Por Cambio16
Sonados escándalos contables como el de Enron han puesto a las auditoras en el ojo del huracán y han provocado que se planteen distintas modificaciones en la normativa que rige a las auditoras. El objetivo: acabar con la duda de ¿quién controla al controlador?
En diciembre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, que prevé reforzar la confianza en la información que se divulga, y que entre otras, incluye una exigencia de rotación en los contratos de auditoras con entidades de interés público, que podrá ser solo de diez años. Transcurrido este plazo y si se celebra un concurso público, el auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro nuevo y se realice una auditoría conjunta, dice la norma, que establece como entidades de interés público a las de crédito, aseguradoras y cotizadas (incluidas las que operan en el MAB), entre otras ya vigentes como instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca.
La nueva ley fue aprobada para adaptar la normativa española a la europea aprobada a principios del año pasado. El acuerdo alcanzado entre la Eurocámara y los Estados miembros buscaba reducir la importancia en el mercado de las denominadas «Cuatro grandes» –PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte, Ernst & Young (EY) y KPMG-, mejorar la transparencia del sector y evitar conflictos de intereses.
En España, la labor de auditoría también ha estado cuestionada en los últimos años tras los fallos en la detección de problemas y agujeros en las cuentas de empresas como Pescanova, Bankia o CAM.
Las labores de auditoría de las empresas del Ibex 35 son un negocio que se encuentra en exclusiva en manos de las cuatro grandes compañías de servicios profesionales que dominan el mercado de la auditoría y la consultoría. Estas cuatro firmas multinacionales, las conocidas como «Big Four», avalan las cuentas del 100% de las empresas del selectivo.
Cambio 16 repasa los escándalos más sonados de las auditoras.
Gowex y las auditoras M&A y Ernst & Young (2013)
Los resultados reportados por Gowex para el año 2013, que resultaron falsos, arrojaban una facturación de 182,6 millones de euros, unos recursos propios de 94,4 millones y un nivel de caja de 54,8 millones. Los datos han sido reconocidos como falsos y están pendientes de revisión.
Pescanova y BDO (2012)
La firma BDO llevaba diez años auditando los números de Pescanova. En todo este tiempo, nunca puso en duda las cuentas de la compañía pesquera. Sus informes jamás incluyeron salvedades.
Es más. En el informe anual de 2012, la auditora concretaba la deuda que la compañía había acumulado en unos 1.483 millones de euros, cuando la cuantía real alcanzaba los 2.700 millones. Se ocultaron, por tanto, unas pérdidas de casi 1.300 millones.
Tras una querella impuesta por uno de los accionistas de Pescanova, el fondo de inversión Cartesian, el juez Pablo Ruz imputó a BDO por un presunto delito de falseamiento de información económica y financiera.
Bankia y Deloitte (2011)
Los peritos del Banco de España descubrieron que el grupo realmente perdió 1.830 millones de euros frente a los 252,87 millones de beneficio que Bankia declaró antes de la marcha de Rodrigo Rato.
Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y Deloitte (2011)
Los peritos concluyen que BFA -participado por Bankia- tampoco formuló bien sus cuentas y debió realizar ajustes por 6.869,81 millones de euros, con lo que se anotó unas «pérdidas muy significativas» de 4.570 millones de euros, frente a los 30 declarados.
CAM y KPMG (2010)
En 2010, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) presentó unos beneficios de 201 millones de euros. Los resultados de las pruebas de solvencia, los test de estrés a los que se sometió la banca europea, han sacado a la luz que la CAM, la entidad que el Banco de España acaba de rescatar y nacionalizar, tenía unas pérdidas sin declarar en su balance por valor de 4.587 millones de euros.
CCM y Ernst & Young (2008)
Al cierre de 2008 Caja Castilla la Mancha (CCM) presentó unos beneficios de 29 millones, y no los 192 millones de pérdidas que luego constató el Banco de España tras la intervención.
Gescartera y Deloitte (2000)
El Tribunal Supremo sancionó con un total de a la auditora Deloitte & Touche. El motivo de la multa era la infracción administrativa en su auditoría sobre las cuentas de Gescartera en el ejercicio 2000. Los apoderados de Gescartera Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna ocultaron durante años el listado de clientes y la liquidez de la agencia de valores para evitar que saliese a la luz un desfase patrimonial de 50 millones de euros, según testificaron Carlos Sánchez-Vilar y Carlos Bucero, interventores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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