Por Valeria Saccone | Ilustraciones: Luis Moreno
07/05/2016
Se afianza la idea de un fin de ciclo para los gobiernos de izquierdas en América Latina. La derecha se está consolidando en esta región, tras la elección de Mauricio Macri en Argentina, la derrota de Nicolás Maduro en las elecciones parlamentarias de Venezuela y el varapalo de Evo Morales en Bolivia, que no ha conseguido cambiar la Constitución para obtener un cuarto mandato.
Hay un aspecto que une a los regímenes izquierdistas latinoamericanos: sus líderes, con la única excepción de José Mujica en Uruguay, se resisten a dejar el poder y no han sido capaces de preparar su sucesión. En algunos casos, han optado por colocar a delfines de bajo perfil en su lugar, con la esperanza de retomar el poder en un futuro próximo, como ha pasado con Lula da Silva y Rousseff en Brasil, y con Cristina Kirchner en Argentina. En otros, el sucesor no ha estado a la altura de sus carismáticos predecesores: Nicolás Maduro en Venezuela y Tabaré Vázquez en Uruguay son el paradigma de esta erosión de liderazgo.
Mientras los gobiernos de izquierdas del continente están siendo borrados del mapa o se diluyen en reformas de corte liberal, la derecha intenta reconquistar el tablero político en el hemisferio sur. ¿Qué quedará de la década dorada de la izquierda latinoamericana? ¿Han desperdiciado estos ejecutivos años de bonanza ligados al auge de las materias primas? ¿Son esas políticas tildadas de populistas la causa de esa oportunidad perdida? ¿Hay un patrón único?
Brasil
LULA da SILVA
Lula da Silva, conocido como el presidente de los pobres, realizó el mayor reparto de riquezas en Brasil aunque no consiguió erradicar por completo la desigualdad social. En sus dos mandatos, 24 millones de personas salieron de la pobreza extrema gracias a programas asistencialistas como Minha Casa, Minha Vida y Bolsa Familia, una ayuda alimentaria que ha beneficiado a 12,7 millones de hogares.
En la era Lula el salario mínimo conoció la mayor evolución de la historia, pasando de los 200 reales (50 euros) de 2002 a los 510 (127,5 euros) de 2012, un crecimiento del 53,6% en términos reales. Eso fue posible en una época en la que el país tropical crecía a un ritmo del 7,5% anual, cuando los precios de las materias primas y del petróleo estaban muy altos y las exportaciones proporcionaban grandes beneficios. Brasil alcanzó el 75º lugar en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH), subiendo cinco puestos desde 2012. El resultado es que, en poco más de una década, una parte relevante de la población ha tenido acceso por primera vez a bienes como neveras y televisores, y Brasil ha salido del mapa del hambre trazado por la FAO.
Hoy la situación es completamente distinta. El cambio de ciclo económico, con el petróleo y las materias primas a la baja, ha debilitado la octava economía del mundo. La inflación se sitúa en el 7,26% y la previsión es que el PIB se contraiga un 3% a lo largo de 2016. Hay 9,1 millones de parados y para finales de este año la tasa de desempleo podría superar el 13%, según varios economistas brasileños. Es el peor dato de la era del Partido de los Trabajadores (PT) en el que militan tanto Lula como su sucesora, Dilma Roussef.
Por otra parte, el inmenso legado internacional del presidente es indiscutible. Su popularidad, que dentro de Brasil alcanzó niveles del 87%, ha sido formidable en la arena internacional. Para el historiador Eric Hobsbawm, Lula “ayudó a cambiar el equilibrio del mundo” llevando a los países en desarrollo al centro del debate. “Lula hizo un trabajo maravilloso no sólo para Brasil, sino también para Suramérica”, dijo Hobsbawm en 2011, poco antes de fallecer.
