Los retos del nuevo Gobierno

Por Iñigo Aduriz | Juan Emilio Ballesteros | María Jesús Hernández | Gorka Landaburu
ACTUALIZADO 20/12/2015

• Entrevistas: Pedro Sánchez (PSOE) | Pablo Iglesias (Podemos) | Albert Rivera (Ciudadanos) | Alberto Garzón (UP)
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• La porra de los analistas

La undécima legislatura de la democracia será la de la segunda transición. La irrupción de los partidos emergentes en el Congreso de los Diputados revolucionará la forma de hacer política y la de gobernar. Las acciones deberán estar enmarcadas en la búsqueda del consenso.

1.- LA LEGISLATURA DEL PACTO

Los próximos años serán los del pacto y el acuerdo. Las encuestas apuntan a que en la undécima legislatura habrá  un Congreso de los Diputados en el que cuatro partidos –PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos– rondarán entre el 15% y el 30% de los apoyos. Esto hará que el nuevo Gobierno tenga que estar compuesto por más de un grupo político o que, en todo caso, el Ejecutivo tenga que recibir el apoyo de varias fuerzas. El Parlamento se recuperará como plaza de diálogo y negociación y la falta de mayoría obligará al presidente y a su equipo a rendir cuentas ante sus socios de manera puntual y más frecuente. Quien quiera que lo forme y lidere deberá hacer frente a los grandes retos de la legislatura.

La Moncloa deberá mirar a Cataluña y tomar las riendas en la utilización de las herramientas del Estado para obligar a los mandatarios catalanes a cumplir con la ley. Y, a la vez, tendrá que buscar una solución política para el conflicto, uno de los más graves de la historia reciente. Su trabajo estará centrado, además, en restaurar la convivencia y los lazos afectivos de una sociedad catalana fuertemente polarizada.

El entendimiento entre los agentes sociales y económicos en materia de empleo se presenta como otro de los grandes desafíos, tras una legislatura en la que no se ha conseguido que el paro descienda del 20% y en la que la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP no ha dado los frutos esperados. La tendencia hacia el envejecimiento de la población hace que sea urgente, asimismo, un plan que garantice la sostenibilidad del sistema sanitario y de pensiones.

El consenso también determinará el calado de la reforma de la Constitución que plantean en sus programas todos los partidos políticos excepto el PP. El Gobierno deberá ser juez y parte en el proceso que pretende redefinir el modelo territorial del Estado, fijar las competencias autonómicas y blindar nuevos derechos fundamentales. El acuerdo será más que necesario a la hora de abordar un pacto nacional por la educación, sobre todo después de que todos los grupos con representación parlamentaria prometieran en la recién finalizada legislatura la derogación de la conocida como ley Wert.

Cuatro años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada el proceso de paz se mantiene encallado a la espera de que la banda entregue las armas y de que el Gobierno entrante tome la iniciativa en materia de política penitenciaria. La principal amenaza la representa ahora el terrorismo yihadista, sobre todo después de que los atentados de París demostraran su fuerza y su presencia en la sociedad europea. La lacra de la violencia machista que ha provocado decenas de asesinatos en el último año también se tendrá que situar entre las prioridades del Ejecutivo.

Aunque la decisión que adopten finalmente los indecisos (22% según el último CIS) concretará el panorama político el 20 de diciembre, Ciudadanos se presenta como la llave para gobernar España. Una vez descartado un Ejecutivo respaldado por las dos fuerzas emergentes –Podemos ya ha excluido cualquier opción de llegar a un acuerdo con el partido que preside Albert Rivera–, ambas, sobre todo la naranja, sí tendrán en sus manos la orientación política del país.

Si es el PP el partido con más apoyo en las urnas y Ciudadanos opta por respaldar un Ejecutivo popular liderado por Mariano Rajoy, el presidente tendrá que responder ante un grupo que exige más transparencia de las administraciones y tolerancia cero ante la corrupción. También podría darse el escenario en el que la formación de Rivera pusiera como condición a los populares que Rajoy no sea presidente. Esto situaría al PP ante el dilema de tener que ceder y presentar a otro candidato o, si la gobernabilidad es imposible, convocar unas nuevas elecciones. En función del respaldo que obtuviera en las urnas, el partido conservador tendría también la opción de gobernar con acuerdos puntuales como en legislaturas anteriores.

