Josep Borrell -ex ministro socialista de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y expresidente del Parlamento Europeo, que recientemente ha publicado el libro Las cuentas y los cuentos de la independencia– y el economista Miquel Puig -experto que defiende la viabilidad económica de un Estado catalán- analizan para Cambio16 el panorama que se presenta en Cataluña tras las elecciones del 27S.
Catalunya ante su futuro
Por Josep Borrell
Las atípicas elecciones anticipadas al Parlament de Catalunya, que se plantean como un voto a favor o en contra de la independencia, tienen, precisamente por eso, una especial, trascendental casi, importancia. Ocurra lo que ocurra en esas elecciones, la sociedad catalana quedará dividida y alguien tendrá que recoser las heridas que ese “procés” habrá abieto dentro de Catalunya y en su relación con España. El pequeño libro, un pamphlet en el sentido anglosajon del término, ha sido un intento de contribuir a un debate informado sobre lo que está en juego y lo que puede ocurrir después.
De momento el “procés” ya ha conseguido dañar seriamente al sistema de partidos políticos de Catalunya, provocar una mayor fragmentación política, el inicio de una preocupante fractura social, tensiones para la convivencia y un riesgo para la economía. Divisiones y riesgos que pueden aumentar en el futuro.
La independencia es una opción política legítima, como el propio Tribunal Constitucional ha afirmado por unanimidad. De lo contrario no serían legales los partidos políticos que la propugnan, como los de Junqueras y Mas. Pero pretender declararla por la mayoría simple de diputados, cuando hace falta mayoría de 2/3 para reformar el Estatut o para decisiones de importancia infinitamente menor, como suprimir un organismo como TV3, es un despropósito. Y hacerlo de forma unilateral, rompiendo con la legalidad constitucional es un viaje a ninguna parte.
Catalunya no será independiente porque su parlamento lo proclame. Lo será si los demás estados, y en particular los que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU la reconocen. Y no sería así. Nos parece muy bien que su dignidad impida a alguien reconocer las cosas como son. Pero eso no cambia la realidad ni evita el desastre al que nos conducen.
Para Junqueras y los que como él piensan, la independencia es un bien superior cualesquiera que fueran sus costes. Pero no todos los catalanes lo ven ni lo viven así. Según las encuestas, la mayoría, aunque sea una mayoría mucho más silenciosa, preferiría una solución de tipo federal o mejoras del actual marco estatutario.
Por eso Mas y Junqueras ofrecen a los catalanes la ficción de una independencia sin costes, que liberaría a Catalunya de un expolio que no tiene parangón en el mundo, y solo aportaría ventajas, entre ellas 16.000 M€ contantes y sonantes y no implicaría la salida de la UE y del euro.
Pero tal cosa no existe. Nos la presentan envuelta en datos falsos para calcular los beneficios y en la ficción de una estimación cero de los costes
Las fábulas de Junqueras sobre cuán rica sería ahora Catalunya, si se hubiese independizado hace 25 años, no resisten el menor análisis aritmético. De ninguna manera Catalunya dispondría al día siguiente de la independencia de los míticos 16.000 M € con los que evitar recortes o disminuir su deuda. Esa cifra está calculada por un método muy particular que la sobrevalora de forma injustificada, basada en supuestos nada realistas y que confunde a la opinión publica sobre su significado.
La venta de esta fábula a la opinión publica ha sido un éxito de comunicación política para los independentistas, especialmente por incomparecencia del contrario. Pero es un engaño tan grande como la farsa de las balanzas fiscales alemanas que nunca existieron.
En realidad ningún gobierno central las calcula, y los ejemplos que se pueden citar no son sistemáticos, la mayoría alejados en el tiempo y para nada validan el método que la Generalitat usa, que es el que le permite engordar artificialmente el beneficio fiscal de la independencia.
La comparación internacional justifica decir que Catalunya sufre un expolio fiscal. ¿Se puede argumentar que Catalunya tiene un déficit fiscal superior al que se puede justificar por un razonable efecto redistributivo con el resto de España? Es posible, pero la diferencia es, en el peor de los caso, del orden del 1,5% del PIB; no del 8,5%, no del orden de 16.000 M€, sino de 3.000 M€.
