Por María Jesús Hernández
11/12/2015
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Unos hablan de acuerdo social, otros de gran pacto de Estado… Hasta hace un par de días la violencia de género era una de las pocas cuestiones en las que todos los partidos ondeaban la bandera blanca. Y no es para menos, cerca de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde 2003 -año en el que comienzan a realizarse estadísticas-, y se necesitan medios y respuestas para acabar con esta lacra. Todo era cordialidad y buenas palabras hasta que una medida de Ciudadanos levantó ampollas: el partido de Albert Rivera propone en su programa eliminar la pena agravada para los hombres que cometen delitos de violencia de género -«la asimetría penal por cuestión de sexo«-. Es decir, evitar que el hecho de que la víctima sea una mujer suponga un agravante a la hora de castigar a los agresores -actualmente, según la ley Integral de Violencia de género, la pena por lesiones es de tres meses, salvo en el caso de los hombres que agreden a sus parejas o exparejas, que asciende a seis-.
El resto de partidos han criticado la medida, que no ha pasado inadvertida en medios de comunicación y redes sociales. Tampoco ayudó mucho la intervención de su número tres por Madrid, Marta Rivera, quien defendió en el debate a nueve que: “Es tan grave que un niño vea que su padre mata a su madre, como que vea que su madre mata a su padre” -igualando la violencia machista a la doméstica-. El líder de C’s ha tratado de calmar las aguas y defenderse manifestando que: «No estamos bajando el listón, lo estamos subiendo, queremos ir más allá. Se equipara el agravante por arriba no por abajo».
Más allá de esta polémica, tropezamos con el vídeo sobre violencia de género del Partido Popular denunciado por al menos 30 asociaciones feministas por un uso electoralista. En este vídeo el PP muestra unas cifras en las que parece haber logrado reducir el número de víctimas mortales, pero los datos no son correctos. El PP habla de 51 asesinadas en 2014, mientras que el dato ‘provisional’ del propio gobierno las sitúa en 54. También asegura que han mejorado «la asistencia a las víctimas con la creación de una red de centros de acogida coordinada en todas las Comunidades Autónomas», cuando el presupuesto en prevención se ha recortado un 26% desde 2010.
Con respecto a las medidas, la mayoría de partidos habla de un gran pacto y de aumentar las campañas de sensibilización, haciendo hincapié en los adolescentes. A destacar que el Partido Socialista es el único que asegura que publicará la lista de maltratadores con sentencia firme y que garantizará la obligatoria suspensión del régimen de visitas de menores por parte de los progenitores que estén cumpliendo condena por violencia de género.
El Partido Popular asegura en su programa que alcanzarán «un gran acuerdo social para la erradicación de la violencia contra las mujeres» en el que participen el Gobierno, las Comunidades Autónomas y también las entidades locales, así como los agentes políticos, económicos y sociales. No obstante, las mayoría de sus medidas están enfocadas a la sensibilización y prevención. «Mediante campañas innovadoras que utilicen nuevas técnicas virales y nuevas tecnologías» y con actuaciones enfocadas «a la formación de menores y jóvenes en edad escolar», reforzando también la lucha en la adolescencia en la línea marcada por la campaña ‘Hay salida’.
También incluye el partido de Mariano Rajoy la perfección de los mecanismos de derivación de las víctimas desde los servicios sanitarios a las redes de recursos de asistencia integral. Proponen mejorar también la teleasistencia y la coordinación policial y judicial en la protección de mujeres maltratadas. «Impulsaremos pautas comunes para la intervención individualizada, integral y multidisciplinar en mujeres que sufren violencia de género, así como la figura del profesional de referencia y perfeccionaremos los protocolos de coordinación interinstitucionales, contemplando la situación específica de los menores», plasman en su programa.
Habla de un gran pacto de Estado que implique a todas las Administraciones Públicas para «dar respuestas efectivas y de carácter integral que garanticen a las mujeres e hijos/as víctimas de violencia el derecho a una vida sin violencia». El Partido Socialista dice que repondrá y dotará «suficientemente las partidas presupuestarias», que se han venido recortando en los últimos años y hace hincapié en los recursos destinados a la prevención, a la recuperación integral de las víctimas y a su asistencia social, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los Ayuntamientos.