Los partidos bisagra

Albert Rivera podría, en cambio, apoyar al PSOE, bien porque el de Pedro Sánchez sea el partido más votado o porque considere necesario desbancar al PP del Ejecutivo tras cuatro años marcados por los recortes. Los socialistas podrían verse obligados a realizar un giro a la derecha en sus planteamientos y propuestas en materia económica y laboral. También en cuanto al modelo territorial. Ciudadanos plantea, por ejemplo, el fin de los regímenes fiscales que hoy rigen la financiación de Euskadi o Navarra, actuación que sería casus belli en ambas comunidades y que situaría a Sánchez ante posibles nuevos focos de inestabilidad como la que caracteriza a Cataluña. El apoyo que los socialistas obtengan en las urnas será crucial para el futuro de Sánchez, dado el ruido interno que aún existe en el PSOE. Aunque pudiera optar a gobernar, un resultado por debajo del suelo de los 110 diputados de la recién finalizada legislatura despertaría las voces que cuestionan el liderazgo del secretario general y podrían abocar al partido a un congreso extraordinario.

El papel de Podemos sería también el de partido bisagra. Su líder, Pablo Iglesias, contempla como única posibilidad un acuerdo con el PSOE. No obstante, ha insistido en que sólo pactaría con los socialistas si su partido queda por encima del de Pedro Sánchez en las urnas. En un panorama tan fragmentado también podrían determinar el futuro del país otras fuerzas políticas con menos expectativa electoral, como IU o los partidos nacionalistas.

2.- CATALUÑA | EL MAYOR DESAFÍO DESDE EL 23-F

La mayor crisis de la democracia española después del intento fallido de golpe de Estado de 23F será la primera prueba de fuego del Gobierno que saldrá de las urnas el 20 de diciembre. El desafío catalán es múltiple, pero la primera labor del nuevo Ejecutivo será afrontar las consecuencias de las medidas puestas en marcha por el equipo saliente, con el objetivo de ir en contra de la hoja de ruta secesionista que se inició en el Parlament.

Activar nuevas iniciativas para hacer cumplir la legislación vigente y rehacer los puentes para dar con una solución política que frene el choque de trenes y, asimismo, desbloquee la situación de enfrentamiento entre las instituciones española y catalana serán labor del nuevo Gobierno. Y las conversaciones entre el Ejecutivo central y las instituciones catalanas deberán versar sobre fiscalidad y financiación.

La vía judicial emprendida por el equipo de Mariano Rajoy no tiene que ser la única a juicio de los analistas. “Se debe salir de la lógica actual para recuperar una relación consultiva entre el derecho y la política. El primero debe volver a ser un instrumento para que la segunda no descarrile”, asegura Pere Vilanova, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona. Josep María Reniu, compañero de departamento en el mimo centro, afirma que “se ha constatado que la vía judicial impide cualquier atisbo de solución en el escenario actual, por lo que será del todo inexcusable la consideración de una salida política, que se base en una negociación que contemple escenarios políticos y no judiciales ni de otra índole”.

Ese camino requerirá que desde la Moncloa se pongan encima de la mesa propuestas para dar solución a los problemas de los catalanes, que junto a las necesidades políticas de Convergència Democràtica de Catalunya y de Artur Mas han fomentado el clima propicio para que el 47,74% de ellos apoyaran la opción de la independencia en las pasadas elecciones autonómicas.

Apagar el fuego avivado a partir de 2012, después de que Rajoy dijera ‘no’ a la propuesta de reforma fiscal de Mas, será una urgencia para el nuevo equipo al frente del país. Mientras tanto, el Congreso de los Diputados discutirá previsiblemente la reforma de la Constitución y el nuevo modelo territorial del Estado. La España federal la proponen PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU, pero su definición implicará más o menos autogobierno y reconocimiento nacional de la realidad catalana. Las tiranteces de los últimos años sólo podrán superarse si encima de la mesa se contemplan también cuestiones como el respeto mutuo a la cultura y a las lenguas.