También es falso que se incumpla el “principio de ordinalidad” según lo establece el Estatut. Aquí se puede argumentar que la norma estatutaria está mal redactada y que la referencia adecuada sería la financiación per cápita disponible, antes y después de las trasferencias del sistema autonómico. Y que en este caso, sí que se altera la ordinalidad. Pero hemos calculado que su incidencia cuantitativa en la financiación es del orden de 160 € por habitante/año. No parece que éste sea un problema tan grave que para resolverlo haya que recurrir a la independencia.
Y no es menos cierto que los datos muestran que la financiación per cápita que recibe Catalunya por aplicación del nuevo sistema ha mejorado notablemente y, desde el 2009, está casi exactamente en la media de todas las comunidades autónomas. Que es hacia donde deberían converger todas.
Tampoco es cierto que la comunidad internacional apoyaría el derecho a la autodeterminación de Catalunya y la reconocería después de una declaración unilateral de independencia. En eso, tanto Mas como Junqueras se han esmerado en intentar explicar a los catalanes las cosas como no son. Han comparado a Catalunya con países coloniales, sometidos a dictaduras o ocupados militarmente. Pueden considerar que la Constitución española es de “baja intensidad democrática”, pero es la misma que tienen Alemania, Francia, Italia y EEUU. Ninguno de esos gobiernos apoyaría la secesión de Catalunya, todo lo contrario de lo que Mas y Junqueras, Junqueras y Mas , se han esforzado en hacernos creer.
Y finalmente, es absolutamente seguro que Catalunya no sería de forma automática reconocida y aceptada como nuevo Estado miembro de la UE y de la unión monetaria. Y nadie puede asegurar cuanto tiempo tardaría en serlo. Después de una declaración unilateral de independencia, las puertas estarían simplemente cerradas para la negociación. Junqueras y Homs pueden decir lo que les de la gana, pero esa es la realidad. El propio Comité de las Regiones ha dicho textualmente que en el caso que una región europea obtuviese la independencia, tendría que solicitar su adhesión como cualquier nuevo Estado que quisiera ser miembro de la UE y ésta requeriría un acuerdo unánime. No pueden decírnoslo más claro.
La pueril insistencia de personajes como Romeva, Mas, Junqueras y Homs en asegurar lo contrario y que todo se arreglaría “políticamente” no ha hecho sino contribuir a su descrédito internacional. Pero los catalanes se merecen políticos más informados y/o más responsables.
Pero por grandes que sean los errores factuales y las falsedades de los independentistas para defender su causa, España tiene que ser consciente de que tiene un grave problema en su relación con Catalunya. La “conllevanza” orteguiana no es ya la solución, si es que alguna vez lo fue. La abúlica indiferencia de Rajoy y las desgraciadas declaraciones de ministros como Wert agravan el problema. Hay que establecer el dialogo, mejorar la información, estrenar el respeto, y hacer las reformas constitucionales, financieras y fiscales necesarias para que esa proporción disminuya. Al menos hasta el límite irreductible de los que hacen de la independencia una cuestión de dignidad ante la que no hay razones que esgrimir.
Las cuentas de la independización
Por Miquel Puig
El 2008 el Ministerio de Hacienda publicó las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con el Estado del 2005. La diferencia entre lo que recaudaba y lo que gastaba en Cataluña ascendía a un 8,7% del PIB. También calculó el coste de los servicios que el Estado prestaba a Cataluña fuera de su territorio, que ascendía a un 2,2% del PIB, de tal manera que el déficit fiscal medido en términos de flujo-beneficio ascendía al 6,5%. Para muchos catalanes, esta última cifra explicó las estrecheces de la Generalitat, las deficiencias de las inversiones del Estado en Cataluña (trenes de cercanías, peajes, accesos a los puertos de Tarragona y Barcelona, etc), y otras situaciones percibidas como discriminatorias.
