Por Juan E. Ballesteros
1/4/2017
Presionado por decenas de miles de venezolanos en las calles y exhortado por la comunidad internacional, que amenaza con la ruptura de relaciones si no se repone la legalidad constitucional, Nicolás Maduro vuelve a ganar tiempo y aparenta dar marcha atrás en el autogolpe tras la petición del Consejo de Defensa Nacional (Codena) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que revise urgentemente las sentencias en las que inhabilitó al Parlamento, donde la oposición tiene mayoría, y lo despojó de sus funciones, una maniobra que dinamita el diálogo, en punto muerto desde hace semanas, y supone de hecho la consagración de la dictadura.
Maduro ha reculado después de la que fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, una figura histórica de la revolución bolivariana, advirtiera de que las resoluciones del Supremo suponían de facto una ruptura del orden constitucional. El chavismo, que había guardado silencio hasta ese momento, se vio obligado ante el clamor internacional a convocar al Consejo de Defensa. En la resolución, el Consejo de Defensa Nacional exhorta al Tribunal Supremo de Justicia a “revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”.
También reconoce que la Sala Constitucional del alto tribunal es el único órgano judicial legitimado para resolver los conflictos entre poderes del Estado así como la instancia competente para resolver cuestiones de inconstitucionalidad en los actos emanados de la Administración pública.
Maduro, que había mantenido un cómplice silencio hasta el pronunciamiento de la fiscal general, lava así su imagen ante el mundo aunque sigue insistiendo en que la Asamblea Nacional ha incurrido en desacato. Para aliviar la presión, el presidente venezolano ha instado a la oposición a que reanude inmediatamente el diálogo con la mediación tanto del Vaticano como de los expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Panamá, Martín Torrijos, y República Dominicana, Leonel Fernández.
El presidente venezolano ha cargado contra la comunidad internacional, a la que acusa de injerencia intolerable e “intervencionismo grosero”, y ha amagado con aceptar algunas de las condiciones que pide la oposición para dialogar, un anuncio que ha sido acogido con absoluta desconfianza ante las reiteradas manipulaciones del chavismo, que utiliza las conversaciones como un arma arrojadiza para desarmar a la oposición.
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