La despolarización

De forma paralela se tendrá que activar la maquinaria de la seducción para la reconquista social de Cataluña. A diferencia de lo que se encontró en 2011 el equipo de Rajoy –cuando apenas una tercera parte de los catalanes apoyaban la independencia–, el nuevo Ejecutivo llegará a la Moncloa con la ardua labor de despolarizar una sociedad catalana que, según el último barómetro de la Generalitat, se parte en dos entre quienes quieren la independencia y se desentienden del proyecto español –un 46,7%– y los que, por el contrario, se alejan del planteamiento secesionista y buscan alternativas dentro de España –el 47,8%–. No valdrán únicamente las estrategias políticas. Entrarán en juego la empatía y el afecto, cualidades que se han mantenido ausentes en los últimos cuatro años de legislatura si se analiza la relación entre España y Cataluña.

Tras años de enfrentamiento, algunos analistas y partidos como IU y Podemos consideran que la única opción pasa por la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y que ésa debería ser la prioridad del Gobierno que se cree tras el 20D. Reniu argumenta que “con la estrategia de judicialización” practicada desde las instituciones españolas “la situación actual pasa por la negociación de los términos de un referéndum ‘a la escocesa’ como única opción viable”. Estima que “ni la oferta de ‘terceras vías’ en forma de reforma en sentido federal, ni la oferta de un sistema de financiación similar al concierto económico de Euskadi, ni la propuesta de una disposición adicional a la Constitución son escenarios considerables para la mayoría parlamentaria, política y social en Cataluña actualmente”. Ve el referéndum como el único “punto de encuentro” posible para avanzar.

Pere Vilanova señala, en cambio, que se debe plantear un escenario que se inspire en los Pactos de la Moncloa de 1978. “El nuevo Gobierno tiene que admitir que lo que ha sucedido en Cataluña no responde a frivolidades o imaginaciones. Debe legitimar el debate, y para ello tendrá que llamar a la nueva Generalitat, pero también a los agentes sociales”. El catedrático barcelonés es optimista y sí ve posible un acuerdo que mantenga a Cataluña dentro de España.

3.- REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN | RECUPERAR EL CONSENSO

La Constitución cumple 37 años justo en el momento en el que ha pasado de símbolo de la modernidad de la democracia española a lastre para el desarrollo y la evolución del Estado de derecho. Esto es lo que sostiene la mayoría de los partidos políticos, que se muestran convencidos de la necesidad de reformar la ley de leyes para adecuarla a la situación socio-económica de la España actual. El Gobierno que tome las riendas del país en las próximas semanas será el encargado de pilotar y supervisar el proceso. Y su principal y complicada tarea consistirá en tratar de garantizar el grado de acuerdo que exige esta revisión.

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, recuerda que “no hay reformas sin consenso. Es un requisito sine qua non”. Así lo establece la propia Constitución. El procedimiento ordinario, recogido en el artículo 167, es el que se utilizó en 2011 para incorporar el principio de estabilidad presupuestaria al artículo 135, gracias al polémico acuerdo alcanzado entre PSOE y PP. Exige que el proyecto de modificación sea refrendado por una mayoría de tres quintos –210 diputados– tanto del Congreso como del Senado, aunque si no también es posible hacer el cambio con el voto a favor de la mayoría de dos tercios –233 representantes– de la Cámara Baja y la mayoría absoluta de la Cámara Alta. El referéndum en este caso no es imprescindible.

Sí lo es cuando se recurre al procedimiento agravado, contemplado en el artículo 168 de la Carta Magna. Este precepto regula la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I o al Título II. En este caso la reforma debe ser apoyada por dos tercios de los representados en ambas cámaras, que tendrán que ser disueltas de inmediato. Resulta así obligada la convocatoria de nuevas elecciones que conformen las cortes constituyentes que revisen el nuevo texto, que vuelvan a aprobarlo por dos tercios y que convoquen la consulta. 

La división del voto augurado por las encuestas determinará, por tanto, el calado de la reforma constitucional. Aunque las distintas fuerzas políticas han planteado también diferentes prioridades, hay varios aspectos en los que se centrará el debate en los próximos meses. La reforma del Senado para convertirlo en una cámara territorial y descentralizada la plantean todos los partidos. Y Ciudadanos y UPyD contemplan incluso su supresión. La catedrática Yolanda Gómez sí considera que es necesario que se mejore la “representación de las autonomías” en la Cámara Alta. Y, como en 1977, en este debate resultará determinante el papel que tengan las fuerzas nacionalistas en la negociación.

