Tres personas pierden vidas cada semana intentando proteger su tierra y su medio ambiente de las fuerzas extractivas. Esta lucha dispareja y hostil, engrosa una cifra de más de 200 muertes cada año. En un descarnado informe, el último de Global Witness, revela que 1.733 activistas ambientales han sido asesinados entre 2012 y 2021, por las acechanzas del poder. Una década de desafíos y aniquilación.
Detrás de cada número, un nombre. Detrás de un nombre, una historia conmovedora de amor a la tierra de abuelos, padres y de heredad a las nuevas generaciones. La ONG perfiló un denso documento de estos líderes, sus familias, y entornos. Sus riesgos y desvelos. Una gran crónica que narra, el propósito común de estas gentes por preservar la vida. Estén donde estén. En Colombia o Brasil, Canadá o Filipinas.
En la reciente edición, Global Witness señala que los asesinatos en la última década se han registrado mayoritariamente en Brasil, Colombia, Filipinas, México y Honduras. Países que encabezan la «lista negra». Y es la defensa de los bosques, los ríos y los ecosistemas la razón de ser de muchas personas que, a veces y sin proponérselo, se convierten en líderes por la necesidad de salvaguardar el patrimonio natural.
El 68 % de esos homicidios han ocurrido en Latinoamérica y el 39 % de las víctimas han sido pobladores indígenas. Es la selva amazónica el punto más caliente del planeta. 342 activistas fueron asesinados en Brasil y 322 en Colombia. En México se registraron 154 muertes y 117 en Honduras. Filipinas encabeza el trágico récord en el sureste asiático, con 270 muertos.
Acoso y muerte a los activistas ambientales
Desde 2012, Global Witness ha recopilado datos sobre los asesinatos de activistas ambientales. Y ha puesto de manifiesto un panorama sombrío: a medida que se intensifica la crisis climática, aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y el planeta. La investigación encontró que 1.733 asesinatos.
El control y uso de la tierra y el territorio es central en los países donde las personas defensoras están amenazadas. Gran parte de los crecientes asesinatos, violencia y represión se relacionan con conflictos territoriales y la extracción de recursos naturales, minerales y madera.
La evidencia también muestra que los datos sobre asesinatos no reflejan la verdadera escala del problema. En algunos países, la peligrosa situación los defensores es difícil de evaluar: las restricciones a la libertad de prensa y la falta de supervisión independiente en muchos países generan vacíos. Igualmente, las disputas por la tierra y el daño ambiental también son difíciles de monitorear en los sitios afectadas por conflictos bélicos, entre militares o entre delincuentes, especialmente narcotraficantes y mineros ilegales.
La investigación encontró que muy pocos perpetradores de asesinatos de ambientalistas son llevados. Los gobiernos no investigan adecuadamente estos hechos de sangre. Muchas ignoran los hechos, pero otros impiden activamente las investigaciones. A menudo debido a colusión entre intereses corporativos-ideológico y estatales, que actúan mediante grupos paramilitares o antiguos grupos guerrilleros que se olvidaron de la política y son activos narcotraficantes..
Con las democracias cada vez más bajo ataque y el empeoramiento de las crisis climáticas, la protección de los ambientalistas es fundamental la actividad. de los defensores en la solución de estos problemas. Global Witness hace un llamado urgente para protegerlos y reducir los ataques contra ellos.
Ataques feroces a comunidades indígenas
Los datos del informe muestran que más de la mitad de los ataques durante estos 10 años ocurrieron en Brasil, Colombia y Filipinas. En 2021, México fue el país con el mayor número de asesinatos. Más de las tres cuartas partes de los ataques de ese años tuvieron lugar en América Latina. La investigación destaca que las comunidades indígenas enfrentan un nivel alto, muy desproporcionado de los ataques. Casi el 40 %, aunque representan el 5 % de la población mundial.
Desde 2019, México registra un aumento significativo en la violencia contra los defensores ambientales. En 2020 hubo 30 homicidios y en 2021 la cifra se elevó a 54. Un incremento que lo coloca más peligros cuando se trata de defender la tierra y el medioambiente.
