Por Manuel Domínguez Moreno
En diciembre de 2005, la periodista, activista y bloguera mexicana Lydia Cacho, colaboradora de Cambio16, fue torturada por varios policías, entre ellos J.M.Q., quien lideró el grupo de agentes poblanos que orquestó veinte horas de tortura continuada contra ella hace exactamente una década.
Este martes, 21 de abril, se llevó a cabo la primera audiencia en la que la conocida activista de derechos humanos amplió su declaración contra este individuo, en un cara a cara que sólo ha sido posible después de que la ONU haya admitido su caso en Ginebra. Entre cuatro y seis horas declaró Cacho respondiendo a las preguntas de quien ella señala como el cabecilla de sus torturadores.
“Una puede pensar que después de tantos años de hacer terapia psicológica y de reconstruir tu vida todo sería más sencillo, pero no lo es; estoy inquieta, los recuerdos vuelven, la tortura y las amenazas han vuelto a mí como si hubiese sucedido apenas hace unos días. Recuerdo lo que el policía Montaño me dejó claro al dejarme en la cárcel de Puebla advirtiéndome que dentro sería violada por las presas pagadas para ello, me advirtió que si lo detenían él se encargaría de mi muerte, lenta y dolorosa. Lo detuvieron sólo después de una década porque llevamos el caso a Ginebra”, declaró Lydia Cacho a sus abogados este lunes previo al careo con el policía.
“Tenemos información clara de que el despacho del abogado Oscar Jorge Fink Serra, radicado en Cancún, quien hace años defendiera a Kamel Nacif Borge, es ahora el defensor legal del policía y que los vínculos mafiosos entre ellos siguen vigentes. Eso significa que la protección de las mafias de tratantes de niñas y niños con mis torturadores probablemente siga viva”, recalcó la periodista autora de Esclavas del poder, Demonios del edén y Memorias de una infamia.
ARTICLE 19, encargado de la defensa de la periodista, enfatiza que la detención y procesamiento de uno de los policías detenidos no garantiza el derecho a la justicia, puesto que todavía queda pendiente la captura y enjuiciamiento de los actores intelectuales de las agresiones sufridas contra Lydia Cacho en 2005.
En octubre de 2014, ARTICLE 19 y Lydia Cacho presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de ONU una petición individual para que el caso fuera revisado ante esa instancia. Derivado de esto, se activó un proceso judicial contra uno de los policías que participó en su detención arbitraria y posterior tortura.
En diciembre de 2014, tan sólo dos meses después de presentar la comunicación ante el organismo internacional, la PGR ejerció acción penal contra dos policías judiciales del Estado de Puebla (México). De forma inusitada, y siendo que la averiguación previa se encontraba en integración desde 2006, finalmente –a raíz de la demanda de justicia a nivel internacional– se decidió perseguir y enjuiciar a dos de los responsables. Uno de ellos fue capturado y sujeto a proceso en prisión, mientras que otro se encuentra prófugo.
Los autores intelectuales
En lo que respecta a los autores intelectuales de la detención arbitraria, tortura y violaciones a las garantías procesales de Lydia nada se ha avanzado. La impunidad de las agresiones graves contra la también activista reafirman los señalamientos hechos por Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre Tortura y Tratos Crueles para las Naciones Unidas.
De acuerdo a cifras de la PGR, existen más de 4.000 casos de denuncia por tortura. Sin embargo, la Relatoría Espacial sobre tortura de la ONU ha señalado que sólo se consignaron cinco casos de tortura de 2005 a 2013.
En este marco, Lydia Cacho ha sido llamada a declarar una vez más a juicio a solicitud de la defensa del policía. Durante su lucha contra la impunidad, la periodista ha sufrido amenazas y hostigamientos severos que han puesto en riesgo su vida, integridad y seguridad personales. Ello denota que los autores intelectuales de los delitos y violaciones a derechos humanos contra Lydia Cacho en diciembre de 2005, «políticos de alto nivel y empresarios, reaccionan con virulencia ante la demanda persistente de justicia y cualquier avance mínimo en su proceso», apuntan desde la defensa de la periodista.
De esta manera, reclaman la importancia de que se garanticen plenamente la seguridad e integridad de Lydia Cacho durante el proceso penal seguido contra el policía judicial por el delito de tortura.
ARTICLE 19 recuerda que la petición individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU parte de la exigencia de justicia completa, hasta hoy insatisfecha. Por ende, la captura y procesamiento de un policía que actuó bajo las órdenes del entonces Gobernador de Puebla, y diversas altas funcionarias y funcionarios de procuración y administración de justicia, no resulta suficiente.
En todo caso, lo sucedido en los últimos meses se acerca más a un paliativo que a una verdadera garantía de acceso a la justicia para Lydia Cacho, casi diez años después de las agresiones sufridas, apuntan sus defensores.
Conforme a los criterios de 
Saber más
