dado de baja 133.757 empleadores del registro de códigos de cuenta de cotización de la Seguridad Social.
España ha pasado de tener casi 1,5 millones de empleadores a 1,36 millones. La caída fue particularmente severa en marzo, con 121.827. En abril el descenso continuó, con 11.930.
Estas cifras de la Seguridad Social incluyen a los autónomos con trabajadores a su cargo. Por lo tanto, la caída de 133.000 empresas supone realmente empleadores que han cerrado su actividad. Los números excluyen a las empresas que han mandado a toda su plantilla a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), en estos casos las compañías permanecen como empleadoras y sus trabajadores siguen en la Seguridad Social.
La caída en el empleo
El gran riesgo para la economía es que estas empresas que han prescindido de todos sus trabajadores no vuelvan a recuperar la actividad al superarse la crisis sanitaria. Supondría una destrucción permanente del empleo y tardaría más tiempo en reabsorberse.
El impacto de la COVID-19 en el empleo productivo se ha hecho sentir. En dos meses de confinamiento unos 5 millones de españoles han quedado sin empleo de forma temporal o definitiva. El paro alcanza así un récord histórico de 8,4 millones.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha determinado que el paro efectivo escaló en el mes de abril hasta el 36,4 %, sumando el desempleo registrado, los afectados por ERTE y quienes han tenido que notificar ceses involuntarios de la actividad vinculados al COVID-19.
Los sectores más afectados por el parón en marzo fueron los que utilizan de forma habitual la contratación temporal, destaca. En abril, en cambio, solo se observaron caídas relativamente menores en Educación y en Comercio Minorista y Mayorista, a la vez que incrementos de afiliación significativos en Sanidad, Construcción y Servicios de alojamiento.
Mayor gasto público
Fedea estima que en 2020 el gasto público aumentará en 50.000 millones de euros, a los que se tienen que sumar los vencimientos de deuda por 130.000 millones de euros.
El déficit presupuestario podría ascender a 130.000 millones de euros, o casi el 12 % del PIB. Las necesidades de financiación que tendrá España este año podrían alcanzar los 300.000 millones de euros.
El país tendrá que recurrir a los distintos fondos habilitados por la Unión Europea para mantener a flote las economías más afectadas.
Retrasos e impagos
La falta de actividad empresarial derivada del estado de alarma también ha llevado a máximos el retraso con que las empresas cobran por los servicios realizados.
El 24% de las empresas debe esperar más de 90 días para cobrar las facturas, un porcentaje que supera al registrado en 2012 y 2013, los 2 años más críticos de la crisis económica y financiera. Respecto al año pasado, la cifra se ha incrementado en más de 2 veces, según un estudio de Crédito y Caución.
Otra de las consecuencias es el repunte de los impagos. El estudio de Crédito y Caución dice que “dos de cada tres empresas españolas sufren el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados y el 10% afirma que corre el riesgo de cerrar”.
El estudio destaca el incumplimiento de los pagos es especialmente desestabilizador para las empresas de menor tamaño. El impacto de un impagado comercial se acentúa cuanto menor sea el margen de beneficios.
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