Por Manuel Domínguez Moreno
Corrupción, corrupción y más corrupción. Ha sido el tema estrella del discurso de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía y candidata a la presidencia de la Administración autonómica. “Si todos queremos, acabaremos con la corrupción. Si todos hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Y si todos hacemos lo que debemos hacer, acabaremos con la corrupción”. Es decir, la corrupción como el gran ogro al que batir durante los próximos cuatro años después de haber mantenido el PSOE el poder ininterrumpidamente en Andalucía durante casi cuatro décadas.
En un discurso abanderado por la promesa de aprobar hasta una veintena de leyes y llevar a cabo más de 130 medidas concretas contra la corrupción y el desempleo prioritariamente, Susana Díaz ha emitido unos cantos de sirena que sólo la bancada de Ciudadanos está dispuesta a oír en segunda votación el viernes con su abstención, la que posibilita el Gobierno en minoría del PSOE de Susana Díaz. Aunque el partido de Albert Rivera venderá cara su abstención al pedir por escrito la firma del pacto anticorrupción, ¿con Aznalcollar?, porque los lideres de Ciudadanos saber lo de las minas lo saben.
La estabilidad que buscaba Díaz al romper el acuerdo de gobierno con Izquierda Unida después de tener unos Presupuestos recién aprobados para 2015 y convocar elecciones anticipadas no obtuvo de entrada el pasado 22 de marzo el resultado que buscaba, porque a todas luces esta X Legislatura se prevé de principio a fin mucho más inestable y tumultuosa que la anterior, con la entrada en liza de dos nuevas formaciones en la Cámara autonómica, Podemos y Ciudadanos, que han puesto el listón de las exigencias muy alto para los socialistas andaluces. De hecho, el discurso de investidura de la candidata socialista a la presidencia de la Junta parecía diluido como un azucarillo en las aguas de la transparencia marcadas por las nuevas corrientes políticas presentes en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, sede del Parlamento autonómico. Promesas medidas al milímetro para alagar los oídos de las nuevas formaciones parlamentarias andaluzas.
Probablemente para evitar esta apertura a nuevas formaciones y que el diálogo sea norma común a partir de ahora entre distintas corrientes políticas, Susana Díaz ha lanzado el debate sobre la “necesidad” de plantear la obligatoriedad de una segunda vuelta para la elección de alcaldes y presidentes, así como las listas abiertas, con lo que la posibilidad del fraccionamiento de los parlamentos se reduce y se fomenta el apoyo evidente al bipartidismo.
Los guiños a los representantes de Podemos y Ciudadanos fueron constantes en un discurso de propuestas medido con precisión para recabar la abstención en segunda votación de estas formaciones y permitir a la líder socialista formar gobierno en minoría. Sólo Ciudadanos se hará la foto con el PSOE surgido de las cenizas bochornosas del caso de los ERE y los cursos de formación fraudulentos. Y la formación naranja que lidera Albert Rivera es consciente de que la historia de los gobiernos andaluces dicta una sentencia inapelable: todo el que se ha hecho la foto junto al PSOE ha quedado abrasado, pase lo que pase, haga lo que haga.
Los andalucistas fueron los primeros en saborear el poder conjunto con los socialistas, ahora están sin representación en la Cámara andaluza por segunda legislatura consecutiva. Y ni que decir tiene que Izquierda Unida ha sido la gran perjudicada del pacto de gobierno firmado en el anterior mandato.
Tampoco a los que se atrevieron a confabularse contra el PSOE a modo de ‘pinza’ como en los noventa les ha ido mejor. Por ello PP y Podemos son conscientes de hasta qué punto sus cortapisas para dejar gobernar a Díaz con la tranquilidad que le otorgan sus 47 insuficientes diputados pueden pasarles factura a medio plazo.
Entre las propuestas destacadas hechas por la candidata socialista a la presidencia destaca la prohibición de los sobresueldos por parte de los partidos a todos aquellos militantes que ostenten cargos públicos. Asimismo, quiere que no prescriban los delitos por corrupción y que el político condenado pague con su patrimonio por el delito cometido. Para ello sería necesario no solo una reforma del Código Penal sino que el Gobierno central asuma sus propuestas, porque estas promesas escapan a las competencias de la Junta.
Como guiño directo a Podemos, Díaz se compromete a reducir en un exiguo 10% los altos cargos de la Administración autonómica y a aumentar las plantillas de profesores y sanitarios. Podemos ha seguido atado al mástil de la embarcación para evitar caer en los brazos de las promesas socialistas. Querían un compromiso por escrito y ese documento no ha llegado en ningún momento. Para contraatacar a la ofensiva de Podemos, el PSOE les achaca tactismo preelectoral de cara a las municipales del 24 de mayo.
Lo dicho, Susana Díaz será probablemente presidenta de la Junta de Andalucía desde el viernes, pero comandará el gobierno más inestable de la historia de la autonomía, con permiso del que presidió Manuel Chaves en los noventa frente a la ‘pinza’ PP-IU. Y ese ya sabemos el tiempo que duró.