Es indudable que Lula, a diferencia de su sucesora, ha sido capaz convertirse en el representante de los gobiernos de izquierda de todo el continente latinoamericano y ser el interlocutor privilegiado de los países más ricos del mundo. Fue un mago que logró convencer incluso al semanario liberal The Economist del supuesto milagro económico brasileño. También supo atraer el capital internacional: hoy España es el tercer mayor inversor extranjero en Brasil y está a punto de convertirse en el segundo. Finalmente, Lula otorgó una enorme visibilidad a su país al conseguir que sea la sede de los dos principales eventos deportivos del mundo: el Mundial de Fútbol de 2014 y los primeros Juegos Olímpicos de América Latina, que se celebrarán en agosto de este año en una situación de caos político.
Por esta razón, su detención relámpago el pasado mes de marzo y su supuesta implicación en el escándalo de Petrobras, el segundo mayor caso de corrupción del mundo, según la ONG Transparencia Internacional, han dejado en estado de shock a los 58 millones de brasileños que le votaron.
De momento no hay una sentencia que demuestre la implicación de Lula en el caso Petrobras. Sin embargo, los 3,6 millones de indignados que el 13 de marzo protagonizaron las mayores manifestaciones de la joven democracia brasileña le consideran culpable. Eso puede perjudicar su sueño de ser de nuevo candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2018. Por lo pronto, la justicia brasileña ha impedido que se convierta en ministro y adquiera de esta forma la inmunidad parlamentaria.
Mientras, la posibilidad cada vez más cercana del impeachment, que podría ser aprobado por la Cámara a finales de abril, amenaza el Ejecutivo de Rousseff. Recientemente la presidenta ha denunciado en una entrevista con seis periódicos internacionales que se está preparando un golpe político contra ella. La cruda realidad es que ni la calle ni sus representantes la quieren: en 2014 ganó con un escueto 51,6%. Hoy el 69% de los ciudadanos considera su gestión pésima, según Datafolha. Sólo el 10% de los brasileños aprueba a Dilma, lo que coloca a la izquierda brasileña en la UVI. El vicepresidente Michel Temer, del PMDB, y todos los ministros de este partido han dejado su Gobierno. Cada vez más sola, la presidenta está en un callejón sin salida.
Venezuela
HUGO CHÁVEZ
En diciembre, 32 meses después de comenzar su mandato, el sucesor de Hugo Chávez sufrió su primera derrota en unas elecciones: perdió como nunca antes había sucedido en la República Bolivariana. Por primera vez en 16 años, la oposición logró hacerse con el control de la Asamblea Nacional. Desde entonces, el chavismo ya no controla todos los poderes del Estado.
El país que preside Nicolás Maduro es muy diferente del que representó un ejemplo a seguir para muchos líderes de izquierda, sobre todo en Cuba, su principal aliado. La era Maduro está marcada por la altísima inflación, que en 2015 alcanzó el 275% y podría llegar al 720% en 2016, según el FMI. El Gobierno, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, acaba de declarar la emergencia económica en enero, mientras el PIB se desplomó un 10% en 2015, según la misma fuente.
Hoy el legado de Chávez es muy controvertido. Para sus afines, ha sido el gran defensor de los derechos del pueblo oprimido, un luchador que ha dedicado su vida a combatir el lado más despiadado del capitalismo. Para sus detractores, fue un caudillo autoritario, responsable del caos económico que rige actualmente en el país caribeño, donde la escasez de alimentos y medicamentos y las altísimas cotas de criminalidad hacen imposible el día a día. Venezuela es un país muy polarizado y dividido en el que no caben posturas centristas. La nueva Asamblea Nacional tomó posesión el pasado mes de enero entre fuertes tensiones, lo que presagia una profundización de la crispación.
