Por Manuel Domínguez Moreno
El deseo de que una nueva investigación judicial no empañe su cada vez más alejada investidura como presidenta de la Junta de Andalucía está llevando las tesis de la candidata y presidenta y funciones, Susana Díaz, a unos derroteros de difícil cobertura política.
En una reunión de altos cargos en la que estuvieron presentes, además de la presidenta, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado; el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández (uno de los altos cargos citados por la juez del caso Aznalcóllar por la concesión irregular); la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio (otra de las investigadas por cinco presuntos delitos relacionados con la corrupción) y otros altos cargos del departamento señalado por la investigación judicial, la presidenta andaluza en funciones ha cerrado filas para conformar una estrategia común de defensa en la que les apunta que todos ellos, empezando por ella misma, se juegan sus puestos de trabajo, por lo que les conmina a establecer una estrategia común de actuación, según ha podido saber Cambio16 de fuentes cercanas al caso.
Esta estrategia pasa por negar la mayor, como se ha puesto de manifiesto en la entrevista concedida por Díaz a la Cadena Ser, donde ha asegurado que algunos “quieren convertir en un caso de corrupción lo que es una pelea entre empresas”. “Yo he hecho lo que tenía que hacer en este asunto: mandar parar ante las sospechas”, añadió Díaz en su descargo.
Además, la presidenta da un paso más allá y carga todas las culpas de la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar sobre sus propios funcionarios y rechaza cualquier responsabilidad política en el asunto, pese a que una de las empresas adjudicatarias de la explotación tiene en su nómina a un ex alto cargo socialista de Córdoba.
En un confuso informe hecho público el pasado jueves por la Junta, se descarga cualquier responsabilidad de la Administración en la concesión de la explotación y los responsables jurídicos de la Junta vuelven a insistir en la transparencia de la misma. La presidenta se suma a esta estrategia unificada tras la reunión citada de altos cargos. “Los servicios jurídicos de la Junta han dicho con claridad que se hizo conforme a Derecho”, asegura Díaz.
Mientras tanto, este caso de presunta corrupción investigado por una jueza de Sevilla ha llenado de nuevos argumentos a los 62 diputados de los cuatro partidos de la oposición, que reclaman a la candidata socialista mayor compromiso y firmeza contra la corrupción que la mostrada por sus predecesores. “No es de fiar”, le espetó durante el debate de investidura el líder de IU, Antonio Maíllo, a modo de balance tras la experiencia de compartir gobierno autonómico durante tres años con los socialistas.
Susana Díaz, que decidió frenar la concesión de la explotación de Aznalcóllar sólo cuando se destapó la investigación judicial en los medios al mismo tiempo que sus altos cargos mantienen la total “transparencia” y “ejemplaridad” del proceso de adjudicación y cuestionan el conocimiento del caso por parte de la propia jueza del caso, mueve ficha y ya no ve tan descabellada la convocatoria de unas nuevas elecciones: “Si hay que ir a elecciones, se irá”, dijo ayer minutos antes de recibir el tercer “no” del Parlamento. “Pierden los andaluces”, añadió.
En un apresurado análisis de la situación ante el grupo parlamentario socialista, la candidata a presidir la Junta criticó la actitud del resto de formaciones, pero no se cuestionó en ningún momento la impotencia del PSOE para llegar a acuerdos con alguno de los partidos de la oposición. “No voy a permitir que el 24 de mayo Andalucía sea un trueque de nadie ni un cromo que se vaya a intercambiar con nadie”, dijo Díaz.
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