El partido que lidera Pedro Sánchez publicará la lista de maltratadores con sentencia firme. «Es una medida disuasiva, proactiva y ajustada a Derecho que ayudará a prevenir el maltrato» y establecerá protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
El PSOE es el único partido que habla en su programa de reformar la legislación en materia de familia y menores «para garantizar la obligatoria suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores tutores legales que estén cumpliendo condena por violencia de género con el objetivo de que éstos no se conviertan en instrumentos de maltrato en manos de sus padres. En ningún caso se le otorgarán derechos de visita ni custodia a maltratadores condenados». También incluyen en su programa el rechazo a la custodia compartida impuesta, «en supuestos de violencia de género para garantizar el derecho superior del menor y para que éste no quede en ningún caso desprotegido».
La propuesta de la polémica ha sido la siguiente: «Con respecto a la actual ley contra la violencia de género, en Ciudadanos pensamos que debe ser modificada para acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo y la ineficacia de la ley«. Es decir, eliminar la pena agravada para los hombres que cometen delitos de violencia de género que se introdujo en la ley de 2004. En su programa también dicen que revisarán los indicadores de evaluación «para medir mejor la dimensión real del problema» y que aumentarán los programas de atención y tratamiento a familias víctimas de la violencia y malos tratos a menores.
El partido que lidera Albert Rivera busca también mejorar la atención a las víctimas de violencia de género y de violencia intrafamiliar, «agilizando los trámites administrativos, y de respuestas de las víctimas en la definición de un proyecto de vida, para que recuperen la confianza en sí mismas y no vuelvan a caer en situaciones de vulnerabilidad o dependencia».
Ponen sobre la mesa el establecimiento de una formación adecuada de los servicios de policía y justicia, «en la que se tengan en cuenta las características específicas de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar», y explican que adoptarán medidas de apoyo a la persona que haya sufrido abusos y malos tratos con «la ampliación de la oferta de plazas en centros de acogida» donde se le ofrezcan servicios adecuados de asistencia sanitaria, asistencia jurídica y terapia psicológica, a la que vez que de reinserción socio-laboral de estas víctimas con más medios en juzgados y tribunales. También prometen aumentar el número de policías destinados a los asuntos de malos tratos y la elaboración de un Plan de Lucha contra la violencia de género y contra la violencia intrafamiliar, así como el aumento de las campañas divulgativas y de sensibilización.
Propone modificar la Ley de Violencia de Género «para que se conciba a las mujeres como sujetos activos y no como víctimas»; e incluir todas las formas de violencia machista, como indica el Convenio de Estambul: matrimonio forzoso, crímenes «de honor», trata de mujeres y niñas, mutilación genital femenina, etcétera.
Asimismo, también incorporan en su programa la «elaboración de planes de intervención psicosocial destinados a los hombres condenados por violencia machista», y reforzar las medidas orientadas a la prevención de esta violencia «a través de campañas de prevención de conductas violentas en la población adolescente y de sensibilización e implicación de la sociedad, particularmente de los hombres». Igualmente, indican que establecerán unos servicios de protección y apoyo especializados para menores expuestos a violencias machistas, «a fin de garantizar su seguridad». Otra de sus medidas es garantizar la alternativa habitacional inmediata para las víctimas y el acceso prioritario para percibir prestaciones sin necesidad de denuncia previa.
Considera necesario ampliar el estrecho desarrollo que hay en la Ley Integral incorporando otras muchas formas de violencia contra las mujeres como la violencia económica, violencia sexual, prostitución… y propone una dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas destinados a la prevención, sensibilización y actuación contra la Violencia de Género. «Estos fondos tendrán que ser destinados para actuaciones directas y estructurales».
Propone una nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, Doméstica o Sexista que sustituya a la vigente para proteger a todos los miembros del entorno familiar y hacer frente a la violencia de género.
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