La pobreza, que entre 1998 y 2013 bajó del 45% al 27,3%, ha aumentado sensiblemente durante la gestión de Maduro. Hoy el 73% de los hogares vive una situación de escasez, según un estudio conjunto de varias universidades venezolanas. En 2015, el 55% de la población estaba en una situación de pobreza, es decir, 18 millones de personas. Venezuela ocupa el puesto 71 en el ranking del IDH, el peor dato desde 2008, cuando se situaba en el 61º lugar.
Ante la fuerte caída del precio del petróleo, cuya venta supone el 94% de los ingresos estatales, el Gobierno se ha visto obligado a principios de marzo a reformar su sistema de cambio, eliminando los cuatro tipos en vigor. A partir de ahora, un dólar valdrá 10 bolívares. Este ‘cambio protegido’ se aplicará para comprar en el extranjero alimentos, medicamentos y materias primas para la producción, y para pagar las pensiones. El resto de las transacciones se harán con un ‘cambio complementario’, que se moverá según “la dinámica económica del país”, en palabras del Ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad. Además, por primera vez en 20 años ha aumentado el precio de la gasolina un 6.000%. Para los analistas internacionales, se trata de medidas ineficaces, que quedarán en agua de borrajas por la alta inflación.
Venezuela también ostenta el triste dato de ser el país más corrupto de América Latina, según la ONG Transparencia Internacional. Además, es el segundo país con la mayor tasa de homicidios del mundo, solo por detrás de Honduras, según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). El año pasado se produjeron 27.875 muertes violentas. Es una media de 76 asesinatos por día, lo que supone una subida del 600% desde que Chávez llegó al poder, en 1999. La detención en Haití del ahijado y el sobrino de Maduro por supuesto tráfico de drogas ha llevado a algunos periódicos internacionales a tildar Venezuela de “narcoestado”.
Junto a la violencia y la escasez, la persecución de los medios de comunicación críticos con el Gobierno y la tortura de los presos políticos, denunciada por la ONU, constituyen el legado sombrío del régimen bolivariano, que en más de una ocasión ha reprimido violentamente las protestas callejeras.
Bolivia
EVO MORALES
En febrero, el presidente Evo Morales sufrió una derrota histórica en el referéndum con el que pretendía reformar la Constitución para aspirar a su cuarto mandato, en 2019. Ese mismo mes, un escándalo manchaba la imagen del primer indígena que llegó a la presidencia de Bolivia. La joven empresaria Gabriela Zapata Montaño, con quien Morales tuvo una relación y un hijo, que posteriormente falleció, ha sido arrestada bajo la acusación de tráfico de influencias. Esta despampanante rubia de 28 años, que actuaba como lobista de varias empresas chinas afincadas en Bolivia, ha sido acusada de enviar cartas con propuestas de negocios en nombre del Gobierno, sin tener autorización para ello.
En sus 10 años en el poder, Morales ha se ha destacado por su política de nacionalización del gas y su defensa de los derechos de los indígenas. Hoy las mujeres que usan la vestimenta tradicional o cholas pueden entrar libremente en hoteles y restaurantes. También ha priorizado la lucha contra la pobreza. Un informe de la FAO establece que el hambre bajó del 34% (1990) al 15,1% (2015).
Sin embargo, su economía ha empezado a decrecer tras el desplome del precio de las materias primas. Hoy Bolivia se sitúa en el puesto 119 del ranking del IDH, su peor dato desde 1980. En 2005, antes de que Morales llegase al Gobierno, el país ocupaba el 108º lugar. Para sus opositores, Morales no supo aprovechar la coyuntura económica positiva. “Podía haber integrado a la sociedad, pero la ha dividido y confrontado; podía haber sentado las bases de un desarrollo productivo, pero prefirió el populismo y apostó por un crecimiento basado en la extracción de gas y la construcción de grandes obras de infraestructura, en lugar de expandir y diversificar la producción; podía haber consolidado un Estado democrático, pero siguió el modelo chavista y ahora tenemos una fachada de democracia, vacía de Estado de derecho”, señala Óscar Ortiz, senador del Movimiento Demócrata.
