El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el organismo público encargado de regular el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas en España. Propone la reglamentación y la normativa a aplicar, vigila el medio ambiente, y puede también ejercer acciones coercitivas contra los explotadores de las instalaciones nucleares si consideran que no han cumplido con lo que marca la Ley de Energía Nuclear.
Es por lo tanto un órgano regulador, que tiene que velar por la seguridad y que debe realizar su trabajo con independencia de los criterios del Gobierno de turno y por supuesto marcando la necesaria distancia con las empresas que pueden resultar beneficiadas o perjudicadas por sus decisiones.
Una serie de noticias acaecidas a lo largo del verano han sembrado un mar de dudas sobre la gestión de la institución, con denuncias a través de los medios de comunicación de Ecologistas en Acción y también de parte de los propios trabajadores que han decidido crear una asociación profesional como contrapeso a la politización del centro y para defender su labor profesional frente a las supuestas malas prácticas de la actual dirección.
El último incidente, dado a conocer por los propios trabajadores, ha sido la destitución de un profesional, Rodolfo Isaías González, Jefe del Área de Experiencia Operativa y Normativa, por su negativa a firmar un documento en el que se establecían los nuevos criterios sobre los incidentes que deben notificar las centrales y su grado de catalogación dentro de la escala INES, del Organismo Internacional de la Energía Atómica.
Para los trabajadores díscolos con la dirección, el cambio en la clasificación de incidentes supondría una medida en contra de la “cultura de la seguridad” además de reducir la transparencia que ha sido uno de los pilares de la institución desde su fundación.
Francisco Castejón es el responsable en temas nucleares de Ecologistas en Acción. Coincide con las apreciaciones de los técnicos del CSN al considerar el cambio de clasificación como un “decrecimiento de la seguridad” y nos explica además la importancia de los cambios que la dirección ha querido solventar como un tema interno.
“El cambio puede ser aparentemente quitar una letra por otra en un documento, pero eso significa que aquellos sucesos sin indicador pasarán a no clasificarse y el CSN no tendrá la obligación de informar de ellos a la opinión pública”, destaca Castejón, que pone ejemplos claros para sostener su denuncia. Sucesos notificados en la central de Trillo que permitieron descubrir un fallo en el diseño de la propia instalación o una información en la que se destacaba que Almaraz había incumplido el protocolo de vigilancia contra incendios de forma reiterada y se clasificaba como 1 en la escala INES. Según el colectivo ecologista tras el cambio de clasificación la ciudadanía sólo se enterará de lo sucedido si el CSN quiere y lo decide difundir, pero no estará obligado a ello.
Fernando Marti Scharfhausen preside el Consejo de Seguridad Nuclear a propuesta del Partido Popular. Anteriormente fue el Secretario de Estado de la Energía a las órdenes del actual ministro de Industria, José Manuel Soria. Un nombramiento con cierta polémica porque Scharfhausen tiene en su mano decidir cuestiones como regulador sobre las que él mismo participó como miembro del Gobierno, entre ellas el emplazamiento del ATC (Almacenamiento Temporal de Residuos) en Villar de Cañas.
Al menos en lo que respecta al problema interno con los trabajadores díscolos, dispuestos a hacer públicos los procedimientos internos, Scharfhausen ha logrado que el pleno le apoye y difunda una nota justificando el cese del profesional y negando que se quiera cambiar el procedimiento de clasificación de sucesos en la escala INES “por la puerta de atrás”. En esa misma nota se destaca que el CSN seguirá fiel a su compromiso como “garante de la seguridad nuclear y la protección radiológica de los ciudadanos en España” además de no comprometer “ni la seguridad de las centrales nucleares ni la comunicación de la misma”.
El pleno actual del CSN cuenta con dos representantes a propuesta del PP, dos con el aval del PSOE y un quinto con el apoyo de CIU. Destaca la presencia de la que fuera ministra de Medio Ambiente, la socialista, Cristina Narbona.
Ecologistas en Acción espera que Scharfhausen tenga que declarar finalmente en la Comisión de Industria del Congreso para dar cuenta de los cambios en la clasificación de incidentes en las centrales nucleares, pero también de otras decisiones a su juicio polémicas del CSN que tienen que ver con la Central Nuclear de Garoña y con los permisos para hacer posible el ATC en Villar de Cañas.
De momento la única voz que se ha levantado en el Congreso contra la forma de actuar del CSN ha sido la de Amaiur. Su portavoz, Xabier Mikel Errekondo ha tachado de “irresponsable” la propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear de limitar la divulgación de fallos en las centrales nucleares y acusa al organismo y al Gobierno de “querer ocultar la información a la población para no tener que dar explicaciones” además de calificar de “servicial” la actitud del CSN con las empresas propietarias de las centrales.
Garoña y el ATC
Además de los cambios de clasificación de los incidentes en las centrales nucleares, otros dos son los temas que sitúan al CSN en el ojo del huracán. La posible reapertura de Garoña y la construcción del ATC en Villar de Cañas.
La última decisión, también con polémica, del CSN respecto al ATC ha sido la decisión del pleno de informar favorablemente y remitir al Ministerio de Industria un informe preceptivo y vinculante “con límites y condiciones” para la autorización previa del ATC en Villar de Cañas. De los cinco miembros del consejo uno de ellos votó en contra. El área de geología del Consejo de Seguridad Nuclear ya ha manifestado a la dirección sus dudas sobre el emplazamiento elegido para el Almacén Temporal de Residuos destacando “sus características desfavorables”. Y el culebrón del ATC lejos de terminar aquí tiene, además que lidiar con la posición en contra del nuevo gobierno de Castilla La Mancha, dos nuevos capítulos cuando el organismo regulador tenga que pronunciarse sobre la construcción del ATC y la posterior licencia de explotación.
Y la tercera patata caliente del CSN tiene a la central nuclear burgalesa de Garoña como protagonista. Cesó su actividad en diciembre de 2012, pero sus propietarios no han ocultado nunca su intención de volver a conectarla a la red si cuadran los números. Propiedad de Nuclenor (50% Iberdrola y 50% Endesa) es la central más antigua del parque español y podría ampliar su vida útil hasta 2031 pero no sin antes hacer frente a millonarias mejoras para ajustarse a las exigencia del Consejo de Seguridad Nuclear. El Partido Popular apoya su reapertura y ha realizado todos los cambios normativos para que Nuclenor tenga en su mano la decisión de volver a producir electricidad en Garoña, pero la incertidumbre política frena sus deseos.
En diciembre del pasado año representantes de PSOE, IU, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias suscribían una declaración en contra de la reapertura de Garoña a la vez que se comprometían a cambiar las “circunstancias legislativas” para impedir que su puesta en funcionamiento tuviera cobertura legal. La foto de todos ellos en el Congreso delante de una pancarta con el lema “Garoña no se abre” ha sido el principal freno para que Nuclenor siga invirtiendo en la central burgalesa con vistas a poder volver a engancharla la la red eléctrica.
Con tanto frente abierto el CSN seguirá siendo el objeto de todas las miradas y sus decisiones serán escrutadas con lupa por la opinión pública. “Nos cuesta criticar al CSN pero queremos un organismo fuerte y sólido” destaca Francisco Castejón, portavoz en temas nucleares de Ecologistas en Acción. Por eso, lejos de optar por el camino aparentemente más fácil el de llamar a apretar las filas internas y evitar fugas de información sobre decisiones polémicas, la apuesta por la transparencia parece la única opción de futuro.
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