El dinero secreto

Por Ernesto Ekaizer
Periodista y escritor

La idea de que Suiza es un paraíso fiscal es tan errónea como aquella célebre afirmación de Harry Lime-Orson Welles, el personaje de la película El tercer hombre, según la cual los suizos sólo habían producido al cabo de 500 años de amor y paz… ¡el reloj de cuco!, un invento de Baviera. Sin embargo, el secreto financiero se remonta a la época feudal. Y el secreto bancario como tal a los años 30 del siglo pasado.

Pero ello no convierte a este país en un paraíso fiscal. En Berna, la capital, si uno se pasa por las calles Bundesrain, número 20, y Taubenstrasse, 16, trabajan, a muy pocos metros de distancia, dos equipos del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público (Fiscalía) para cumplir, respectivamente, con centenares de peticiones de auxilio judicial internacional (las llamadas comisiones rogatorias) de países que requieren el levantamiento del secreto bancario para hacer progresar sus investigaciones de blanqueo de dinero, corrupción y esquemas de defraudación fiscal (escroquerie).

Este trabajo diario es menos espectacular que algunas denuncias como la del informático franco-italiano Hervé Falciani, que ha posibilitado a las agencias tributarias de varios países europeos conocer y recuperar ingentes cantidades de dinero oculto en el famoso banco HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation). Pero permite a los jueces de instrucción de España atar los cabos de los escándalos de corrupción más importantes de los últimos diez años.

Ahí están los nombres de políticos con cuentas en Suiza, como Luis Bárcenas, exgerente y extesorero del Partido Popular, o Francisco Granados, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, y Alberto López Viejo, exconsejero, ambos bajo los gobiernos presididos por Esperanza Aguirre, a los que se suman Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la trama Gürtel, o Arturo González Panero y Guillermo Ortega, exalcaldes de Boadilla del Monte y Majadahonda, respectivamente.

El salto masivo de políticos españoles del PP a Suiza ha reflejado el provincianismo de los nuevos ricos y aprovechados de la corrupción. Porque este aluvión ha pasado por alto un hecho: España y Suiza son, desde 1990, miembros de un organismo internacional llamado Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Dinero o Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), creado por el Grupo de los Siete (G-7) países más industrializados en París, en 1989. Los diputados, senadores y alcaldes entran en la categoría de individuos que el FATF define como PEP: Político Expuesto Políticamente.

He aquí la definición: “Individuos que son o han desempeñado funciones públicas de importancia, como jefes de Estado; políticos; ministros, oficiales militares o jueces; ejecutivos de empresas del Estado u altos de cargos de importantes partidos políticos”. Los PEP deben ser, por tanto, considerados por la banca o las entidades reguladoras como personas de alto riesgo, según la definición del FATF. Un banco que identifica a un cliente potencial como PEP, o como un familiar o asociado de un PEP, debe llevar un estricto escrutinio, aun no siendo el PEP cliente directo del banco, sino un beneficiario de los activos en cuestión.

Los bancos están obligados a tomar medidas discretas para determinar el origen de los fondos, y llevan a cabo un seguimiento especial y permanente de las transacciones realizadas por el cliente. Las relaciones de negocios con los PEP pueden exponer a los bancos a riesgos de reputación. Los movimientos bancarios y cambiarios de estas personas deben ser especialmente vigilados. Y las normas señalan que es necesario informar a las autoridades sobre “operaciones sospechosas”.

Y funciona. Las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU) como el MROS en Suiza (Money Laundering Reporting Office), organismo de la Policía Federal helvética, transmiten al Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales) de España, dependiente del Ministerio de Economía, información sobre la existencia de cuentas bancarias de políticos en Suiza.

Luis Bárcenas hizo sonar la alarma en Suiza al solicitar en 2010 una tarjeta de crédito VISA con un límite mensual de 25.000 euros. Francisco Granados, a su vez, suscitó la atención de las autoridades helvéticas a raíz del tan llevado y traído caso de espionaje en la Comunidad de Madrid.