Argentina
CRISTINA KIRCHNER
El pasado mes de noviembre el liberal Mauricio Macri ganó las elecciones en Argentina con una ajustada victoria del 51,4%, poniendo fin a 12 años de kirchnerismo. Macri hereda un país quebrado económicamente y con una reputación dudosa en los círculos financieros internacionales. Argentina es el país más complejo del mundo para que las multinacionales hagan negocios, según el índice anual de TMF Group, que clasifica a 95 países por sus sistemas regulatorios y su cumplimiento normativo.
Cristina Kirchner deja un complejo legado: un Banco Central sin liquidez; una inflación del 24%; un elevado déficit fiscal, estimado en el 5,7% del PIB; un peso que se devaluó un 66,2% respecto al dólar durante los ocho años de su Gobierno, en los que la moneda estadounidense subió un 200% en el cambio oficial y un 400% en el marcado libre; y un sector energético esquizofrénico, con cuantiosas subvenciones a los consumidores, que dejaron la electricidad en un precio simbólico. “El coste real de la electricidad es casi 1.000% veces mayor al que los consumidores pagan en la actualidad”, señalaba hace unos meses un experto a la BBC.
A pesar de estos datos, en los 12 años de peronismo la inclusión social ha crecido sensiblemente. Tras el colapso económico de 2001, el 54% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. En 2013, este porcentaje se redujo hasta el 5,4% según datos oficiales, aunque esta cifra superaría el 25% si se considera la inflación.
En la etapa de Néstor Kirchner (2003-2007), Argentina logró reducir su deuda, gracias a los elevados precios de las materias primas, y reducir la carga financiera de los anteriores Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rua, (1999-2001), bajo cuyo mandato se realizó el corralito que acabó con los ahorros de los argentinos. Al mismo tiempo, el desempleo se redujo del 17% al 7,9%, con la creación de un millón de puestos de trabajo desde 2003. Hoy Argentina se posiciona en el puesto 40 del ranking IDH, un importante incremento desde 1990, cuando el país ocupaba el 51º lugar.
A partir de 2007, Cristina Kirchner siguió por el camino marcado por su fallecido esposo, aunque en sus dos mandatos no han faltado los conflictos, tanto con los productores agrícolas en 2008, como con los sectores sociales anti-peronistas, que en 2012 tomaron las calles con manifestaciones antigubernamentales; sin olvidar los grandes medios de comunicación. El Grupo Clarín, que con Néstor Kirchner consiguió ampliar sus licencias de televisión y radio, acabó convertido en el principal enemigo del Gobierno a partir de 2008. La presidenta aprobó una serie de leyes que redujeron sensiblemente el poder de este grupo mediático, llegando a declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel de diario. Al final de su mandato, el Ejecutivo controlaba el 80% de los medios de comunicación, según denunciaron sus detractores.
A pesar de su batalla contra los crímenes de la dictadura, que permitió condenar a más de 500 exmilitares implicados, su compromiso con los derechos humanos quedó en entredicho tras la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015. El supuesto homicidio fue perpetrado días después de denunciar a Cristina Fernández por encubrir a los terroristas que causaron la muerte de 85 personas en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en 1994.
Macri ha anunciado profundas reformas, como el acuerdo con los ‘fondos buitre’ o el impopular “tarifazo eléctrico”, que aumentará el precio de la luz hasta un 300%. El tiempo dirá si ese giro neoliberal, que aspira a sanear la economía argentina, conseguirá mantener la paz social y generar apoyo entre las clases más bajas, tradicionalmente beneficiadas por las políticas populistas del kirchnerismo.
Uruguay
JOSÉ MUJICA
El 40º presidente de Uruguay, José Mujica, representa una excepción en el continente latinoamericano. Tras un periodo de cinco años, ha dejado el poder, tal y como prometió al inicio de su mandato, y se ha convertido en un líder idolatrado en su país y en la escena internacional.
