Por Manuel Domínguez Moreno
Grupo México, el holding minero más importante de su país, con varios desastres ecológicos en su historial e integrante del supuesto consorcio al que la Junta de Andalucía adjudicó la explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla) antes de ordenar su paralización tras las graves irregularidades detectadas por una juez, abre nuevas dudas sobre su viabilidad real en un proyecto bajo continua sospecha de la justicia. La empresa mexicana ha constituido una matriz en España para sus inversiones en el campo de la minería justo después de ser paralizada la concesión de la mina sevillana por la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz.
Grupo México defiende su solvencia económica para explotar el yacimiento sevillano precisamente después de ser destapadas las presuntas irregularidades en la que 11 altos cargos autonómicos pueden ser acusados de hasta cinco delitos relacionados con la corrupción. Lo hace semanas después de estallar un caso que pone en duda la “transparencia” que la Junta ha enarbolado en el proceso de adjudicación. Pese a todo, la empresa mexicana no explica por qué ha sido precisamente ahora cuando constituye en España una sociedad cabecera para el negocio minero, AMC Mining Iberia, cien por cien controlada por su empresa holding para el negocio minero, Americas Mining Corporation, y por tanto controlada también en su totalidad por Grupo México, encargada de llevar a cabo todas las inversiones en España.
La entidad mexicana asegura que la sociedad Minera Los Frailes, constituida por Grupo México y Minorbis (cuya matriz es la cordobesa Magtel, que tiene como asesor a un ex alto cargo de la Junta de Andalucía) para la ejecución paralizada de las minas de Aznalcóllar, cuenta con fondos propios por encima de los 93 millones de euros, cifra superior al 30% de la inversión total prevista en el proyecto y como exigían las bases del concurso.
Mientras tanto, la Administración andaluza, pese a paralizar la concesión tras el auto judicial que investiga el caso, prosigue en paralelo dando validez al proceso pese a todo. Tanto es así que el portavoz en funciones del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, puso en duda la veracidad de las investigaciones policiales sobre la posible falsificación de documentos de la concesión. “Los documentos originales están incorporados al expediente”, zanjó Vázquez, en contra de los datos recogidos por la policía judicial.
“En el trámite administrativo se constató que había un documento que parecía fotocopiado, y en el mismo trámite se requirió la aportación de documentos originales y así se hizo, incorporándose al proceso en tiempo y forma, como marca el procedimiento”, explicó el portavoz del Gobierno en funciones.
En el auto de la juez titular de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, se argumenta que el supuesto consorcio formado por la española Minorbis con la mexicana Grupo México “no parece exceder de una declaración de buenas intenciones”. Explica la juez que resulta “cuanto menos cuestionable y llamativa la naturaleza del acuerdo alcanzado” entre las dos empresas: “Declaración conjunta de compromiso para aportar al consorcio que en su caso lleguen a formar en caso de resultar éste adjudicatario del concurso”.
A este respecto, según se ha podido confirmar de fuentes cercanas al caso, la persona que presuntamente puso en contacto a ambas empresas para la constitución del consorcio, aún no conformado a día de hoy según la investigación judicial, fue Juan María González Mejías, sobrino del expresidente Felipe González, imputado en otro caso de presunta corrupción de la Junta de Andalucía, el caso Invercaria, por ser según la investigación un “trabajador fantasma o intruso” al estar a sueldo de la empresa pública sin haber ejercido su trabajo en la misma.
Todo este proceso ha estado repleto de afirmaciones, acusaciones, réplicas y contrarréplicas. La directora general de Minas de la Junta, María José Asencio, dice que la jueza del caso no está capacitada para entender la complejidad de los asuntos de la minería, la presidenta Susana Díaz que es cosa de los funcionarios y también que solo es una “pelea” entre dos empresas, mientras los altos cargos se defienden argumentando que la policía no ha hecho bien su trabajo.
Pero para ayudar a comprender todo este asunto merece la pena ver la diferencia de lo ofertado por una compañía y otra en sus pliegos que es, al final, lo que verdaderamente vale y que no admite interpretaciones.
Cifras comparativas entre las dos candidatas a la concesión:
Magtel Emerita
Plan económico, inversión: 304,6 Mm€ 641,5 Mm€
Empleo (Fijo): 476 892
Plan Social-Medio Ambiental: 27 Mm€ 375 Mm€
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