Por María Jesús Hernández
8/12/2015
Una ola de refugiados ha abofeteado a los líderes del viejo continente dejando en entredicho los principios básicos de la Unión Europea. Su parálisis ante el conflicto sirio y la reducción de ayudas a los países limítrofes han provocado la llegada de 800.000 refugiados -aunque sólo se ha haya producido un ‘reparto’ de 120.000 que serán reubicados a lo largo de dos años. Sólo es principio, el flujo no parará. Todos los partidos hablan de una política de asilo e inmigración europea, pero, hasta el momento, la mayor parte de las medidas tomadas están dirigidas a frenar la llegada, cerrar fronteras e ‘incentivar’ a otros países, como Turquía, a dificultar la salida de los refugiados para que no partan hacia Europa.
En esa línea se mueve el Partido Popular que promueve en su programa continuar impulsando «políticas y medidas de retorno de los inmigrantes irregulares». No incluye menciones a las ‘devoluciones en caliente’ -que intentó legalizar bajo la fórmula ‘rechazo en frontera’-, ni a las concertinas, tampoco a los Centros de Internamiento de Extranjeros. El resto de partidos, en cambio, apuntan directamente a estas cuestiones. Todos -incluido Ciudadanos- quieren acabar con las ‘devoluciones en caliente’. Con respecto a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), unos quieren cerrarlos -Podemos y Unidad Popular- y otros modificarlos -PSOE y Ciudadanos-. Por su parte, UPyD propone la creación de corredores humanitarios que garanticen el acceso de los refugiados a países seguros.
(La sanidad será tratada en otro artículo)
Estas son las propuestas de los partidos en materia de inmigración:
Desde el Partido Popular aseguran que apoyan la labor que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y prometen incrementar las aportaciones que realiza nuestro país. No obstante, informan de que continuarán impulsando políticas y medidas de retorno de los inmigrantes irregulares, en colaboración con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular que, según detallan en su programa, «nos colocan como referente europeo en la gestión de crisis migratorias». Explican que fomentarán una mayor implicación financiera y operativa de la UE en el retorno, «puesto que España controla las fronteras exteriores y lucha contra la inmigración irregular en beneficio de todos los países europeos». En su programa no hacen alusión ni a las ‘devoluciones en caliente’, tampoco a las concertinas ni a los Centros de Internamiento para extranjeros.
El PSOE se compromete a restablecer una política justa en las fronteras, a flexibilizar las vías de inmigración legal, reforzar la política de integración y a proteger a las personas que huyen de la persecución. Propone impulsar la política europea de asilo e inmigración e inciden en la elaboración de un informe marco sobre inmigración, protección internacional y cooperación para analizar y orientar la política migratoria exterior española. En su programa, Pedro Sánchez incluye la derogación de la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que pretende legalizar las denominadas “devoluciones en caliente”; retirará las denominadas concertinas en las vallas fronterizas que producen graves riesgos para la integridad física de las personas y modificará el actual modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) teniendo en cuenta las circunstancias individuales y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas.
Ciudadanos promoverá «una política común europea para la regulación de los flujos migratorios internacionales fundamentada en el respeto de la Convención Europea de Derechos Humanos, la protección de las fronteras exteriores, el principio de solidaridad y la libre circulación de los ciudadanos europeos y residentes permanentes en el seno de la Unión Europea». El programa del partido de Albert Rivera también plasma que defenderán «el refuerzo inmediato de la capacidad operativa de la agencia europea FRONTEX«, así como la reforma de las normas comunes que rigen al asilo «para afrontar las crisis humanitarias de manera más efectiva y en consonancia con los derechos humanos». Especifican también «la necesidad de creación de una agencia europea de empleo que fomente la libre circulación de trabajadores a través de un mercado común». Ciudadanos propone la reforma de la ley de Extranjería para evitar las expulsiones “en caliente” que impidan el derecho de asilo y cambiará el actual examen de conocimientos constitucionales y socioculturales para el acceso a la nacionalidad española. No propone el cierre de los Centros de Internamiento, pero sí dice que reformará su organización y funcionamiento «para garantizar los derechos fundamentales de los internos y agilizar la tramitación administrativa que resuelva su estatus en España».
Promoverá «la adopción de un sistema común de asilo real y eficaz en el ámbito europeo que ponga fin a la falta de homogeneidad en la protección internacional de los refugiados en los distintos países miembros, así como la creación de una Agencia Europea de Salvamento». El partido liderado por Pablo Iglesias cerrará los Centros de Internamiento de Extranjeros por considerarlos «una anomalía del sistema democrático» y apostará por desarrollar mecanismos de control adecuados para evitar que se produzcan situaciones de discriminación por motivos étnicos o de origen y por erradicar los controles de identidad policiales en los que se tenga en cuenta el perfil étnico, y los vuelos colectivos de deportación. Proponen poner fin a las devoluciones ilegales para lo que derogaran los artículos correspondientes de la Ley Orgánica 4 / 2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Igualmente, dicen que eliminarán los elementos lesivos colocados en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla y promoverán la adopción de un protocolo de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta frontera sur. También acabarán con el test de nacionalidad española y acortarán los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad por residencia: cinco años de plazo general, tres años para refugiados, y un año para la población originaria de países con los que España mantiene históricamente una buena relación.
El partido que lidera Alberto Garzón propone que se establezcan medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos en el control de fronteras para «impedir la pérdida de vidas en las mismas, evitando la violencia y retirando dispositivos que ponen en peligro la vida de las personas migrantes y refugiadas como las concertinas». Entre sus propuestas también, garantizar el cese de las devoluciones ilegales de personas que llegan a las fronteras españolas y asegurar el respeto al principio de no devolución, y el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) . Con respecto a la ley de Asilo, quiere reformarla y, entre otras cosas, transponer la normativa europea de asilo aprobada en junio de 2013 de manera uniforme, en concreto las Directivas de Acogida y Procedimiento.
Propone la puesta en marcha de un mecanismo permanente de reubicación para activarlo en situaciones de emergencia y la creación de corredores humanitarios que garanticen el acceso de los refugiados a países seguros. Su programa también incorpora la elaboración de protocolos de buenas prácticas para la integración de los refugiados en las sociedades de acogida. También contemplan la revisión de la Ley de Extranjería. Su objetivo es la efectiva integración de los inmigrantes extracomunitarios y reducir al máximo las trabas burocráticas en las gestiones permisos de residencia y trabajo. El partido de Andrés Herzog también propone reenfocar los Centros de Internamiento y que se desarrollen todas las medidas de control posibles para hacer cumplir lo dictado en la Ley de Extranjería, promoviendo el acceso a los Centros de asociaciones especializadas en atención a los inmigrantes, cumpliendo los límites relativos al número de internados en dichos centros, y regulando el acceso a las familias y la comunicación de los internados con el exterior.
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