Su presidencia ha estado marcada por su coherencia y austeridad: siguió viviendo en su residencia habitual, una casa de campo modesta, de forma sencilla y sin mucho protocolo. Los avances en el campo social han sido su principal marca de identidad. Durante su mandato despenalizó el aborto, legalizó el matrimonio homosexual, y el cultivo y la venta de la marihuana, con el fin de luchar contra el narcotráfico.
En lo económico, Uruguay ha experimentado un crecimiento estable del PIB gracias a una gestión pública eficaz. Presenta el cuarto mejor nivel de IDH en América Latina, sólo por detrás de Chile, Cuba y Argentina, situándose en el 52º lugar del ranking mundial, que analiza 187 países. “Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria y por su alto ingreso per cápita, bajo nivel de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de indigencia. En términos relativos, su clase media es la más grande de América Latina”, señala un informe del Banco Mundial. Su renta per cápita media es de 12.702 euros anuales. Sus resultados macroeconómicos son tan llamativos, que en 2013 la revista The Economist resolvió incluir por primera vez en sus listas de “lo mejor del año” a un país: Uruguay.
En cuanto a la criminalidad, Uruguay sigue siendo una excepción en la región, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Sus tasas son muy bajas respecto a los países vecinos. Aún así, en los últimos años ha habido un repunte de la violencia por las guerras entre bandas de narcotraficantes locales, que pelean por el control de los mercados ilegales. Finalmente, es el país menos corrupto de la región latinoamericana, según Transparencia Internacional.
Su sucesor, Tabaré Vázquez, prometió respetar el legado de Mujica cuando asumió el cargo, en marzo de 2015. Sin embargo, tras un año de gobierno, su desgaste es enorme y la aprobación de su gestión ha caído desde el 78% hasta el 28%.
Ecuador
RAFAEL CORREA
Desde que Rafael Correa llegó a la presidencia, en 2007, cerca de 1,3 millones de ecuatorianos han salido de la pobreza, según datos oficiales. Las personas que viven en condición de pobreza extrema representan el 5,7% de la población, lo que supone una reducción del 55,4%. De hecho, la ONU ha reconocido a Ecuador como modelo de desarrollo sostenible para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad.
Su tasa de desempleo se sitúa en el 4,77%, una de las más bajas de la región, y el Gobierno estudia la posibilidad de reducir la jornada de trabajo de 40 a 30 horas semanales. Entre 2006 y 2014, Ecuador ha experimentado un crecimiento del 4,6%, gracias a los “altos precios del petróleo y, más recientemente, a una mayor financiación externa, lo que permitió un importante impulso fiscal”, según el Banco Mundial.
Hoy Ecuador ocupa el 88º lugar en el ranking del IDH, lo que supone una espectacular mejora desde 2010, cuando se situaba en el puesto 99. A pesar de estos datos positivos, el país presenta altos índices de corrupción. Según Transparencia Internacional, está en el puesto 107 de un total de 167, junto con Argentina.
Desde 2015, este crecimiento se ha visto mermado por la caída del precio del petróleo, que es su principal producto de exportación, como acontece en Venezuela y Brasil. Con el precio del barril entre 30 y 40 dólares, Ecuador está conociendo una crisis económica severa, que le está pasando factura a Correa. En marzo, varias organizaciones indígenas, sindicales y movimientos de la oposición han salido a la calle para protestar contra de las políticas económicas del Gobierno. La duda es si el modelo ecuatoriano puede consolidarse mientras el mercado petrolífero siga en horas bajas.
La aprobación en enero de la Ley de Tierras, que pretende regular el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural y garantizar la propiedad de las comunidades campesinas e indígenas, tampoco ha agradado a los indígenas. Se quejan de que la nueva ley favorecerá a la gran industria alimentaria del país en detrimento de los sectores campesinos empobrecidos.
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