Los fantasmas de la dictadura

Por Iñigo Aduriz

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a España posfranquista ha alcanzado ya la mediana edad. Han sido 40 años de avances en derechos sociales y políticos, para algunos aún insuficientes, que no han evitado en cambio que la sombra de la dictadura se siga proyectando sobre distintos aspectos de la vida de los españoles. Los vestigios del régimen no sólo son las calles con nombres franquistas o las cientos de fosas comunes en las que yacen los represaliados. Los fantasmas de la dictadura siguen presentes en el día a día de la ciudadanía, en sus hábitos sociales y políticos, y distinguen a la sociedad española de las del resto de los países del entorno europeo. Analistas, historiadores y expertos en memoria histórica coinciden en señalar que hoy conviven reminiscencias de aquellos años, que van desde lo más anecdótico –fiestas populares o canciones– hasta los mismos cimientos de la sociedad, como la forma de percibir el Estado y el valor de lo público. De la cultura política al calendario festivo, o de la simbología nacional a prácticas sociales.

El propio huso horario –GMT +1– supone “una herencia del franquismo”, tal y como explica el historiador riojano Carlos Gil Andrés. Fue una orden aprobada el 7 de marzo de 1940 la que decidió que los relojes se adelantaran una hora para que el país se equiparara a la hora centroeuropea. El objetivo de Franco no era otro que alinearse con la Alemania de Adolf Hitler y hacer un “guiño” al Führer, explica Gil Andrés. Por su situación geográfica, el huso horario español debería ser el mismo del meridiano Greenwich y, por tanto, los relojes tendrían que atrasarse una hora a la actual. En la mencionada orden de 1940 se establecía que “oportunamente” se señalaría la fecha en la que había que “reestablecerse a la hora normal”, algo que aún no se ha producido.

“Hipotecarse toda la vida” para tener una vivienda en propiedad es una práctica común y mayoritaria en contraste a lo que sucede en el resto de Europa, donde el alquiler predomina a la compra incluso entre las clases medias. Los historiadores consultados explican que fue el falangista José Luis Arrese, ministro de Vivienda del franquismo entre 1957 y 1960, el que “inoculó que España fuera un país de propietarios”. Él impulsó planes de urgencia social en las principales ciudades del Estado. Gil Andrés explica que el Gobierno subvencionaba la compra de viviendas baratas para la población más pobre o que había emigrado desde distintos lugares del país a zonas más prósperas, sin importar las condiciones arquitectónicas de esos pisos o apartamentos, sus equipamientos o incluso sus accesos a la ciudad. La puesta en marcha supuso un boom del negocio inmobiliario que ha llegado hasta nuestros días y que explica también, en parte, que el modelo productivo español esté estrechamente ligado a la construcción.

El enorme encarecimiento del nivel de vida de la posguerra y el deterioro de las condiciones laborales de los españoles hizo que Franco, temeroso de una revuelta social o de un nuevo conflicto con los sectores republicanos derrotados pero aún presentes, impusiera el 15 de julio de 1947 una especie de “premio de consolación” para los trabajadores. Fue la conocida como “paga del 18 de julio”. El régimen la vendió como una prebenda que se otorgaba a los ciudadanos en conmemoración al día de 1936 en el que el franquismo perpetró su golpe militar contra la democracia de la II República. El propio término “paga”, y no sueldo o salario, ha sobrevivido hasta la actualidad. La cuantía que muchos ciudadanos siguen viendo ingresada en su cuenta cada año es, por tanto, una herencia de ese gesto improvisado que quiso hacer el dictador ante el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.

“No se meta en política”

Otra es la cultura ciudadana. “Hoy en día muchos españoles siguen considerando que la política es algo peligroso e incierto. Existe cierto temor a militar en los distintos partidos o a salir a la calle a manifestarse. Incluso sigue habiendo personas que invitan a no declarar la opinión política e imponer la autocensura y la autorrepresión”, argumenta, por su parte, Carlos Gil Andrés. “Haga usted como yo. No se meta en política”, añade Carme Molinero, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona reproduciendo la frase que se le atribuye al dictador, y que según ella refleja a la perfección una idea que sigue presente en la sociedad española.

Francisco Franco rubricó numerosas leyes que aún están vigentes en el ordenamiento jurídico español. Una de las más importantes es la de Secretos Oficiales, que se mantiene en pie desde 1968. El texto regula la potestad de las administraciones públicas a la hora de decidir qué asuntos deben trascender o no al ámbito público. Establece, en uno de sus artículos principales, que “podrán ser declaradas ‘materias clasificadas’ los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”. En la exposición de motivos se reconoce “el importante juego del control político” que esta ley aún vigente da “a las Cortes Españolas y al Consejo Nacional del Movimiento”.

Las leyes que aún siguen vigentes

En 2010 otra norma franquista sirvió de pretexto a los controladores aéreos para alegar que no estaban en condiciones “psicofísicas” para cumplir con su trabajo. Pusieron en marcha una huelga que paralizó el tráfico áereo y que forzó al Gobierno del momento a decretar el estado de alarma. Es la Ley de Navegación Aérea de 1960, que sí fue modificada, en parte, en octubre de 2014. El texto sigue estableciendo, por ejemplo, que “el territorio nacional se divide en demarcaciones aéreas, fijadas por el Ministerio del Aire”, a pesar de que ese departamento desapareció con la creación del Ministerio de Defensa que, ya en democracia, unificó la gestión de los tres ejércitos. Ante la crisis de 2010 el Ejecutivo, entonces en manos del PSOE, también recurrió a esta ley para poner en marcha sus medidas, ya que dice que “corresponde al Ministerio del Aire [en este caso el de Defensa] la ejecución de la movilización total o parcial acordada por el Gobierno conforme a la legislación vigente, de empresas españolas de transporte aéreo, así como la consiguiente militarización del personal y consideración del mismo a las categorías militares pertinentes”.

El abogado Gonzalo Boye percibe reminiscencias del franquismo en la propia administración de la Justicia, “que aún no ha completado su tránsito hacia la democracia”. El ejemplo que menciona es la existencia de la Audiencia Nacional, “herencia del Tribunal de Orden Público” de la dictadura. “La audicencia surgió para acomodar a los jueces que trabajaban en el antiguo tribunal y está incluso en el mismo emplazamiento que su predecesor”, remacha. También considera que el sistema de acceso a la judicatura, “basado en la memorística y no en el razonamiento y la reflexión”, es propio de la época dictatorial.

Gil Andrés hace alusión a la religión. “En estos 40 años no se ha conseguido una separación real entre la Iglesia y el Estado”, explica. La “herencia” del “nacionalcatolicismo” se percibe, según él, en el día a día de la política. “En los actos de jura del cargo sigue estando presente el crucifijo”, apunta. También en los estamentos policiales o militares es habitual que sus miembros acudan a actos religiosos de la confesión católica vestidos con el uniforme reglamentario.