Por Cambio16
El Tribunal Supremo ha inculpado por el caso de los ERE a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, una decisión que ha motivado la renuncia a sus actas de diputado de los tres últimos.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor del caso, aprecia indicios de delito de prevaricación administrativa en la actuación de los cuatro implicados y, en Viera, también de malversación de fondos públicos.
Por ello, ha pedido al tribunal que tramite ante el Parlamento el suplicatorio para los tres diputados -Chaves, Zarrías y Viera- pues en el caso de José Antonio Griñán no es necesario al haber abandonado ya el Senado.
Siete meses después de que el Supremo abriera la investigación, el magistrado ha decidido exculpar a la exconsejera y senadora Mar Moreno, pero implica a los demás en un sistema ilegal consistente en ocultar, a través del mecanismo de transferencias de financiación, lo que en realidad eran subvenciones con el fin de eludir los controles legales a los que debían someterse.
El instructor sostiene que, en contra de lo que declararon, los indicios apuntan a que Chaves (presidente de la Junta entre 1990 y 2009) y Griñán (consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009 y presidente de la Junta de 2009 a 2013), conocían el sistema «ilegal» y «descontrolado» para la concesión de subvenciones.
Un sistema que, a su juicio, funcionó entre 2000 y 2010 y que hizo que se aprobaran 22 modificaciones presupuestarias «arbitrarias» para solventar los desajustes presupuestarios motivados por esas transferencias.
El magistrado opina que esa arbitrariedad contaminó el ejercicio del poder que tenían atribuido los inculpados, lo cual es relevante para configurar el delito de prevaricación.
Y cita las palabras de quien fuera interventor general, Manuel Gómez, quien afirmó que los implicados «cebaron sin descanso la partida de los ERE».
El instructor tiene en cuenta que la Intervención General de Andalucía «advirtió» a Griñán «no de meras irregularidades en la tramitación y control de las subvenciones por el sistema de transferencia de financiación, sino de auténticas ilegalidades».
Cuantifica en 855 millones el dinero presupuestado y pagado entre 2000 y 2010 en subvenciones, aunque considera que pasarán años antes de que se pueda evaluar el percance causado a la administración andaluza. El grueso mas importante de este dinero se dedicó a los 77 ere, en donde se efectuaron pagos excesivos.
Y cuestiona que los implicados desconocieran estos hechos, como plantearon en sus declaraciones ante el instructor, cuando se ha investigado una estructura jerárquica y piramidal.
De creer la versión de Griñán, habría que entender que en las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda la Junta «habría un sector de altos funcionarios» que llevarían a cabo «una especie de complot o de conspiración del silencio» para «ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación».
El juez plantea estas cuestiones en una exposición motivada de 130 folios para solicitar el suplicatorio y en un auto sobre José Antonio Griñán, al que considera coautor del delito. Barreiro sostiene que aunque Griñán ya no sea aforado, por razones de «conexidad e inescindibilidad del contenido de la causa», no procede atribuir la competencia al juzgado de Sevilla.
Nada más conocerse la resolución judicial, Chaves, Zarrías y Griñán han renunciado a sus actas de diputado, aunque de momento el PSOE no les suspenderá de militancia ni les expulsará, medidas previstas en el código ético del partido para el momento de la apertura de juicio oral.
«Los afectados me han comunicado que ponen sus actas a disposición de la dirección del partido y el partido las acepta. Es lo que dijimos y es lo que vamos a hacer», ha manifestado el secretario de Organización del PSOE, César Luena.
Ciudadanos, satisfecho
Para Ciudadanos, el partido que permitió la investidura de Susana Díaz como presidenta andaluza tras la firma de un acuerdo anticorrupción que incluía estas dimisiones, el hecho de que se hayan producido reafirma el pacto de investidura alcanzado con el PSOE.
«Nos damos por satisfechos porque esta decisión es un paso adelante importante que marca un antes y un después, donde todos aquellos cargos públicos que puedan ser imputados por un caso de corrupción tienen ya el camino señalado, que es el de la puerta y la salida», ha manifestado el portavoz parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín.
Por contra, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado explicaciones urgentes a Susana Díaz, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para saber «absolutamente toda la verdad de lo que ha pasado en el caso de los ERE en Andalucía».
La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acusado a Chaves y Griñán de avergonzar a los andaluces y ha reclamado a la Justicia que «funcione con premura», pues investiga hechos ocurridos entre el 2001 el 2010 y los ciudadanos respiran «cada día un clima de impunidad».
Desde IU, su coordinador general, Cayo Lara, ha apuntado que, aunque la dimisión de Chaves no resuelve los problemas de Andalucía, el PSOE debería haber resuelto ese asunto hace mucho tiempo.
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