Pero la cuestión clave de la nueva legislatura será la reforma del modelo territorial, cuando se multiplican las voces que consideran agotada la España de las autonomías, en pleno conflicto abierto con Cataluña y, en menor medida, con el País Vasco y Navarra por su régimen fiscal. El reto del próximo Ejecutivo y de los constitucionalistas que trabajen en el nuevo texto será consensuar el modelo en el que todas las comunidades autónomas –incluidas las que gozan de una mayor soberanía– se vean aceptadas. El federal es el que tiene más opciones de prosperar, aunque los partidos que lo proponen disienten sobre detalles como el grado de competencias de las ‘federaciones’ y el carácter singular de algunas de ellas. Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, ve deseable que se contemple una mejor regulación del referéndum que posibilite consultas como la exigida por los catalanes.

La relectura del artículo 57, el referido a la Corona, tendría como objetivo eliminar la preferencia del varón en la sucesión del trono. El consenso es pleno en este aspecto, incluso por parte del PP. Y aunque no es su prioridad, IU sí tratará también de cuestionar la propia monarquía para instaurar la III República, iniciativa que no está en la agenda del resto de fuerzas políticas.

Los derechos fundamentales

Más fácil resultará el acuerdo en lo referido al artículo 1 de la Constitución que recoge los derechos fundamentales. El objetivo será incorporar algunos que no se recogen como tales en el texto, como el de la sanidad o el de la protección de las personas discapacitadas. También otros de nueva generación como el de la protección de datos. Bilbao añade, asimismo, la necesidad de abolir la pena de muerte de la Carta Magna, incluso en casos de guerra, y plantea que se elimine cualquier vinculación con la Iglesia católica. “A través de la reforma se tiene que conseguir que la Constitución pueda ser asumida como propia por la mayoría de los españoles y, sobre todo, por quienes no pudieron votar la actual. Tendrá un efecto saludable sobre la democracia”, vaticina Bilbao.

Encima de la mesa de las negociaciones se situarán, además, la redefinición de las relaciones entre los órganos del Estado y el método de elección de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. El principal propósito es que se garantice su independencia del poder político y se ponga punto final al sistema de cuotas del que se benefician las grandes fuerzas políticas.

4.- EMPLEO | OTRA VUELTA DE TUERCA A LA REFORMA LABORAL

Primero fueron los brotes verdes, que tímidamente anunciaban el fin de una crisis global que en España ha tenido efectos devastadores, con una tasa de desempleo que superó los seis millones de parados, más de tres millones de ciudadanos en situación de pobreza severa y la desaparición de la clase media. Después se empezó a hablar abiertamente de recuperación; más tarde de milagro económico y de un país transformado en la nueva locomotora europea. La economía ha sido la principal baza electoral del PP y el argumento de Mariano Rajoy para recobrar la confianza de los votantes, dilapidada con la reforma laboral y unos ajustes que, si bien evitaron el rescate de la Unión Europea (UE), no lograron mantener el bienestar de una sociedad que nunca se creyó que había vivido por encima de sus posibilidades, arrasando de paso con conquistas sindicales, derechos laborales y todo el sistema de prestaciones públicas.

En realidad, todos los partidos políticos han echado la carne en el asador con las propuestas económicas de sus respectivos programas electorales, lo que refleja la síntesis más descarnada de la incidencia de factores como crecimiento, empleo e inflación a la hora de votar. El ciudadano sabe que hará falta algo más que bonitos discursos y buenas intenciones para dejar atrás una recesión que ha empeorado sus vidas, en ocasiones hasta límites insoportables. Se admite que es necesario cambiar el modelo productivo, pero se discrepa sobre quién debe pagar los platos rotos de la crisis, un coste que hasta ahora han asumido los más débiles: las familias, los funcionarios, los que cotizan en el IRPF y las pequeñas y medianas empresas. Ni la construcción ni el turismo, a pesar de su incidencia en el PIB, volverán a crear empleo y riqueza como lo hicieron antes del estallido de la burbuja. El cambio que se precisa es más profundo, estructural, que flexibilice sin precarizarlo el mercado laboral y que transforme el sistema educativo para que los demandantes de trabajo afronten las necesidades contractuales de las empresas.

Frente al triunfalismo de quienes se arrogan haber sacado al país de la crisis, la Comisión Europea ha rebajado las previsiones de crecimiento, elevando el porcentaje sobre el incumplimiento del déficit hasta el 4,7% del PIB para este año y al 3,6% en 2016. Un jarro de agua fría para el Gobierno, que confiaba en mantener el 4,2% y el 2,8%, respectivamente, pactados con Bruselas. La predicción sobre la creación de empleo también es mala. El paro no bajará del 20% hasta 2017.