De los 54 defensores asesinados en México, 40 % eran indígenas. Además, otro 19 de los defensores también fueron víctimas de desaparición la desaparición forzada. En abril de 2021, desapareció el líder indígena nahua José Santos Isaac Chávez. Lo encontraron muerto en su coche que había caído a un precipicio. Su cuerpo tenía marcas de tortura. Santos era uno de los opositores más visibles a las operaciones de la mina Peña Colorada. Manejada por las empresas ArcelorMittal y Ternium en la región de la Sierra de Manantlán, en los límites entre el estado de Colima y Jalisco, en México, recoge Mongabay.
Las operaciones mineras impulsan la deforestación, la pérdida de vida silvestre y la contaminación de los cuerpos de agua. En esa zona también se encuentra la Reserva de la Biosfera de Manantlán. Una zona en donde miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación controlan el territorio y han extendido sus actividades ilícitas a la minería.
México y Colombia: muerte e impunidad
En esa región de Manantlán, se cuentan por decenas a los defensores que han sido amenazados, desaparecidos o asesinados. Entre ellos, además de Santos, está Rogelio Rosales, hijo de uno de los activistas opositores a las mineras ilegales y que asesinaron en octubre de 2020. En total, en México ha registrado 154 casos entre 2012 y 2021; y 131 ocurrieron entre 2017 y 2021.
Colombia es otro país dolorosamente abatido por la persecución de los activistas ambientales. En abril de 2021, a Sandra Liliana Peña le quitaron la vida. Gobernaba una comunidad Nasa, ubicada en el departamento del Cauca, Colombia. Cuatro hombres armados la obligaron a salir de su casa y la mataron a tiros. Ella se opuso abiertamente los cultivos ilegales de coca y marihuana en su región y la amenazaron en varias ocasiones.
Peña es una de las 33 personas defensoras de tierra y del medioambiente asesinadas en Colombia en 2021, una cifra mucho menor que los 65 casos de 2020. Sin embargo, no significa que las cosas han mejorado.
Óscar Sampayo es otro caso emblemático. Activo defensor de Barrancabermeja, en la región del Magdalena Medio de Colombia, ha visto morir a tres de sus amigos ecologistas que se opusieron a la extracción de petróleo y denunciaron la contaminación causada en la región por petroleras. Dos fueron asesinados en febrero y el tercero a finales de julio de 2021.
En Colombia, al igual que otros países de la región, prevalece una alta impunidad ante estos crímenes. Marina Comandulli, oficial de campaña de Global Witness, afirmó que más del 90 % de los casos no han tenido seguimiento. “Son poquísimos los que se han investigado y que han llegado a los tribunales”, dijo.
A la deriva la Amazonía y sus defensores
Brasil no podía quedar fuera de estos desmanes. Reporta 342 asesinatos de activistas ambientales. Global Witness refiere que la Amazonía concentró el 85 % de todos los asesinatos de ambientalistas reportados en la última década.
“La Amazonía se ha convertido en una zona de creciente violencia e impunidad. Las guerras por la tierra , la desforestación y los recursos mineros se ha intensificado, se ha alentado la tala y la minería después que el gobierno recortó los presupuestos para las agencias dedicadas a la protección forestal y a la atención de comunidades indígenas.
En esa lamentable lista de ataques letales está el nombre de Isaac Tembé, líder del pueblo Tenetehara, también asesinado por funcionarios de la policía militar de Brasil. De acuerdo con la comunidad indígena Tembé-Theneteraha, la policía militar de Brasil actúa como una milicia privada. Defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos que vienen apoderándose de tierras dentro de territorios indígenas. Deforestan la selva, la destruyen para cultivar soja y criar ganado de carne. En 2021, el 78 % de los ataques letales que se registraron en Brasil, Perú y Venezuela ocurrieron en la cuenca amazónica, reseña Mongabay.
La ONG pide que las empresas y los gobiernos rindan cuentas por la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, las personas que se encuentran en la primera línea de la crisis climática. Se necesita una acción urgente tanto regional como nacional e internacional para poner fin a la violencia y el crimen que enfrentan.
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