Por Susanne Gratius* (Agenda pública)
07/01/2016
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El año 2016 traerá muchos cambios e incógnitas para Venezuela. En los próximos seis meses la oposición, que desde el 5 de enero tiene la mayoría calificada en el Parlamento, quiere preparar un revocatorio del Presidente Nicolás Maduro, y en diciembre tendrán lugar elecciones regionales que podrían reconfirmar la derrota del post-chavismo.
Las elecciones del 6 de diciembre de 2015 marcaron un cambio histórico en Venezuela: por primera vez en 17 años ganó la oposición y obtuvo dos tercios en la Asamblea Nacional que le permiten desmantelar la estructura de poder creada por Nicolás Maduro, el desafortunado heredero de Hugo Chávez, y el anterior Presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. Éste último acaba de ser sustituido por Henry Ramos Allup -que se impuso con 62 contra 49 votos a su adversario Julio Borges del partido conservador Primero Justicia-, dirigente histórico de Acción Democrática (AD), Vicepresidente de la Internacional Socialista y con sus 72 años un veterano en la lucha contra el oficialismo.
El post-chavismo ha perdido la mayoría y, pese a los habituales tejemanejes del oficialismo para ganar las elecciones, no pudo evitar que muchos de sus leales dieron su voto al bloque opositor para que ayude a resolver los gravísimos problemas económicos, sociales y de seguridad del país petrolero camino a convertirse en un Estado frágil.
Tras la llamada pública a respetar las reglas democráticas de su Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro se vio obligado a reconocer la victoria de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que cuenta con 112 diputados frente a los 55 del oficialismo. Impedir esta mayoría calificada que le permite a la oposición revocar el mandato del Presidente y la mayoría de las leyes aprobadas por el gobierno -la primera de ellas sería la amnistía de los presos políticos, entre ellos Leopoldo López, condenado a 13 años de cárcel por oponerse al gobierno- se ha convertido en la obsesión de Nicolás Maduro y del anterior Presidente de la Asamblea Nacional, el ex militar Diosdado Cabello, acusado por Estados Unidos de estar involucrado en el narcotráfico y uno de los más radicales de la ‘Revolución Bolivariana’.
El Gobierno ya ha tomado medidas para impedir su final. Poco después de perder las elecciones, el gobierno nombró nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) todos ellos leales al chavismo, y presentó siete recursos para inhabilitar algunos diputados de la oposición y repetir las elecciones en algunos Estados. Como era de esperar, el TSJ aceptó los recursos e inició una lucha judicial contra seis diputados del nuevo parlamento.
En los próximos meses puede haber nuevas elecciones en varios Estados. Asimismo, Maduro nombró un Parlamento Comunal de leales que actuará de contrapeso y profundizará la estructura institucional dual de poder: la del oficialismo y la de la oposición. El 6 de enero cambió su gabinete: el Presidente creó cinco Ministerios adicionales para gestionar la economía y nombró al profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Luis Salas, Ministro de Economía Productiva. El Viceministro Jorge Arreaza fue nombrado Ministro de Educación y reemplazado por Aristóbulo Isturíz, anterior Diputado y Ministro de Educación durante la Presidencia de Hugo Chávez.
La pésima gestión del oficialismo, la corrupción endémica y casi veinte años de lucha de poder entre oficialismo y oposición costó muy caro al país. La violencia llega a récords históricos con tasas de homicidios de 82 por cada 100.000, sólo superadas por Honduras. Por la permisividad del gobierno con la delincuencia que difumina la frontera con la violencia política, una impunidad del 90%, unas fuerzas de seguridad poco coordinadas y muy corruptas, el narcotráfico penetrando las instituciones chavistas y una justicia politizada no será nada fácil interrumpir la espiral de inseguridad ciudadana que es a la vez la mayor amenaza de la democracia.
Otra es la severa crisis económica y social, según el oficialismo el resultado de la «Guerra Económica» contra el país y a juicio de la oposición la consecuencia del control estatal de precios y un altísimo nivel de corrupción situándose Venezuela en la posición 161 –al mismo nivel que Haití – entre 175 países evaluados por Transparencia Internacional. Una inflación del 159% según el FMI, una recesión del -10% el año pasado, un bolívar devaluado en un amplio mercado negro y la libre caída del precio del petróleo por debajo de 33 dólares amenazan con revertir los logros sociales de los años del Chavismo y provocar el colapso económico.
Contrario a los anuncios del Presidente, su «nueva economía» socialista no sirve para «satisfacer las necesidades del pueblo» sino más bien para complicarles la vida a los ciudadanos que tienen que pasar muchas horas en largas colas a fin de conseguir productos básicos como la leche o el pan higiénico que, entre otros, escasean en el país. La situación de desabastecimiento es dramática y similar a la cubana después de la caída del Muro de Berlín, pero en este caso no fue provocada por el exterior sino por la ineficacia de lo que queda del Chavismo.
¿Qué democracia y libertad puede haber en una Revolución Bolivariana que no garantiza ni la canasta básica ni la seguridad física de sus ciudadanos? El gobierno ha sido incapaz de cumplir con las funciones principales de cualquier Estado y muchos de sus leales han optado por el cambio. El post-chavismo ha perdido la lucha política, no por culpa de la oposición, sino por su propia ineptitud de gobernar y ofrecer una visión de futuro más allá de la vacía retórica del populismo.
Casi veinte años de lucha de poder entre los dos bloques políticos principales han dividido a los ciudadanos y las instituciones. 17 años de lucha política señalan que no es posible «aniquilar el otro» sino que los dos campos están condenados a convivir. Si no lo logran, intervendrán las Fuerzas Armadas que son el principal sostén del régimen post-chavista pero también se perfilan como árbitro político.
Un primer indicador fue la comparecencia pública del Ministro de Defensa, Vladimir Padrón López, la misma noche electoral del 6 de diciembre en la que llamó a la calma e instó en «respetar las reglas de la democracia» y «la voluntad popular», oponiéndose a la posibilidad manejada por parte del gobierno de negar la victoria de la oposición. El hecho de que, contrario a rumores previos, Nicolás Maduro no cambió a su Ministro de Defensa señala la autonomía de poder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que podría verse obligada a intervenir para impedir una situación de ingobernabilidad.
De momento, hay escasas posibilidades de reconciliación y diálogo. Además, cabe recordar que todos los anteriores intentos de tender puentes entre las dos facciones fracasaron. El objetivo de aniquilar al otro por la vía judicial como ahora pretende el Gobierno tendrá un alto coste político en un país que se sumerge al abismo de violencia y colapso económico. Igualmente, desmantelar y deslegitimar el oficialismo por la vía constitucional como pretende la oposición también implicará un alto riesgo político. Reconstruir el país sería un acto de responsabilidad política que reclaman y necesitan los ciudadanos hartos de una lucha de poder que sólo profundiza el abismo al que se asoma Venezuela desde hace rato.
Susanne Gratius* Colaboradora de Agenda pública, es profesora contratada doctora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Su principal área de investigación es América Latina, en particular las relaciones exteriores de Brasil, Cuba y Venezuela.
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