La deuda pública estará por encima del 100% este año y alcanzará máximos en 2016 con un 101,3% del PIB. El déficit estructural pasaría del 2,5% en este ejercicio al 2,6% el próximo año. El informe de los expertos europeos quita hierro a estas cifras y señala que, pese a la ralentización, el crecimiento continúa siendo robusto, apoyado en una creación sostenida de empleo, la mejora de las condiciones de financiación y de alta confianza y los bajos precios del petróleo. En cuanto al PIB se espera que alcance el 3,1% este año y que en el periodo 2016-2017, impulsado por la demanda interna, llegue hasta el 2,7 y el 2,4, respectivamente.

La recuperación contribuirá a la reducción del déficit público, cuya limitación provocó la reforma exprés de la Constitución –la primera en 30 años– pactada por PP y PSOE, aunque los socialistas se desmarcan ahora de aquel “error” de Zapatero y quieren sacarlo de la Carta Magna. El PSOE se ha sumado a la iniciativa de IU para dejar sin efecto el artículo 135. Comparado con el resto de países europeos, el déficit español es el más alto de la UE tras el croata (4,9%), peor incluso que el griego (4,6%).

La aparente buena marcha de la economía española no bastará para reducir el agujero fiscal y cumplir el ansiado objetivo del déficit, ni siquiera aunque el crecimiento se sitúe en torno al 3%. La expansión del gasto público en los últimos meses, que animó el crecimiento, va a obligar a ajustes presupuestarios. Según Rafael Domenech, economista jefe de Economías Desarrolladas del servicio de estudios de BBVA, la necesidad de reducir la brecha entre gastos e ingresos obliga a incentivar el ahorro con medidas de choque entre las que destacan las reformas estructurales que liberalicen los mercados, la reducción del tamaño del sector público y el avance de los sistemas de copago en materia de sanidad, educación e infraestructuras, es decir, menos gasto y más impuestos para financiar los servicios públicos. El principal reto presupuestario se centra en reducir el impacto de la Seguridad Social en las cuentas públicas sin que se pongan en peligro las prestaciones en sanidad, dependencia y pensiones.

Menos inflación, más déficit

La receta económica es la misma, pero depende de quién la aplique varía la proporción de los ingredientes. La tendencia es menos inflación, más superávit de la balanza de pagos y más déficit público. El PP seguirá apostando por la reforma laboral que puso en marcha en 2012, cuando aprobó duros ajustes que, según Rajoy, evitaron el rescate y reactivaron la economía. No obstante, para el futuro anuncia bajada de impuestos y reforma fiscal, una promesa incumplida de su anterior programa electoral. También contempla modificaciones en la financiación autonómica y municipal y un adelgazamiento de la Administración pública. Reconoce que la asignatura pendiente es el paro y la reactivación del consumo.

La cacareada derogación de la reforma laboral, bandera electoral del PSOE, pierde fuelle, pese a que algunos líderes del partido, como la andaluza Susana Díaz, no renunciarán a este objetivo. Pedro Sánchez ha reculado en este propósito y se ha echado en brazos de los sindicatos para retomar la negociación colectiva y para que resuelvan los temas más polémicos, como es el caso de la indemnización por despido. Ahora habla de reforma profunda, pero los 45 días por año trabajado ya son historia. Quiere un nuevo Estatuto de los Trabajadores para defender los derechos… que queden. Pretende asimismo blindar los derechos sociales con una reforma constitucional que propugnaría la federalización del modelo territorial, clave para consensuar una solución pactada al desafío soberanista catalán.

El motor del crecimiento económico, además de un cambio del modelo productivo, lo sitúa en la educación, un área en la que se compromete a una inversión que alcanza el 7% del PIB en las dos próximas legislaturas. Jordi Sevilla, que coordina el grupo de expertos que elabora el programa económico y fiscal del PSOE, se reafirma en el objetivo de reducir el déficit público al 1% al final de la legislatura, en 2019, un compromiso que es compatible con el Estado del Bienestar en virtud de un reparto más justo de los impuestos para que paguen menos los trabajadores y más las grandes empresas.

