Por: Cambio 16 | EFE
1/11/2016
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La apertura del diálogo político en Venezuela ha llevado a la oposición a detener sus acciones contra el presidente Nicolás Maduro, entre ellas un juicio parlamentario al gobernante y la marcha que había convocado para este jueves por las calles de Caracas hasta el palacio presidencial.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, pospuso «por unos días» el debate previsto para determinar la responsabilidad política de Maduro en lo que la Cámara considera la «ruptura del hilo constitucional» en Venezuela.
El diputado Julio Borges, jefe de la bancada opositora, pidió diferir el debate «dado el hecho de que en las últimas horas el Vaticano ha entrado formalmente para intervenir en la crisis constitucional y democrática del país».
Esto ha ocurrido un día después de que el lunes fueran liberados cinco opositores detenidos que los adversarios de Maduro consideraban presos políticos.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, aclaró en su última sesión que si en «pocos días» el diálogo iniciado el domingo con el Gobierno no reporta resultados, la oposición tendrá que levantarse de la mesa de conversaciones.
«Si pasan unos pocos días, diez, doce días, y no tenemos resultados, pues tendremos que pararnos y cada cual seguirá activando sus propios mecanismos», dijo.
Ramos Allup indicó que para el próximo día 11 está programada una reunión entre las partes y que en los dos días siguientes habrá que ver si lo que la oposición ha propuesto en ese espacio «está marchando o no».
En su opinión, es «legítimo y comprensible» que el Gobierno plantee diferir la discusión en la AN sobre la «ruptura del orden constitucional» mientras se dialoga, y aseguró que al chavismo le preocupa lo que pueda decir la comunidad internacional ante un pronunciamiento de la Cámara sobre este asunto.
La suspensión temporal de las actividades contra el Gobierno fue celebrada por Maduro, que felicitó a la oposición por haber tomado «decisiones sensatas» como resultado del diálogo que se formalizó el domingo en Caracas con el apoyo de acompañantes internacionales y de un representante de la Iglesia católica.
Sin embargo, el mandatario señaló que el proceso parlamentario contra él por supuesta «ruptura del orden constitucional» era un acto «ilegal e inconstitucional», y consideró también que quien llame a marchar hasta el palacio de Miraflores es un criminal.
El comentario del gobernante se produce poco después de que el partido Voluntad Popular, liderado por el opositor encarcelado Leopoldo López, manifestara su desacuerdo con la suspensión de las acciones contra Maduro y anunciara que dará de plazo hasta el día 12 para que el presidente vuelva «al carril de la Constitución».
«Si para el 12 de noviembre Nicolás Maduro no ha vuelto al carril de la Constitución, y nuestro pueblo sigue sin una nueva elección para cambiar al presidente, debemos declarar el abandono del cargo y movilizarnos a Miraflores«, declaró VP en un comunicado.
VP, que decidió no participar en el diálogo abierto, es uno de los partidos integrantes de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y hoy manifestó su desacuerdo con la decisión de posponer lo que considera un «juicio político» a Maduro.
El partido opositor dijo que tampoco respalda la decisión de la alianza de suspender la manifestación convocada para el jueves hasta el palacio presidencial.
Y antes de que se anunciara la suspensión de la marcha opositora el cardenal venezolano Jorge Urosa Savino dijo en una entrevista que consideraba inconveniente esa movilización, pues los manifestantes estarían expuestos a «grupos violentos» pro oficialismo.
Explicó que en Venezuela operan «grupos armados que el gobierno no domina» y otros «que aparentemente son partidarios del oficialismo», y que ambos suponen un peligro para el antichavismo.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, dijo que una delegación de esta coalición se reunió el lunes con el subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, enviado especial de Washington para apoyar el diálogo en Caracas.
Torrealba precisó que uno de los temas tratados en el encuentro fue la suspensión del referendo sobre la revocación del mandato presidencial de Maduro que la oposición venía impulsando desde hace meses, e indicó que alertaron a Shannon sobre «los peligros de la violencia política» que pueden producirse por esta suspensión.
Y bajo este escenario, el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor en arresto domiciliario Antonio Ledezma, aseguró que un referendo revocatorio presidencial este año y el derecho a protestar valen más que su libertad.
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