Por Cambio16
12/05/2017
El Gobierno dejará sin aplicación la proposición no de ley que aprobó el jueves el Congreso de los Diputados para la exhumación y reubicación de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera fuera del Valle de los Caídos. Es el mismo procecimiento que sigue La Moncloa con aquellas iniciativas no legislativas, y por tanto no vinculantes, que la Cámara Baja saca adelante sin el voto de los populares.
En este caso, el Gobierno considera que no existe «un consenso básico» para llevar a cabo esta medida por lo que opta por el criterio «de no reabrir heridas en un asunto que merece el mayor acuerdo posible». Asimismo, argumenta que la Comisión de Expertos que en 2011 recomendó la exhumación de los restos aconsejó también que se busquen los acuerdos parlamentarios más amplios posibles antes de llevarla a cabo.
Y es que, aunque la proposición fue aprobada con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, se puso de manifiesto la división de la izquierda en este asunto, reseña el diario ABC. Los morados accedieron finalmente a votar a favor pese a que los socialistas no aceptaron ninguna de sus enmiendas, como una que instaba a la anulación de los juicios de la dictadura. Y C’s había asegurado que votaría en contra si se aceptaban las enmiendas de Podemos. Y finalmente fueron los de Iglesias los que cedieron.
Fuentes del Gobierno consultadas por el rotativo subrayan que cualquier actuación en el interior de la Basílica exige una actitud de colaboración por parte de la Iglesia «que es a quien se ha confiado la custodia de sus restos y quien, dada la calificación legal de la Basílica como lugar de culto, debe dar la preceptiva autorización».
A ello se une que desde una perspectiva normativa, el Gobierno considera que el Valle de los Caídos «no tiene en la actualidad el significado que le atribuye el PSOE» y recuerda que la Ley de Memoria Histórica no propone el desenterramiento del dictador ni ninguna otra medida similar.
Para sostener esta posición, el Gobierno se apoya en un informe del Ministerio de Justicia que señala que el Valle de los Caídos ya no puede considerarse un «monumento dedicado a la dictadura franquista» y debe hacerse hincapié en el cambio experimentado en el sentido de este monumento desde el advenimiento de la democracia.
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