2016, un año de macrojuicios

Por Carlos Fonseca 

04/01/2016

Dice el adagio que ‘la justicia que es lenta no es justicia’, pero al mismo puede oponerse otro que resarce en parte la injusticia de la demora: ‘Más vale tarde que nunca’. El año que comienza va a ser pródigo en macrojuicios que verán a decenas de acusados sentarse en el banquillo tras años de complejas instrucciones sumariales. Estos procesos han dejado a España convertida en un erial de la honestidad, arrasada por casos de corrupción sustentados en la impunidad con que muchos de los próceres de la patria creyeron actuar. Una infanta y su marido, que se valieron de su cuna para conseguir contratos de administraciones públicas en beneficio propio, banqueros que falsearon las cuentas de sus entidades y se autoconcedieron indemnizaciones multimillonarias, empresarios que pagaron cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y políticos que se dejaron seducir por el dinero fácil que retribuyó sus favores, tendrán que sufrir la pena de banquillo y responder de sus desmanes. Estas son las causas que se juzgarán en 2016.

CASO NÓOS

• Acusados: Diego Torres, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, además de Jaume Matas y otros 14 encausados.
• Delitos: Urdangarin y Torres: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa contra la Hacienda Pública. Cristina de Borbón: cooperación necesaria en dos delitos fiscales.
• Penas: La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años para Urdangarin y tres años menos para Torres. Para Cristina la acusación popular reclama ocho años.
• Juicio: Del 11 de enero al 30 de junio de 2016.

Lucano escribió «aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien». Los palacios le vinieron dados a Iñaki Urdangarin por su boda con la infanta Cristina de Borbón y la instrucción del caso Nóos, que debe refrendar un tribunal, ha demostrado que su proximidad con el poder le llevó a cometer no pocas tropelías. Cuando arranque el juicio habrán pasado 11 años desde que el Grupo Parlamentario Socialista exigiera al Gobierno balear de Jaume Matas que aclarara el destino de 1,2 millones de euros y destapara la caja de los truenos.

Las investigaciones del juez José Castro y del fiscal Pedro Horrach han desentrañado una maraña de contrataciones irregulares del Instituto Nóos, dirigido por Urdangarin y su socio, Diego Torres, con las comunidades balear, valenciana y de Madrid, que han supuesto su imputación y la de 16 personas más, entre ellos Jaume Matas, acusado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental, blanqueo, fraude a la Administración y delitos contra la Hacienda Pública. Urdangarin ha descargado en la Administración las supuestas ilegalidades de las contrataciones y Torres sustenta su defensa en un ataque a la Casa Real, que asegura supervisaba y validaba estos negocios.
«No sé con lo que va a acudir cada parte a la vista oral, es impredecible lo que pueda pasar, pero mi instinto me dice que va a haber casquería –manifiesta Victoria López Negrete, que ejerce la acusación popular en nombre de Manos Limpias-. No voy a adelantar mi estrategia procesal, pero tengo claro que son culpables de los delitos, aunque hay que demostrarlo en el juicio».

Urdangarin se enfrenta a una petición de 19 años y medio de prisión, tres menos que su socio, por liderar una trama empresarial con la que accedió a los fondos manejados por las administraciones. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que fijaron precios desproporcionados por los trabajos contratados y simularon otros, con lo que desviaron 6,2 millones en beneficio propio.

Tras la imputación de Urdangarin en 2011, en 2014 fue encausada su esposa por supuesta cooperación necesaria en dos delitos fiscales. Una decisión que puso punto y final a la estrecha colaboración que habían mantenido instructor y fiscal, al discrepar éste de la imputación de la infanta. Según el ministerio público, la hermana del Rey no puede ser juzgada con la sola acusación popular de Manos Limpias, que pide ocho años de prisión para ella, cuando el Estado considera que no ha incurrido en delito. Los días 11 y 12 de enero se dirimirán las cuestiones previas, entre ellas, si cabe o no juzgar a la infanta.

GÜRTEL

• Acusados: Destacan Francisco Correa, Pablo Crespo y Luis Bárcenas, entre las 40 personas encausadas.
• Delitos: Prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, asociación ilícita, fraude y estafa.
• Penas: La Fiscalía Anticorrupción pide 125 años de prisión para Correa, 83 para Crespo y 42 para Bárcenas.
• Juicio: Pendiente de señalar fecha en 2016.

El macrojuicio por la mayor trama de corrupción vinculada al PP no tiene aún fijada fecha para su celebración, aunque la instrucción de la primera época de la misma, la que investiga las corruptelas entre 1999 y 2005, concluyó el pasado marzo y su instructor, el magistrado Pablo Ruz, dictó auto de apertura de juicio oral. Es la misma situación en la que se encuentra una de las derivadas del caso, la pieza separada conocida como los papeles de Bárcenas sobre la contabilidad b del PP. La acumulación de trabajo de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar ambas causas, hace prever que en ningún caso se celebrarán antes del próximo verano.

