Por Iñigo Aduriz
09/05/2017
Aunque ambas partes aseguran buscar acercamientos, la tensión no cesa entre el Gobierno central, en manos del PP, y la Generalitat que dirige la coalición independentista Junts pel Sí. El último roce, que vuelve a dar argumentos a la teoría del choque de trenes, se ha dado este mismo martes a raíz de la publicación, por parte del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) de un anuncio para licitar la compra de 8.000 urnas.
Las cajas, algunas transparentes y otras de cartón, como explica el texto publicado, servirían para recibir los votos en el referéndum de independencia al que se ha comprometido el Govern catalán y que deberá celebrarse el próximo mes de septiembre, si bien el Gobierno español insiste en que la consulta sería ilegal y recalca que la impedirá cueste lo que cueste.
La publicación del anuncio ha hecho reaccionar de inmediato a los principales representantes del Estado en Cataluña. Así, el portavoz del Gobierno, Enric Milló, ha considerado que el texto del DOGC constata «una vez más que la Generalitat está instalada en una ficción permanente intentando hacer creer a alguien que pasarán cosas que no pasarán».
También se ha referido al respecto Andrea Levy, vicesecretaria del PP, tratando de dejar claro que «no va a haber escapismo legal» y que, por tanto, la compra de urnas no va a implicar la celebración del referéndum. Asimismo, ha lanzado una advertencia a los independentistas al asegurarles que «los ejercicios de escapismo van a costarle muy caros a aquellos que los quieran practicar».
El enfrentamiento ha ido recrudeciéndose a lo largo de la jornada, en la que también se ha conocido que la Fiscalía General del Estado está preparando una querella contra la administración catalana por la licitación del acuerdo que hace mención a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, la disposición transitoria segunda del Estatut de 2006 y a la Ley Orgánica de 1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum.
El cara a cara se ha dado en el Senado, donde esta tarde se celebraba una sesión de control al Ejecutivo. Allí, el portavoz del Partit Demòcrata en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha acusado al Gobierno de “tener tanto miedo a la democracia que, incluso, amenazan en perseguir a los fabricantes de urnas. ¡Qué vergüenza!”.
A su juicio, el Ejecutivo “teme las urnas» porque sabe que después de «dar la espalda» a los catalanes «durante décadas», ahora quieren «libertad», gestionar sus recursos y «ser un Estado europeo». En este sentido, ha advertido a la vicepresidenta del Gobierno que “no le salga alergia con las urnas, que votar en democracia es lo más importante que tenemos”.
La respuesta le ha llegado de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha asegurado que el Gobierno «no va a permitir que se agredan las reglas de la democracia» y ha ironizando al decir que «el secesionismo catalán se está quedando del tamaño de una urna». La número dos del Ejecutivo ha señalado que «el referéndum de autodeterminación no puede hacerse y no va a hacerse y menos coartando a la oposición, a los funcionarios y al conjunto de los catalanes».
Conforme a los criterios de 
Saber más
