Por Cambio16
05/04/2017
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El Parlamento de Venezuela acordó este miércoles activar el proceso de remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de que las autoridades impidieran el paso de los diputados y centenares de partidarios hasta la sede del Legislativo. Durante la sesión, los parlamentarios denuncian el golpe de Estado e iniciará un procedimiento contra los jueces. El TSJ ya emitió una respuesta y la oposición realizó la convocatoria a otra marcha en las calles de todo el país caribeño para este jueves.
El diputado Juan Miguel Matheus, fue el encargado de presentar el informe para comenzar el proceso. “Esta Asamblea Nacional está haciendo lo correcto y tenemos el deber de remover a los diputados de la Sala Constitucional. Los autores materiales del golpe de Estado son los siete magistrados de la Sala Constitucional (…) nuestra lucha no es contra las sentencias, es para que vuelva el orden constitucional, celebrar elecciones en el país y hacer que vuelva la democracia. Ese es el sentido de la lucha que hemos emprendido hoy».
Reveló que “la Constitución dice que la Asamblea puede remover a los magistrados, previa autorización de los ciudadanos. En el año 2006, presidida por Nicolás Maduro, fue removido un magistrado pero hoy no le conviene el hecho”.
Indicó que la remoción de magistrados no será de forma instantánea “La remoción no ocurrirá en esta sesión, pero hoy comienza el procedimiento de remoción de los magistrados. La Ley Orgánica permite que la solicitud de remoción venga de los poderes públicos pero también de los ciudadanos, a partir de mañana estaremos en la calle para que el pueblo se avoque en la remoción”.
Cabe destacar que, durante la discusión, parlamentarios chavistas se apersonaron en el hemiciclo de sesiones para tratar de detener el proceso, pero el rechazo y los argumentos de la mayoría opositora los obligó a retirarse del lugar.
12:30 pm | Diputados de Bancada Oficialista se retiran del Hemiciclo de Sesiones. #SesiónAN pic.twitter.com/GUCZvm75X0
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) April 5, 2017
El diputado opositor Juan Pablo Guanipa consideró que los diputados chavistas son cómplices de lo que pasa en el país se retiran. «¿Por qué están aquí si mantienen que estamos en desacato? (…) Designaron ilegalmente a esos Magistrados, pero nosotros actuaremos constitucionalmente para removerlos».
Responsabilidad de Maduro
Durante la primera hora de esta sesión, el Parlamento acordó responsabilizar a Nicolás Maduro, de un «golpe de estado» perpetrado por el desconocimiento del Poder Legislativo a través de las sentencias del Tribunal Supremo, que le mantiene en «desacato». El acuerdo, que fue aprobado con el voto de los opositores, condenó «la violación generalizada y sistemática del orden constitucional y democrático en Venezuela, y el golpe de Estado cometido, lo cual se ha visto confirmado por las más de 50 sentencias inconstitucionales, y actos en contra del Parlamento», indica el texto.
Exponiendo los motivos de la sesión, Henry Ramos Allup, ex presidente y diputado del Parlamento venezolano, afirmó que el autogolpe de Estado por parte del gobierno prosigue, a pesar de haber sido anuladas las sentencias 155 y 156 del TSJ y presentó ante el parlamento un acuerdo sobre dicho tema, denunciando que «los magistrados, en compañía del Alto Mando Militar venezolano y los «colectivos armados» -grupos de choque afectos al gobierno de Maduro- continúan aplicando el Autogolpe de Estado (…) la sentencia 156 y 157 no existen y están vigentes las sentencias 154 y 155 que usurpan las funciones de la Asamblea, sigue el golpe de Estado continuado. Y así estas no existiera, hay otras 50 que nos declaran en desacato. Sigue el golpe de Estado, pueblo de Venezuela no sigamos viéndonos el ombligo. Estos magistrados has perpetrado el autogolpe de Estado del que tenemos que zafarnos, protestando cívicamente y no cediendo ante un gobierno que es fallido y forajido”.
Por su parte, el vicepresidente del cuerpo legislativo, Freddy Guevara, argumentó que “estamos en Golpe de Estado hace mucho tiempo cuando violaron el derecho del pueblo a Referendo revocatorio, esto no se trata de una sentencia, se trata de un proyecto de quienes secuestraron las instituciones del Estado (…) desde hace tiempo la Sala Constitucional venía asumiendo las competencias de la Asamblea, ése tribunal ilegal y golpita viene asumiendo las funciones de la Asamblea Nacional (…) De los 32 miembros del TSJ 11 fueron designados de manera irregular, por lo tanto queremos reafirmar desde este espacio que en Venezuela haya una ruptura en el orden constitucional producto que a un dictador le tiemblan las piernas ante el pueblo”.
La respuesta del Supremo
Por su parte, a través de un comunicado, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó «cualquier acto que pretenda deslegitimar la actuación de los magistrados de la Sala Constitucional».
En el escrito, aseguró que los funcionarios «han actuado en cumplimiento de los mandatos constitucionales en resguardo del orden democrático y la paz social».
Así reza el texto:
El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Junta Directiva, actuando en ejercicio de las potestades conferidas por los artículos 254 y 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica que lo rige, emite el presente comunicado a la opinión pública nacional e internacional:
El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, en su condición de máxima intérprete de la Constitución es garante de la constitucionalidad y la legalidad en el país y rechaza cualquier pretensión que atente contra la estabilidad institucional de la República y violente el debido proceso, al cual deben estar sometidos todos los actos que rigen al Poder Público.
Desde este alto Tribunal rechazamos las acciones de un sector de la Asamblea Nacional que pretende erosionar la estabilidad política, democrática y el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Este sector que se mantiene en desacato, persiste en desconocer, lo establecido en el artículo 265 de nuestra Constitución que expresamente demanda la concurrencia de dos de las ramas del Poder Público para proceder a la remoción de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, previo procedimiento de calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano.
El cuerpo de servidores públicos de este Poder Judicial continuará dando respuestas a las necesidades de nuestro país en cumplimiento de la legalidad y de la interpretación prudente y estricta de nuestra Carta Magna, para de esta forma preservar la tranquilidad y la paz en nuestro pueblo.
Rechazamos categóricamente cualquier acto que pretenda deslegitimar la actuación de los Magistrados y Magistradas de la Sala Constitucional, quienes han actuado en cumplimiento de los mandatos constitucionales en resguardo del orden democrático y la paz social.
Exhortamos al cuerpo legislativo nacional a cumplir con la Constitución y las leyes para preservar el estado de derecho en resguardo de la independencia y autonomía de los Poderes Públicos.
Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco e invitamos al diálogo como único camino para preservar la paz, siempre dentro del marco de la soberanía nacional.
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