Recuperar el consenso

Por Iñigo Aduriz
06/12/2015

La Constitución cumple 37 años justo en el momento en el que ha pasado de símbolo de la modernidad de la democracia española a lastre para el desarrollo y la evolución del Estado de derecho. Esto es lo que sostiene la mayoría de los partidos políticos que, en plena campaña electoral, se muestran convencidos de la necesidad de reformar la ley de leyes para adecuarla a la situación socio-económica de la España actual.

El Gobierno que tome las riendas del país en las próximas semanas será el encargado de pilotar y supervisar el proceso. Y su principal y complicada tarea consistirá en tratar de garantizar el grado de acuerdo que exige esta revisión.

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, recuerda que “no hay reformas sin consenso. Es un requisito sine qua non”. Así lo establece la propia Constitución. El procedimiento ordinario, recogido en el artículo 167, es el que se utilizó en 2011 para incorporar el principio de estabilidad presupuestaria al artículo 135, gracias al polémico acuerdo alcanzado entre PSOE y PP.

Exige que el proyecto de modificación sea refrendado por una mayoría de tres quintos –210 diputados– tanto del Congreso como del Senado, aunque si no también es posible hacer el cambio con el voto a favor de la mayoría de dos tercios –233 representantes– de la Cámara Baja y la mayoría absoluta de la Cámara Alta. El referéndum en este caso no es imprescindible.

Sí lo es cuando se recurre al procedimiento agravado, contemplado en el artículo 168 de la Carta Magna. Este precepto regula la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I o al Título II.

En este caso la reforma debe ser apoyada por dos tercios de los representados en ambas cámaras, que tendrán que ser disueltas de inmediato. Resulta así obligada la convocatoria de nuevas elecciones que conformen las cortes constituyentes que revisen el nuevo texto, que vuelvan a aprobarlo por dos tercios y que convoquen la consulta.

La división del voto augurado por las encuestas determinará, por tanto, el calado de la reforma constitucional. Aunque las distintas fuerzas políticas han planteado también diferentes prioridades, hay varios aspectos en los que se centrará el debate en los próximos meses. La reforma del Senado para convertirlo en una cámara territorial y descentralizada la plantean todos los partidos.

Y Ciudadanos y UPyD contemplan incluso su supresión. La catedrática Yolanda Gómez sí considera que es necesario que se mejore la “representación de las autonomías” en la Cámara Alta. Y, como en 1977, en este debate resultará determinante el papel que tengan las fuerzas nacionalistas en la negociación.

Pero la cuestión clave de la nueva legislatura será la reforma del modelo territorial, cuando se multiplican las voces que consideran agotada la España de las autonomías, en pleno conflicto abierto con Cataluña y, en menor medida, con el País Vasco y Navarra por su régimen fiscal. El reto del próximo Ejecutivo y de los constitucionalistas que trabajen en el nuevo texto será consensuar el modelo en el que todas las comunidades autónomas –incluidas las que gozan de una mayor soberanía– se vean aceptadas.

El federal es el que tiene más opciones de prosperar, aunque los partidos que lo proponen disienten sobre detalles como el grado de competencias de las ‘federaciones’ y el carácter singular de algunas de ellas. Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, ve deseable que se contemple una mejor regulación del referéndum que posibilite consultas como la exigida por los catalanes.

La relectura del artículo 57, el referido a la Corona, tendría como objetivo eliminar la preferencia del varón en la sucesión del trono. El consenso es pleno en este aspecto, incluso por parte del PP. Y aunque no es su prioridad, IU sí tratará también de cuestionar la propia monarquía para instaurar la III República, iniciativa que no está en la agenda del resto de fuerzas políticas.

Los derechos fundamentales

Más fácil resultará el acuerdo en lo referido al artículo 1 de la Constitución que recoge los derechos fundamentales. El objetivo será incorporar algunos que no se recogen como tales en el texto, como el de la sanidad o el de la protección de las personas discapacitadas. También otros de nueva generación como el de la protección de datos.

Bilbao añade, asimismo, la necesidad de abolir la pena de muerte de la Carta Magna, incluso en casos de guerra, y plantea que se elimine cualquier vinculación con la Iglesia católica. “A través de la reforma se tiene que conseguir que la Constitución pueda ser asumida como propia por la mayoría de los españoles y, sobre todo, por quienes no pudieron votar la actual. Tendrá un efecto saludable sobre la democracia”, vaticina Bilbao.

Encima de la mesa de las negociaciones se situarán, además, la redefinición de las relaciones entre los órganos del Estado y el método de elección de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. El principal propósito es que se garantice su independencia del poder político y se ponga punto final al sistema de cuotas del que se benefician las grandes fuerzas políticas.