Desde Ciudadanos, Albert Rivera derogará tanto la reforma laboral del PP como la del PSOE. Su compromiso es establecer un modelo único de contrato indefinido, que contemplaría indemnizaciones crecientes según la antigüedad en caso de despido. Revisaría la cuota a la Seguridad Social de los autónomos, que se establecería en función de la facturación. Situará la edad de jubilación en 65 años.

Tanto Podemos como IU escoran a la izquierda sus propuestas, aunque han suavizado su radicalidad, sobre todo en el primer caso. Pablo Iglesias no quería pagar la deuda, pero ahora se conforma con renegociarla y reestructurarla, una medida que afecta también a las deudas privadas. Pretende acabar con los desahucios. Propugna una renta básica para quien carezca de ingresos y la subida del salario mínimo interprofesional a 750 euros. La edad de jubilación, a los 63 años. Ambas formaciones quieren reformar la Constitución y, en el caso de IU, se pronuncia por el Estado federal, republicano y laico. Para Alberto Garzón, cartel de Unidad Popular, la marca electoral de IU, el Estado tiene la obligación de garantizar el trabajo y unas condiciones laborales dignas. Prevé la creación de un millón de empleos públicos con una desembolso de 9.000 millones de euros. Defiende la nacionalización de empresas de sectores estratégicos, como la energía, y que la Constitución prohíba las privatizaciones.

5.- EMIGRACIÓN | EL DESAFÍO DE LOS REFUGIADOS

1 de noviembre de 1988. Una barca de madera de unos seis metros aparece varada en la playa de Los Lances (Tarifa). Junto a ella, el cadáver de un joven marroquí. Había pagado 35.000 pesetas para subir a la primera patera de la que se tiene constancia en España. Casi tres décadas después, la historia es la misma, pero las cifras se multiplican. Más de 8.300 inmigrantes han llegado a nuestro país en lo que va de año y otros 800.000 han llamado a la puerta de Europa, según datos de ACNUR. Pagan miles de euros en busca de una vida mejor.

El mayor desafío para el nuevo Ejecutivo, en el que irá de la mano de la UE, lo plantea el continuo flujo de refugiados. Los expertos muestran unanimidad: no parará. Las cifras hablan por sí solas, de los 800.000 que han llegado en el año 2015 sólo se ha conseguido un acuerdo para reubicar a 120.000 y se hará a lo largo de dos años. Los titubeos iniciales, la lentitud del proceso y los pasos encaminados hacia el bloqueo (cada día se introducen más controles en las fronteras y hasta el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha asegurado que Schengen está en juego) están poniendo en cuestión los principios básicos que sostienen la UE. “Será crucial saber qué posición va a tener el Gobierno con respecto a esta situación y de cara al reparto; si trabajará en la defensa de los derechos de estas personas, desarrollará políticas para atenderlas o si apostará también por las políticas de contención”, manifiesta Julia Fernández, directora de la ONG ACCEM.

Otro de los asuntos que se tendrá que abordar de manera conjunta es el sistema europeo común de asilo. “Es muy disfuncional, hay unos países que han aplicado unas directivas y otros, otras… esta disfuncionalidad está ocasionando que sea una lotería para el refugiado tramitar su asilo en días o en meses; que pueda completar la reunificación de su familia en seis meses o en dos años”, explica María Jesús Vega, portavoz de ACNUR. Esta situación no es ajena para los refugiados, que tienen muy claro su destino y ése es Alemania.

Para muestra, el primer grupo de reubicados que llegó a España el pasado 8 de noviembre: de los 19 esperados sólo aterrizaron 12 -un sirio y 11 eritreos-. Los solicitantes de asilo conocen la crisis, el paro y que el sistema de acogida español sólo garantiza seis meses de ayudas. Alemania, además de ser uno de los países más ricos y donde más redes familiares tienen, les proporciona ayudas y formación profesional para integrarse en el mercado laboral hasta que se ‘independizan’. Además de trabajar para tratar de reducir las diferencias, el nuevo ejecutivo tendrá que enfrentarse a más de 12.000 expedientes sin resolver que acumula nuestro país, según Eurostat.

