Por Manuel Domínguez Moreno
Manuel Chaves, presidente de todos los andaluces durante casi dos décadas (1990-2009), al fin pudo declarar de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo para aclarar su posible implicación en el caso de las ayudas sociolaborales fraudulentas en Andalucía. Se sentó ante el juez Alberto Jorge Barreiro con dos losas sobre su cabeza difícil de soportar en el caso de los ERE: la primera, la que le endilgó días antes el hombre que lo relevó en el cargo y compañero de partido, José Antonio Griñán, quien negó la mayor pero evidenció el resto cuando afirmó contundente: “No ha habido un gran plan, pero sí un gran fraude”.
El 14 de abril, Chaves salió del Supremo con otro punto de vista sustancialmente diferente al de su colega aforado. Ni reconoce el “gran plan” ni tampoco el “gran fraude”, y en todo caso, argumenta, lo que se produjo fue un desfalco por parte de un grupo de personas concretas que lograron sortear todos los controles que la Administración andaluza había estipulado en el control y seguimiento de las millonarias ayudas.
La segunda losa sobre la cabeza de Chaves se la ha colocado el ex interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, también uno de los casi 300 imputados en el caso ERE por la juez Mercedes Alaya. “Cúmulo de invenciones”, dijo el interventor en un comunicado tras analizar las versiones de los dos expresidentes andaluces imputados en el caso. Según Gómez, tanto Chaves como Griñán han tratado de defenderse con la estrategia conjunta de apuntar hacia abajo, derivando su “evidente responsabilidad en el fraude hacia los interventores”.
“Después de conocer el contenido de las declaraciones de quienes han presidido la Junta de Andalucía en los últimos 25 años me siento tan avergonzado de ser andaluz que, si fuera legalmente posible, pediría de inmediato mi desnaturalización”, expone el exinterventor general en el comunicado.
El expresidente andaluz, ex ministro, expresidente del PSOE y actualmente diputado aforado en el Congreso aseguró ante el juez del Supremo que “en ningún momento” adoptó una decisión “basada en la ilegalidad”, según consta en el acta de la declaración. Por tanto, el “gran fraude” reconocido por Griñán a su salida del Supremo trastocó la estrategia conjunta de todos los aforados que han desfilado y desfilarán en los próximos días por el alto tribunal. “Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos será la Justicia la que determine si esas actuaciones individuales provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o grande”, dijo Chaves.
El choque de trenes entre el interventor general de entonces y el expresidente andaluz se produce en el momento en que Chaves asegura ante el juez Barreiro que nunca recibió los informes de la Intervención General que alertaban de la opacidad del fondo de los ERE y, por el contrario, recalcó que el interventor no dictó en ningún caso un informe de actuación, una fórmula que sí habría alertado de la situación a la cúpula del Gobierno. Aunque Chaves aludió a la posibilidad de que el interventor no advirtiera del fraude, eludió del mismo modo hacerle corresponsable de que no se detectara. Por tanto, Chaves pensó que si el interventor no elevó informe de actuación fue porque “probablemente” no advirtió ninguna irregularidad.
Mientras tanto, los expresidentes andaluces siguen a día de hoy manteniendo sus cargos públicos y sus aforamientos mientras Susana Díaz está encallada en las negociaciones para recibir el respaldo a su investidura como presidenta de Andalucía. Ni Ciudadanos ni Podemos quieren hablar nada con el PSOE, fuerza más votada en las pasadas elecciones autonómicas del 22 de Marzo, hasta que los imputados entreguen sus actas. Díaz cree que tanto Chaves como Griñán ya asumieron en su momento sus responsabilidades políticas en el caso.
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