Por SANDRA MARTÍN
Las carencias del Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) del Sistema Nacional de Salud lo convierten en una de las áreas asistenciales donde mayor es el peligro para la seguridad de los pacientes y donde, debido a su saturación, aumenta el riesgo de error humano y mortalidad. Son las conclusiones que pone de manifiesto el informe Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes, presentado por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y elaborado junto con los defensores del pueblo de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Navarra.
En el estudio se asegura que, pese a los avances de las últimas décadas, las urgencias hospitalarias siguen presentado «inadecuaciones». Estas son las más relevantes:
1. Personal muy heterogéneo. Es decir, el colectivo de profesionales que atiende las urgencias es personal propio, fijo o interino, especialistas de otros servicios y un relevante porcentaje de personal en formación. Esta heterogeneidad provoca que la gestión de las urgencias se haga mucho más difícil y es muy necesario que toda la organización conozca y asuma determinados estándares y se tenga la suficiente experiencia para dar respuestas eficaces.
2. Desgaste profesional. También llamado síndrome burnout. Estrés laboral y un amplio abanico de riesgos que afectan a la seguridad y la salud de los trabajadores sanitarios. Los profesionales ‘quemados’ pueden incrementar las situaciones de riesgo.
3. Falta de personal. No todas las franjas horarias ni todos los días de la semana cuentan con la presencia suficiente de profesionales especializados. Además, la insuficiencia de personal provoca que los médicos internos residentes asuman un grado excesivo de responsabilidad. Estos últimos desempeñan entre un 30 y un 40% de los trabajos en Urgencias.
4. Saturación. El informe recoge que las repetidas situaciones de saturación en los servicios de urgencias dan lugar a un menoscabo de la dignidad de los pacientes y vulnera el derecho a la intimidad y la confidencialidad de sus datos de salud. La experiencia y los actuales métodos de gestión permiten prever el nivel de demanda. «La disponibilidad de recursos deben ajustarse a esas previsiones», se denuncia en el informe del Defensor del Pueblo.
5. No cuentan con el consentimiento del paciente. La práctica del consentimiento informado (el paciente puede decidir con libertad someterse al tratamiento ofrecido explicando lo que se le va a hacer, sabiendo lo que puede ocurrir y conociendo las posibles alternativas al tratamiento propuesto), de manera verbal o escrita, es insuficiente en los servicios de urgencias y debe ser asumida por los profesionales sanitarios. A su vez, se debe generalizar el conocimiento sobre la existencia y alcance de las instrucciones previas o últimas voluntades de los pacientes.
6. Incremento de los efectos adversos. La atención en urgencias por sus características y por la presión asistencial incrementa los riesgos para la seguridad de los pacientes y es causa de un mayor número de efectos adversos. Según el informe de los defensores, estos efectos son «evitables en buena parte».
7. No asisten a inmigrantes. Los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a recibir del sistema público atención sanitaria de urgencia. Pero desde la aprobación del Real Decreto-ley del pasado 16/2012, este derecho se ha visto dificultado por prácticas administrativas que generan inquietud, como la emisión de facturas y compromisos de pago.
8. Dificultad en la asistencia a personas vulnerables. Las urgencias no cuentan con un número suficiente de trabajadores sociales y expertos ante casos de personas en situación vulnerable: discapacidad, riesgo social, maltrato o violencia, enfermedad mental…
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