Por: Pedro Luis Rueda
21/10/2016
Los artículos 83 y 84 de la Constitución de Venezuela ofrecen a sus ciudadanos un paquete de beneficios en materia de salud que serían envidiados por los habitantes de otras naciones del mundo.
Sin embargo, la realidad actual viola indiscriminadamente la máxima ley de ese país. Deficiencias en los servicios hospitalarios, escasez de insumos, dificultad para conseguir medicamentos y altos costos de la salud privada, resumen la crisis que vive el sector.
Un ejemplo de la situación es la que viven los ciudadanos de Bolívar, el estado fronterizo más grande de la nación, ese que cuenta con extensas minas de oro, plata y bauxita y es escenario de maravillas naturales cuya belleza es admirada por el resto del planeta.
Ellos están optando por cruzar la frontera con Brasil para hallar lo que no encuentran en el lugar donde nacieron: un sistema de salud que funcione.
La parte más afectada es que componen los habitantes indígenas de la zona, mejor llamados “pemones“, una etnia que vive de la agricultura y el turismo, pero que sufre cuando el cuerpo falla.
Si la enfermedad es leve la sabiduría de la etnia y la naturaleza pueden resolver el problema, pero si la emergencia es grave tienen que apelar a la ciencia.
Los pemones están cruzando masivamente la frontera con Brasil para ser atendidos gratuitamente en hospitales y ambulatorios del estado de Roraima. Allí encuentran lo que la Constitución de Venezuela les prometió: La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”.
“Mi hermano Francisco tuvo una fractura de tibia jugando al fútbol, fuimos al hospital de Santa Elena de Uairén (ciudad fronteriza) y no había yeso para inmovilizar, decidimos cruzar la frontera y en Pacaraima (Brasil) nos atendieron, lo inmovilizaron y además nos dieron los medicamentos gratis”, narra Tony Rodríguez un líder indígena que vive de guiar a grupos de excursionistas por la llamada “Gran Sabana” en Venezuela.
Así como Francisco, más de la mitad de los pacientes que buscan tratamiento en los hospitales públicos de Pacaraima son venezolanos y ellos forman parte de los 30.000 que han cruzado la frontera para también volver con comida o en los casos más extremos para no volver más.
Desde que Venezuela entró al sistema Mercosur (Mercado Común del Sur) los ciudadanos haciendo solamente uso de su cédula (carnet de identificación) pueden pasar a Brasil sin restricciones.
El artículo 84: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad».
Esta semana la gobernadora del estado brasileño del Roraima, Suely Campos, solicitó apoyo al Gobierno central para atender la creciente llegada de ciudadanos venezolanos, debido a los altos gastos para ofrecerles servicios gratuitos.
Pero, según ella, la situación se empeora cada día porque también hay denuncias de participación de los inmigrantes en crímenes como tráfico de drogas y contrabando.
La gobernadora informa que decenas de venezolanos viven en las calles de Pacaraima y en Boa Vista, la capital regional y el problema está afectando la vida normal de los brasileños en la zona.
Según el Ministerio de Justicia de Brasil, 1.805 venezolanos han solicitado refugio en lo que va de este año en Roraima, cifra que supera siete veces los pedidos similares registrados en 2015.
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