Por Cambio16
20/04/2017
- Aguirre no asume responsabilidades tras la detención de Ignacio González
- El PP remarca su compromiso «radical» contra la corrupción
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este jueves las oficinas en Madrid de la consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC), la constructora OHL, la tecnológica Indra (que entre otras cosas desarrolla sistemas de comunicación militares y espaciales), y la corporación de servicios aeronáuticos SAERCO. en el marco de las operaciones que investigan la corrupción del Partido Popular. Según informaron fuentes de la investigación a diversos medios españoles, los agentes siguen el rastro del posible pago en comisiones a Ignacio González por valor de 1,4 millones de euros en el caso de OHL y de 700.000 euros al Partido Popular en Madrid por parte de Indra.
El caso investiga también un posible desvío de fondos desde Canal de Isabel II, empresa pública que gestiona el agua en Madrid de la que González fue presidente entre 2003 y 2012. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco trata de obtener más pruebas que corroboren los indicios de que ICM (en la actualidad Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid) y otras empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, fueron utilizadas para desviar fondos para financiar al PP de Madrid y para el supuesto lucro personal de Ignacio González.
La bautizada Operación Lezo se desarrolla desde este miércoles, jornada en la que la UCO detuvo a una docena de personas por presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Entre los detenidos destaca la presencia de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular de Mariano Rajoy entre 2012 y 2015.
Por el momento la causa se encuentra bajo secreto de sumario y se desconocen muchos detalles de la operación, aunque trascendió a los medios de comunicación que las investigaciones se centran en la supuesta financiación ilegal del PP y en el desvío de fondos públicos de la empresa pública que gestiona el agua en Madrid.
Los registros en la constructora OHL vuelven a vincular a este gigante inmobiliario español con la presunta financiación ilegal del PP, algo que ya sucedió en la investigación de otros casos como Púnica o Gürtel.
El pasado mes de octubre el empresario Francisco Correa, considerado principal cerebro de la trama Gürtel, declaró ante la Audiencia Nacional que OHL le pagó comisiones a él y al tesorero del Partido Popular para mediar a cambio de adjudicaciones de obra pública.
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