La investigación la inició la Fiscalía Anticorrupción en 2008, a raíz de la denuncia del exconcejal popular de Majadahonda José Luis Peñas, que durante dos años grabó sus conversaciones con Francisco Correa, el cabecilla de la trama. La causa fue a parar a manos del juez Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial en 2012 por ordenar intervenir las conversaciones entre los imputados y sus letrados. «Mi impresión es que Francisco Correa va a tirar de la manta de manera controlada y va a acusar tan sólo a Luis Bárcenas, un peldaño de una larga escalera que nos vamos a quedar con las ganas de subir –dice Mariano Benítez de Lugo, abogado de la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa-. Ha fallado su intento de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y conmigo para que rebajásemos la petición de pena a cambio de nuevas revelaciones, y ante el panorama que tiene no me extrañaría que pusiera tierra de por medio antes del juicio».

En la causa conocida como Época I 1999-2005 se sentarán en el banquillo 40 imputados, entre ellos Correa y su número dos, Pablo Crespo, los extesoreros del PP Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, los exalcaldes populares Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, el exconcejal Ricardo Galeote o el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y una pléyade de empresarios, a los que se acusa de delitos que van de la prevaricación al cohecho, pasando por la malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, asociación ilícita, fraude y estafa, entre otros. Sus fianzas suman 449 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción pide 125 años de prisión para Correa, 83 para Crespo y 42 para Bárcenas, por citar las más elevadas.  Entre los responsables civiles de la causa hay que destacar a la exministra de Sanidad Ana Mato, que se habría beneficiado de los negocios de su exmarido, Jesús Sepúlveda, y el propio PP como partícipe también a título lucrativo.

LOS PAPELES DE BÁRCENAS

• Acusados: Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, extesoreros del PP, entre otros.
• Delitos: Apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
• Penas: La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado piden cinco años de prisión para Bárcenas y Lapuerta.
• Juicio: Pendiente de señalar fecha a lo largo de 2016.

En la pieza separada, abierta por los papeles de Bárcenas, el juez Ruz considera acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja b, una contabilidad paralela, durante 18 años, entre 1990 y 2008, con la que sufragó campañas electorales, pagó sobresueldos a dirigentes y realizó reformas en algunas de sus sedes. Como dice el auto del magistrado, se sirvió de forma sistemática de «diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal». La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado sostienen en sus escritos de conclusiones provisionales que el Partido Popular se financió ilegalmente durante 18 años, algo que no era delito hasta la reforma del Código Penal de 2010.

El ministerio público solicita cinco años de prisión para los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por quedarse con dinero de la caja b, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. Para Cristóbal Páez, exgerente del partido entre 2008 y 2010, un año y medio, y tres años y 10 meses para Gonzalo Urquijo, dueño de Unifica, la empresa que hizo las obras en la sede nacional del Partido Popular, situada en la madrileña calle Génova, y para Belén García, socia de la misma.

SALIDA A BOLSA DE BANKIA

• Acusados: Rodrigo Rato y 32 exconsejeros de la entidad.
• Delitos: Falsedad de las cuentas anuales y de los balances de la entidad, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas, apropiación indebida.
• Penas: En fase de instrucción. Los delitos imputados pueden alcanzar hasta 15 años de prisión.
• Juicio: Sin fecha prevista. El 4 de febrero se celebrará la vista de una demanda colectiva civil de 660 afectados.

¿Recuerdan a Rodrigo Rato tocando la campanilla para inaugurar la cotización de Bankia en Bolsa el 28 de junio de 2011? El entonces presidente de la entidad dijo que esa decisión iba a consolidar a «uno de los líderes del mercado bancario nacional en los próximo años». Una afirmación que se demostró falsa en apenas unos meses, cuando la auditora Deloitte se negó a avalar las cuentas de 2011, que arrojaban unos beneficios de 305 millones de euros cuando la entidad acumulaba unas pérdidas de casi 3.000.

La causa sigue su lento discurrir en la Audiencia Nacional, que mantiene imputados a Rato y a 32 exconsejeros como protagonistas del mayor escándalo financiero de España, acusados de delitos que suman hasta 15 años de reclusión. Para los anales jurídicos queda el auto con el que en 2012 el juez Fernando Andreu admitió a trámite la querella presentada por UPyD contra los gestores de la entidad. Decía el magistrado que Bankia se gestionó pensando en el «favor político» y no en el «rendimiento económico» de sus accionistas, mediante «una serie interminable de ruinosas inversiones» que los miembros del consejo de administración ocultaron.

