Por Cristina del Valle
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que “por discriminación contra la mujer se entiende toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Así mismo, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer establece que “por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer muestra además su preocupación por el hecho de que “algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado son particularmente vulnerables a la violencia”.
La discriminación y la violencia hacia las mujeres son las consecuencias extremas de la desigualdad tradicional que han sufrido las mujeres frente a los hombres a lo largo de la Historia.
Las mujeres y las niñas son las personas más afectadas por los conflictos armados de hoy, como objetivos directos y también como “daños colaterales” no reconocidos. Los patrones de violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto no surgen de forma natural sino que son ordenados, aprobados o tolerados por alguien y persisten porque quienes los cometen saben que pueden quedar impunes. De hecho, se ha demostrado la existencia de un patrón sistemático de abusos que se repiten en los conflictos de todo el mundo, desde Colombia hasta Irak, pasando por Sudán, Chechenia, Nepal y Afganistán, así como decenas de conflictos en curso.
La costumbre, la cultura y la religión han creado una imagen de las mujeres como portadoras del “honor de sus comunidades”. En consecuencia, menospreciar la sexualidad de las mujeres y destruir su integridad física se ha convertido en una práctica para aterrorizar, degradar y humillar a comunidades enteras por medio de sus mujeres.
La construcción de una sociedad justa, equitativa, y que sea capaz de otorgar las mismas oportunidades de desarrollo y dignidad tanto a hombres como a mujeres, es una labor cuya responsabilidad recae tanto en la esfera pública como en la privada.
Sin embargo, son las autoridades públicas quienes tienen, en función de sus atribuciones, la responsabilidad de procurar que se tomen todas las medidas y políticas necesarias y adecuadas para la eliminación de la discriminación y la violencia que sufren las mujeres.
Hay dos conflictos, aunque a mi no me gusta nada definirlos como tales ya que parece un problema entre iguales y no lo es, como son el Palestino y el Saharaui, donde la constante violación de los derechos de las mujeres privándolas del derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la justicia, a la participación política, a la seguridad son una realidad constatada por todas las organizaciones no gubernamentales internacionales y por organismos internacionales. Sin que la comunidad internacional haya intervenido de una manera rotunda y justa nunca. Por lo tanto hay una responsabilidad de los estados que por acción u omisión lo permiten.
La violencia contra las mujeres también se llama ocupación ya que la misma supone una violación de los derechos humanos de las mujeres al privarlas del ejercicio de los mismos. Las mujeres bajo ocupación o como refugiadas sufren una doble violencia: la de la misma ocupación y la violencia de genero dentro de su propia sociedad y por parte de sus parejas. Seria fundamental priorizar en el Parlamento europeo, al menos por parte de todas las fuerzas políticas progresistas internacionales la lucha contra la violencia hacia las mujeres a través del reconocimientos del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y el fin de la ocupación de palestina.
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