Además de la crisis de los refugiados, la herencia recibida en política migratoria del Ejecutivo de Mariano Rajoy estará en primera línea los próximos cuatro años. La exministra Ana Mato dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y limitó su cobertura a los servicios de urgencia, excepto para las embarazadas y los menores de edad. La polémica nunca se ha separado de esta medida que fue rechazada por las comunidades no gobernadas por el PP y que a día de hoy sigue dando titulares: el Tribunal Constitucional ha suspendido este noviembre la sanidad universal para los inmigrantes en la Comunidad Valenciana, como ya lo hizo antes en Navarra y País Vasco. En estos dos últimos casos, finalmente el Constitucional anuló esa suspensión que había pedido el Gobierno. Tanto el PSOE como Podemos y Unidad Popular han asegurado que derogarán esta medida; Ciudadanos, por su parte, habla en su programa de limitar las prestaciones en sanidad para los inmigrantes.

El nuevo Ejecutivo también tendrá que dar respuesta a las denuncias por las ‘devoluciones en caliente’ en Ceuta y Melilla, práctica que el Gobierno de Rajoy intentó ‘legalizar’ bajo la figura de “rechazo en frontera” en la Ley de Seguridad Ciudadana (‘ley mordaza’). Estas actuaciones vulneran la normativa internacional de derechos humanos de la que España es parte. Cuestionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene como origen la tragedia del Tarajal, donde murieron 15 personas. Esta reforma está en la agenda de toda la oposición.

En el punto de mira también las peligrosas concertinas y, cómo no, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Interior ha llegado a admitir que se incumple la legalidad en todos los CIE -ocho en toda España- “por la necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exigen”. Pablo Iglesias y Alberto Garzón piden su cierre, Pedro Sánchez propone diseñar un nuevo modelo; mientras, Ciudadanos, que votó en contra de su cierre en el Parlamet catalán, asegura que hará que se respeten los derechos humanos en ellos.

6.- MACHISMO | NI UNA MUERTA MÁS

Que sea una cuestión de Estado. Ésa fue la reivindicación de los más de 400 colectivos feministas que el pasado 7 de noviembre reunieron a cientos de miles de personas en la mayor manifestación contra la violencia machista en España. Ahora, la piedra está en el tejado del próximo Ejecutivo.

Los datos abruman: desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y no sólo son ellas. En la última década , 44 menores han muerto a manos de sus padres, 26 de ellos durante el régimen de visitas. En el punto de mira: la eliminación de la custodia compartida y el régimen de visitas a los menores de los maltratadores condenados.

Movimiento Feminista alerta de “la necesidad de redoblar los esfuerzos de toda la sociedad y de los poderes públicos”. El recorte sistemático de las partidas presupuestarias “está poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres, así como de sus hijos”, señala. Actualmente, España dedica a la prevención integral de la violencia de género un 26% menos de recursos que en 2010.

7.- EDUCACIÓN | LA FORMACIÓN ES EL FUTURO

Muy pocas leyes han conseguido tanto consenso como la famosa ley Wert (LOMCE). Toda la comunidad educativa se unió para decir ‘no’ a la séptima ley orgánica de educación no universitaria en España desde la llegada de la democracia. En la memoria, dos huelgas generales y el compromiso de los principales partidos de la oposición de derogar esta norma. Nada nuevo. Cada vez que el Ejecutivo cambia de signo, los estudiantes cambian de libros. Un vaivén que lastra el sistema y sume en la inestabilidad a uno de los pilares básicos de cualquier sociedad: la educación.

Actualmente reina el caos y el nuevo Gobierno, sea el que sea -si el PP consigue gobernar necesitará apoyos y esos apoyos pedirán cambios-, tendrá que abordar la octava reforma educativa. En el horizonte, la utopía de un gran pacto por la educación que esgrimen en sus programas tanto el PSOE como Ciudadanos. Deseable, pero a primera vista, parece imposible. Si el bipartidismo no pudo conseguir ese acuerdo, la aparición de Ciudadanos y Podemos no facilitará el diálogo.

Para Ángel Gabilondo, quien buscó ese pacto cuando fue ministro de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero, quienes han dedicado “una vida a trabajar en educación” saben “que el acuerdo y el consenso es el único modo de avanzar en ella. El pacto ha de ser social y político, pero también territorial. Hay que articular programas de cooperación entre todas las comunidades para lograr cumplir con los objetivos educativos que nos marca Europa. Sigo creyendo que, por eficacia, eficiencia y por calidad democrática el pacto es no sólo posible sino que es imprescindible”.

