POR CAMBIO16
09/08/2017
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La oposición venezolana decidió participar en elecciones de gobernadores, pese a que cuenta con un árbitro al que acusa de articular un fraude a favor de la Constituyente del presidente Nicolás Maduro.
De esta manera, este conglomerado tomará una estrategia distinta a lo ocurrido durante la última semana, cuando se restaron del proceso que cambiará la Carta Magna dejada por Hugo Chávez.
“Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales”, señaló este miércoles en un comunicado la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pese a que también indicaron que varios dirigentes han sido inhabilitados para postularse.
La alianza explicó que su decisión busca presionar a Maduro y al Poder Electoral para que cumplan su palabra sobre realizar los comicios el próximo 10 de diciembre. Si no lo hacen, “que paguen el costo”, señaló el dirigente opositor Andrés Velásquez, en rueda de prensa.
MUD: "El objetivo de la Unidad sigue siendo el mismo, salir de la dictadura cuanto antes" pic.twitter.com/WOaUFmV5dy
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) August 9, 2017
El plazo de inscripción para la contienda por 23 gobernaciones y las asambleas regionales vence este miércoles.
El anuncio coincidió con las sanciones del Departamento del Tesoro que este miércoles afectó al hermano mayor del fallecido líder Hugo Chávez y a otros siete políticos por su vinculación con la Asamblea Constituyente, que rige desde el viernes con poderes absolutos y enfrenta un amplio rechazo internacional.
Y esta visión unifica a la oposición, la MUD confirma que no fue fácil. Ello, pues el bloque reúne a una treintena de partidos con distintas tendencias que se agruparon en 2008 para enfrentar al chavismo.
«No dejaremos la calle»
“Es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura”, se justificó la coalición opositora venezolana, advirtiendo que las protestas para exigir elecciones generales continuarán.
Ahora que ha sonado el pitazo para una nueva contienda los dirigentes que se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro, al que ya ponderan como una dictadura, ven altas posibilidades de hacerse con la mayoría de las 23 plazas en disputa o de al menos aumentar sus feudos actualmente reducidos a tres.
Por ello, y pese a voces que exigían no participar en estos comicios organizados por el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) “fraudulento”, la mayoría de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidieron embarcarse en esta carrera en la que se vislumbran desde ya vientos adversos.
La «aplanadora» chavista
Una suerte de aplanadora institucional ha ido acomodando el terreno en Venezuela a favor del chavismo gobernante de cara a las elecciones regionales. En los últimos meses, una decena de opositores, algunos potenciales candidatos a gobernadores, han sido enjuiciados, encarcelados o inhabilitados políticamente; mientras que otros se han exiliado o han ido a la clandestinidad para escapar del sistema de justicia, al que acusan de parcial e ilegítimo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República, son, respectivamente, para la mirada del antichavismo, un bufete y un verdugo al servicio de la llamada «revolución bolivariana», que ahora cuenta con una «todopoderosa» Asamblea Constituyente.
Mientras el máximo juzgado ha destituido y ordenado prisión para varios alcaldes, la Contraloría ha eliminado mediante sanciones administrativas a fuertes contendientes para las regionales de diciembre, como los excandidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales.
Por otra parte, la MUD no podrá presentar el 10-D su tarjeta unitaria en siete estados del país, según el CNE, por haber sido en estas regiones donde se introdujeron demandas contra el referendo revocatorio presidencial en 2016 que, tras meses de trámites y en atención a esos recursos, el Poder Electoral decidió suspender.
Esto deja a los opositores sin la imagen de la boleta que los ha identificado en el último quinquenio y que se convirtió en la más votada de la historia nacional el 6 de diciembre de 2015, cuando el antichavismo arrasó en las elecciones legislativas y se hizo con la mayoría absoluta del Parlamento.
La otra batalla de la MUD: con la militancia
Además, los dirigentes opositores se enfrentan a las críticas de buena parte de sus simpatizantes que aborrecen la idea de participar en estas elecciones y demandan otras acciones contra “la dictadura” como radicalizar la oleada de protestas que inició en abril y ha dejado más de 120 muertos o aumentar la “presión internacional”.
Aunque la coalición decide ir adelante con las elecciones regionales, se enfrentaría a una maquinaria parcializada con el Gobierno y que ha sido denunciada como fraudulenta, hecho que los mismos dirigentes opositores apoyaran el señalamiento, también les tocará enfrentar la opinión del pueblo que eligió el 16 de julio a través de consulta popular un cambio de Gobierno y no elecciones regionales, muchos de ellos extenuados al ver frustrada su lucha en las calles -que dejó más de 100 muertos- al elegirse la Asamblea Constituyente.
No serán días fáciles para la coalición.
Posibles escenarios
Pero la decisión de la MUD tiene sus argumentos.
Fuentes cercanas a la coalición opositora señalan que dentro de su seno consideran que el gobierno no está en capacidad de ganar una elección por su responsabilidad en la grave crisis económica, reflejada en escasez de alimentos y medicinas y una inflación que según el FMI treparía a 720% este año.
Maduro enfrenta el rechazo de 80% de los venezolanos, según encuestas, que indican que la MUD podría ganar hasta 18 gobernaciones. Sería un nuevo golpe al chavismo, que encajó en 2015 su más estruendosa derrota al ser arrasado en las legislativas.
Sin embargo, no descartan que al final el Gobierno, por medio de la Constituyente, al ser un “suprapoder”, cancele las regionales, aunque Maduro asegura que está listo para derrotar a la MUD y ya había celebrado en días recientes que algunos partidos hayan decidido competir.
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