El sumario, aún en fase de instrucción, no tiene fecha de conclusión, pero no se juzgará este año y los perjudicados han decidido recurrir a la vía civil para intentar recuperar el dinero invertido en la salida a Bolsa. Por ello, el 4 de febrero se enfrenta a una demanda colectiva de 660 afectados que reclaman la devolución de su inversión: 6,3 millones de euros.

José Baltasar Plaza, director del bufete Rosales que dirige la demanda, ha manifestado que: «El Tribunal Supremo ha resuelto ahora que hay que admitir las demandas colectivas por una cuestión de economía procesal, y a ésta de 660 afectados le seguirán otras ocho de varios centenares más. En ellas se solicita la nulidad del contrato de compra de las acciones por vicio del consentimiento y la devolución de la inversión, y, subsidiariamente, para el caso de que el tribunal no aceptase la nulidad, una indemnización del importe de lo invertido por daños y perjuicios por falsedad del documento informativo de salida a bolsa o por incumplimiento de los deberes de información y transparencia de la entidad».

TARJETAS BLACK DE CAJA MADRID

• Acusados: Rodrigo Rato, Miguel Blesa y otros 65 directivos.
• Delitos: Administración desleal.
• Penas: En fase de instrucción. El delito imputado puede ser castigado con hasta 4 años de prisión o una multa del triple de la cantidad defraudada.
• Juicio: Sin fecha prevista. A lo largo de 2016.

Una causa derivada, cuya instrucción está a punto de concluir y todo hace prever que se juzgará a lo largo de 2016, es la de las tarjetas black de Caja Madrid, en la que están imputados 67 exconsejeros y exdirectivos de la entidad, entre ellos Rodrigo Rato y Miguel Blesa, que despilfarraron de manera irregular 15,25 millones de euros entre 2003 y 2012 en gastos, en muchos casos personales.

QUIEBRA DE CAJA CASTILLA-LA MANCHA

• Acusados: Juan Pedro Hernández Moltó y el que fuera director general de la entidad, Ildefonso Ortega.
• Delitos: Maniobras contables.
• Penas: La Fiscalía Anticorrupción reclama dos años y medio de prisión para cada uno.
• Juicio: 3 de febrero de 2016.

La Caja Castilla-La Mancha (CCM) fue la primera entidad bancaria intervenida por el Estado como consecuencia de la orgía de créditos baratos y sin garantías que las cajas de ahorro concedieron durante el boom de la década de los 2000. Fue en marzo de 2009 tras fracasar el intento de fusionarla con Unicaja, lo que obligó al Estado a inyectar 9.000 millones de euros en una operación cuyo precedente más cercano se remontaba a la intervención del Banesto de Mario Conde (1993), aunque con una diferencia nada desdeñable, ya que aquella no costó un euro al erario público y los 1.168 millones desembolsados para su saneamiento salieron del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de los propios bancos.

La Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 3 de febrero al expresidente de la CCM y exdiputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó y al que fuera director general de la entidad Ildefonso Ortega. La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años y medio de prisión para cada uno de ellos por maniobras contables para que las cuentas de la entidad correspondientes a 2008 reflejaran unos beneficios próximos a los 30 millones de euros, cuando en realidad tenía unas pérdidas cercanas a los doscientos. Los acusados proclaman su inocencia. Los juicios contra los responsables del hundimiento de las cajas se han saldado, hasta ahora, con condenas menores que no han obligado ingresar en prisión.

LA TRAGEDIA DEL MADRID ARENA

• Acusados: Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta; Emilio Monteagudo, exjefe de la Policía Municipal de Madrid, y otras 14 personas más.
• Delitos: Cinco delitos de homicidio por imprudencia grave para Flores y Monteagudo.
• Penas: La Fiscalía pide cuatro años de reclusión para los dos imputados principales.
• Juicio: Del 12 de enero hasta junio de 2016.

La madrugada del 1 de noviembre de 2012 una macrofiesta de Halloween en el recinto municipal Madrid Arena de la Casa de Campo de Madrid acabó en tragedia. Una avalancha entre el público que asistía a un concierto en un recinto que sobrepasaba con creces su capacidad provocó la muerte por aplastamiento de Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce, de 18 años, Belén Langdon, de 17, y María Teresa Alonso, de 20.

«El caso Madrid Arena es una suma de negligencias gravísimas que parten del hecho inicial de que no tenía licencia de funcionamiento y que aquella fiesta no debió celebrarse –dice María José Siñeriz, abogada de la familia Arce-. Las negligencias van a quedar de manifiesto con los peritajes de la Policía, con el visionado de parte de las dos mil horas de grabaciones de las cámaras del recinto y con el testimonio de los testigos».

Dieciséis personas se sentarán en el banquillo a partir del 12 de enero, tras dos años y medio de investigación, en una vista que se prolongará hasta el mes de junio. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el empresario promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, y el entonces jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave. Las cinco acusaciones particulares y las dos populares, que ejercen el PSOE y Manos Limpias, discrepan sobre las penas.