En esta nueva legislatura volverá el debate sobre la convivencia entre la escuela pública, la privada y la concertada, la presencia de la asignatura de Religión en las aulas -que con la LOMCE cuenta para la nota media-, las reválidas, los itinerarios de los estudiantes, la segregación por sexos…

A modo de resumen, un dato: España es líder de la Unión Europea en fracaso escolar con una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que ha abandonado prematuramente el sistema educativo habiendo completado como mucho el primer ciclo de secundaria, según datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat. Este porcentaje duplica la media comunitaria (11,1%) y está todavía muy lejos del objetivo de reducir el abandono escolar al 15% de aquí a 2020.

A esto hay que sumarle que crecen las desigualdades entre ricos y pobres. Bruselas lamenta la caída de inversión cuando aumenta el número de alumnos en las clases y alerta del crecimiento de las desigualdades en educación.

También se ha puesto el foco en las últimas semanas en la preparación del profesorado, con Finlandia siempre en el horizonte, donde esta carrera es la que más nota requiere en el corte. En su libro Despertad al diplodocus, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, responsable de trazar las líneas maestras del Libro Blanco de la Profesión Docente (encargado por el Ministerio de Educación) ha puesto sobre la mesa que “los profesores buenos no deben cobrar lo mismo que los malos”. El pedagogo apunta a relacionar el sueldo con el efecto que causa en el progreso de sus alumnos y la evaluación de su trabajo en el aula. Rescata también la propuesta de un MIR educativo, algo en lo que coincide con Ángel Gabilondo.

No obstante, el socialista defiende que “los docentes son imprescindibles en este momento y hay que cuidar su carrera. Ahora hay que lograr que una profesión que es absolutamente vocacional tenga el merecido reconocimiento financiero y la estabilidad imprescindible para que el ejercicio de la profesión despliegue todas sus posibilidades en el sistema educativo”.

Con respecto a si en alguna ocasión se ha puesto la ideología por delante de la educación, Ángel Gabilondo explica que “el mayor ruido se produce cuando se pretende resolver todo desde y a través del sistema educativo. Siempre he dicho, y repito, que no se educa sólo en horario escolar. Deberíamos lograr que en el debate educativo no sea donde reverberan todos los problemas políticos y de convivencia del país”.

8.- TERRORISMO | FACILITAR EL CAMINO HACIA LA PAZ

Tras las últimas detenciones, según los expertos en la lucha antiterrorista, en Francia queda una veintena de etarras. La mayor parte son jóvenes provenientes de la kale borroka. Sin ningún tipo de estructura, o la mínima, la organización terrorista se encuentra con un escaso arsenal y prácticamente descabezada. Cuatro años después del anuncio del cese de su actividad armada ETA no sabe cómo poner punto final a su macabra historia. El problema principal es que los etarras dicen que no encuentran interlocución para proceder a su desarme y a su disolución. Desde el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no se ha tomado ninguna iniciativa para cerrar el problema, ni se ha producido contacto alguno con los terroristas para acelerar su desaparición, ni se ha acercado a cárceles vascas a los presos de la banda armada.

Esta situación de impasse, con una ETA agónica y un Ejecutivo autista, no favorece una salida ordenada como pretende el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu. Se ha vencido al terrorismo, que tanto daño ha hecho a nuestro país, pero las instituciones deben facilitar una solución que permita afianzar definitivamente la paz. No se trata de ceder ante el terrorismo, pero no se puede permitir después de tantos años de lucha que se cierre en falso y se deje pudrir un problema que ha costado tantas vidas y tanto dolor.

ETA tiene que entregar su armamento y disolverse y el próximo inquilino de la Moncloa tendrá que abordar, con compromiso y responsabilidad, la tarea de cerrar este capítulo para que nunca se vuelva a reproducir. Y el acercamiento de los presos de la banda a centros penitenciarios cercanos al País Vasco permitiría limar la tensión y vaciaría uno de los argumentos que esgrime la izquierda abertzale. Hay que actuar con raciocinio e inteligencia. Derrotado el terrorismo; es la hora de la visión política y también, cómo no, de apostar por la reinserción. Le corresponde a ETA tomar la iniciativa, pero todos deben asumir su responsabilidad para llegar al punto final. Cuando el terror se ha convertido en un síndrome global, que une a la comunidad internacional en contra de la amenaza, no tiene sentido mantener abierta la herida de ETA. La pacificación del País Vasco es hoy un hecho irreversible.