Por Cambio16
28/08/2017
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Junts pel Sí y la CUP han presentado este lunes en el Parlament la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que se plantea como la principal ley de desconexión con el Estado.
La ley, aseguran las coaliciones independentistas, quedará aprobada antes del 1 de octubre -día en que plantean la celebración del referéndum soberanista en Cataluña- y entrará inmediatamente en vigor si gana la opción independentista en la consulta. Si saliera un ‘no’ en el referendum, esta ley no entraría en vigor y se convocarían elecciones autonómicas.
La retirada del ejército español de Cataluña, la adquisición de la nueva nacionalidad catalana o la re-distribución de la deuda son asuntos que han quedado perfilados -a falta de un desarrollo técnico posterior- en el texto de la ley, en la que también se establece que Cataluña tendrá Tribunal Supremo propio y que se aprobará una amnistía para todos los condenados por el proceso.
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— Junts pel Sí (@JuntsPelSi) August 28, 2017
Las reacciones entre las distintas formaciones políticas no se han hecho esperar. El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha sido el más contundente a la hora de mostrar su rechazo, ya que ha calificado esta ley como «ley fundacional de la república bolivariana catalana» y ha mencionado la necesidad de evitar «un golpe de Estado institucional«.
Albiol añadió que «el 2 de octubre, aunque les pese, Cataluña continuará siendo España«.
Entretanto, Miquel Iceta, Secretario general del grupo socialista en el Parlament, se ha mostrado igualmente convencido de la inutilidad de este anuncio parlamentario: «Ni el día 1 habrá un referéndum ni el día 2 tendremos una república. Por muchas maniobras que se hagan de tipo parlamentario o de simulación, estamos ante un episodio más de un proceso que no trae en ninguna parte», sentenció el líder socialista.
Desde el Gobierno central, según informa el diario El País, diversas fuentes han asegurado que «esa norma puede ser anunciada tantas veces como quieran, pero nunca entrará en vigor».
Deshojando la ley
La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República se plantea como la principal ley de desconexión con el Estado. Según los planes presentados hoy, entraría en vigor si gana el ‘sí’ a la independencia entre el 2 de octubre y unas elecciones constituyentes. Una vez celebrados los comicios se aprobaría una «constitución catalana». La misma norma quedaría en suspenso en el caso de que se impusiera el ‘no’.
Entre sus perlas, el texto puntualiza importantes aspectos de la estructura judicial de la que se dotaría una Cataluña independiente, entre ellos la ausencia de una Audiencia Nacional, y la transformación del Tribunal Superior de Cataluña en un «Tribunal Supremo Catalán».
Asimismo, la norma contempla la amnistía para todos los investigados o condenados «por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república», entre los que se cuentan el expresidente Artur Mas y a los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs.
Finalmente, la Agencia Tributaria estatal dejaría de tener la potestad recaudadora en Cataluña.