Artur Mas ganó las elecciones de 2010 con un programa que incluía la negociación con el Estado de un “pacto fiscal” que consistiera en la cesión de todos los impuestos, la compensación al Estado de los costes de los servicios que presta y, además, una cantidad en concepto de solidaridad al resto de España. Este último elemento constituía la diferencia con el privilegio de vascos y navarros.
La oferta fue rechazada y Mas convocó nuevas elecciones (2012) con un programa que incluía el “derecho a decidir” el marco de relaciones con España. Ahora, Mas acaba de concurrir con un programa independentista cuya ejecución comportaría, obviamente, la eliminación de la totalidad del déficit fiscal.
Esa eliminación no significaría que el nuevo estado iba a disponer de un 8,7% del PIB adicional disponible para cualquier objetivo, puesto que se vería obligado a substituir los servicios que hoy presta el estado español, y ello tendría un coste. ¿Cuál? Borrell y Llorach dedican la mayor parte de su nuevo libro (Las cuentas y los cuentos del independentismo) a criticar que este movimiento lo minusvalora groseramente. Así, por ejemplo, sentencian que “la narrativa independentista ya ha consagrado que esos costes […] sólo serán unos 2.000 o 3.000” (pág. 65), y concluyen que “unos 6.000 millones de euros sería una estimación muy prudente del coste de las estructuras del nuevo estado” (pág. 70). A esta última cifra llegan analizando algunos servicios, entre los cuales el de Defensa, que estiman que costaría a Cataluña más de 1.200 millones de euros (pág. 69). Si damos por buena la cifra de Borrell y Llorach, el nuevo estado debería dedicar 3 de los 8,7 puntos a financiar las estructuras de estado. El mismo Borrell, entrevistado en Catalunya Ràdio para presentar su libro, lo expresaba de la siguiente manera: “Cataluña tendría más recursos [los cuales] calculados de una manera homologable […] estarían más cerca del 5 que del 8,5% [del PIB]” (2-9-15, minuto 12,20 a 13). Para valorar estas palabras es interesante notar que los servicios públicos de Sanidad y Educación catalanes tienen un coste conjunto que está “más cerca del 5 que del 8,5%”; concretamente, un 6,8%.
Ahora bien, eso tampoco significa que el nuevo Estado vaya a disponer de un flujo de dinero disponible equivalente a un 5,7% del PIB, puesto que una parte de los 8,7% originales correspondían a impuestos que no habían sido efectivamente pagados en la medida que el Estado se estaba endeudado para financiar el gasto. Pongamos que ese endeudamiento iba a ascender al 4% del PIB. Parece lógico suponer (y esto es lo que hacen implícitamente Borrell y Llorach) que lo que haría el Estado catalán sería no endeudarse y gastar la diferencia. En ese caso, el nuevo Estado dispondría de un margen de 1,7% para mejorar la prestación de servicios públicos. Un primer candidato seria revertir todos los recortes que la Generalitat ha efectuado en los últimos años en sanidad y educación, que ascienden al 1,2% del PIB.
Uno de los libros más vendidos de la “narrativa independentista”, del que soy coautor (Como Austria o Dinamarca, 2013), analiza los números del nuevo Estado no a partir de las balanzas fiscales sino de la recaudación impositiva actual y llega a la misma conclusión: “El nuevo Estado catalán sería capaz de garantizar los servicios públicos, realizar las inversiones imprescindibles y cumplir con sus obligaciones con los acreedores desde el primer día. Nada más que eso o, según se mire, nada menos que eso […] y por eso se equivocan los que cuestionan la viabilidad de Cataluña al considerar que no tendría acceso a los mercados financieros” (pág. 40 de la edición castellana). Esa conclusión se basa, entre otras cosas, en una estimación del coste de un ejército de 1.400 millones de euros (pág. 67).
En conclusión, la independización implicaría que la economía catalana recibiría un impacto positivo anual en su demanda agregada equivalente al 4,7% del PIB (con su correspondiente multiplicador keynesiano), su deuda pública dejaría de crecer y el nuevo Estado podría revertir los recortes que tanto han irritado a la población catalana. No es Jauja, pero tampoco poca cosa.
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