POR CAMBIO16
19/07/2017
A un día después del anuncio realizado por la oposición en Venezuela de convocar un «paro cívico nacional» para este jueves 20, en el marco de lo que han denominado la «hora cero» contra el Gobierno de Nicolás Maduro, Caracas y otras ciudades del país caribeño comienzan a manifestarse, el Parlamento avanza en la agenda anunciada, el Gobierno reacciona y la comunidad internacional, con EEUU al frente, se manifiesta con rechazos al Gobierno y amenazas de sanciones.
El país comienza a calentarse en un escenario que antesala un curso determinante, teniendo aún el Gobierno la intención de imponer su Constituyente con los comicios fijados para el domingo 30 de julio.
La mayor manifestación de este escenario se vio y se ve en la calle. Este martes, Caracas amaneció parcialmente paralizada y con vías cerradas en varias zonas con el surgimiento de focos de protestas espontáneas, no convocadas por los partidos de oposición, en medio de la fuerte crisis económica, social y política que vive el país caribeño.
Zonas del Este de la capital venezolana, como los municipios capitalinos de Chacao y Baruta, fueron testigos de trancas y barricadas improvisadas con montañas de arena impidiendo el tránsito en calles.
Otras manifestaciones tuvieron lugar en el occidente y el oriente del país. En el el estado venezolano de Carabobo (centro norte) fue escenario de allanamientos y detenciones a manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, informaron hoy diputados opositores y la ONG Foro Penal Venezolano.
Mientras que el Ministerio Público venezolano (MP) informó hoy que investiga la muerte de un hombre identificado como Héctor Anuel que fue «quemado durante una manifestación» en el estado oriental de Anzoátegui, lo que eleva el número de fallecidos en la ola de protestas, que ya tiene más de cien días, a 96.
Agenda en el Parlamento
Mientras esto sucedía en las calles, en el Parlamento venezolano se aprobaba un acuerdo en el que se compromete a renovar los poderes públicos, crear las condiciones para que en el país se realicen «elecciones libres» y a promover la conformación de un Gobierno de transición.
La Asamblea «adoptará las medidas constitucionales necesarias para el restablecimiento efectivo de la vigencia de la Constitución» y «para ello se procederá a la renovación de los Poderes Públicos», reza la declaración que la Cámara aprobó este martes, sin que ningún diputado del chavismo asistiera al debate.
Estos anuncios se producen dos días después de que la oposición venezolana realizara una consulta al margen del Gobierno en la que, según cifras de los organizadores, 7,5 millones de venezolanos participaron para rechazar el cambio de Constitución que promueve el jefe de Estado, Nicolás Maduro.
La llamada comisión de garantes del plebiscito opositor entregó hoy al Parlamento el informe de dicha jornada en la que el 98 % de los participantes votó afirmativamente a las tres interrogantes planteadas en la consulta.
Cerca de siete millones de venezolanos dijo que sí rechazaba la elección una Asamblea Nacional Constituyente prevista para el 30 de julio, que si pedía a las Fuerzas Armadas acatar al Parlamento, y si aprobaban renovar los poderes públicos, llamar a elecciones e instaurar un gobierno de unión nacional.
Avanzada desde EEUU
La Unión Europea y varios países de América Latina se han pronunciado contra el proceso Constituyente activado por Maduro, que pretende «fortalecer la revolución» con este cambio constitucional, que ha sido ratificado por el chavismo luego del plebiscito opositor.
Pero la más contundente y que promete acciones es EEUU. Ya el lunes, el propio presidente Donald Trump, amenazaba a Maduro con «fuertes y prontas» sanciones a su Gobierno si insiste con la instauración de su Constituyente.
Estas fuertes y prontas sanciones ya parecerían que tienen destinatarios. La agencia Bloomberg publicó el martes una nota señalando que el Departamento del Tesoro de EEUU podría imponer sanciones este mismo martes al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y a varios otros altos funcionarios por violaciones de derechos humanos, citando a “personas con conocimiento del plan”. Las sanciones incluso podrían extenderse a empresas estatales, como la petrolera PDVSA.
El movimiento contra los altos funcionarios, lo que sería la tercera ronda de sanciones contra funcionarios venezolanos bajo la administración de Trump, es consecuencia de una de las más amplias investigaciones de los Estados Unidos sobre las denuncias de corrupción venezolana que comenzaron hace varios años y han resultado en cargos criminales.
Otras medidas relacionadas con Venezuela también están en marcha, señalaron las autoridades, agregando que funcionarios estadounidenses han dado información sobre las posibles acciones en las últimas semanas a los legisladores, incluyendo al senador Marco Rubio de Florida.
Entretanto, también el martes, Voceros del Departamento de Estado, en conferencia telefónica con la prensa, adelantaron que las acciones que tomará EEUU “serán muy duras” y que trabajan de manera “multilateral” con “socios de la región, Europa y Asia” con el objetivo de “presionar” al chavismo. De hecho, adelantaron que preveen anunciarlas antes del 30 de julio, día en que el Gobierno tiene fijado los comicios Constituyentes.
Sin escuchar
Entretanto, desde el Gobierno, el presidente Nicolás Maduro afirmó este martes 18 de julio que su constituyente, inconsulta e impulsada por él solo, seguirá su curso.
“Le decimos a Estados Unidos la Constituyente sí va”, afirmó el primer mandatario nacional durante transmisión conjunta de radio y televisión en la que convocó el Consejo de Defensa de la Nación (Codena).
Este es un órgano que lo conforman el presidente del país, el vicepresidente ejecutivo, los jefes del Poder Judicial, del Poder Electoral y del Consejo Moral, el ministro de la Defensa y el presidente del Parlamento.
Según la Constitución venezolana «es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico».
«Vamos a movilizar una gran fuerza antiimperialista, y rumbo al 30 de julio tengan la seguridad de que vamos a derrotar definitivamente todos los planes intervencionistas del imperio y de sus cipayos de América Latina y del mundo», dijo Maduro.
El inmenso rechazo nacional, luego de que más de 7.5 millones de venezolanos le dijeran no a sus pretensiones e cambiar la Constitución Nacional y el de múltiples naciones del mundo exigiendo que detenga su propuesta parece no hacer mella en Maduro, quien afirmó que la orden ya no era de él, sino de “el pueblo”.