Por Iñigo Aduriz
12/11/2016
De 2008 a 2015, 26 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse a otros países bien por haber sido víctimas de desastres naturales o bien por otras cuestiones climáticas como la falta de agua o el aumento de las temperaturas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alerta, además, de que para el año 2050 esa cifra podría incluso multiplicarse hasta los mil millones de desplazados.
El cambio climático que ha aumentado y agravado las sequías y potencia los efectos devastadores de huracanes o ciclones se ha convertido en un multiplicador de las amenazas que existen sobre la humanidad y, tal y como apunta la propia ACNUR, “empeorará la situación en aquellas partes del mundo que ya sufren altos niveles de presión sobre los medios de vida, la seguridad alimentaria o la disponibilidad de recursos”. Distintas organizaciones internacionales mencionan ya el surgimiento de un nuevo tipo de refugiado, el climático, que ya ha abandonado su país por culpa de las lluvias torrenciales, como en el caso de Bangladesh, por los tsunamis indonesios o por los terremotos de Haití o Ecuador.
Ese término, el de refugiado climático, no tiene en cambio amparo legal, al menos por el momento. Tal y como explica María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, su organización prefiere llamarles desplazados medioambientales porque el concepto de refugiado tiene una definición muy clara en el derecho internacional: “una persona que ha tenido que desplazarse y cruzar una frontera por un temor fundado de persecución por distintas razones –guerras, racismo, conflictos religiosos o sociales–, y que no puede volver a su país”.
“Hay ocasiones en las que los refugiados también tienen que desplazarse por razones medioambientales”, apunta Vega, que denuncia así el doble periplo que sufren estas personas que ya se han marchado de sus hogares por ser víctimas de distintos conflictos o discriminaciones y que, por un desastre natural u otra condición climática, tienen que volver a trasladarse a otro lugar a la par que lo hace la población local del país de acogida. Un ejemplo reciente es lo sucedido en los campos de refugiados de Dada, en Kenia en 2006 y 2007. Las lluvias anegaron el campamento construido por ACNUR, que está en una zona inundable. “Muchas veces no puedes elegir el lugar en el que el Gobierno de cada país te deja montar un asentamiento y se dan casos como el de Kenia, donde tuvimos que construirlo en una zona inundable, o el de otros lugares en los que tenemos que levantar las tiendas en lugares desérticos o que no cumplen las condiciones”.
La principal preocupación de las organizaciones y también de los partidos políticos involucrados en la defensa de los refugiados es que estos desplazados climáticos no tienen ningún amparo legal. Es más, a diferencia de lo que sucede con quienes deben abandonar sus hogares por ser perseguidos en sus países, los estados no tienen ninguna obligación de acoger a estas personas víctimas de los desastres naturales. “El derecho internacional está todavía retrasado sobre este punto. Aún está pendiente la negociación del concepto de refugiado que recoge la Convención de Ginebra y, lamentablemente, la crisis en Siria y la oleada de refugiados están contribuyendo a que la UE no esté encabezando este debate necesario”, apunta la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua. “El futuro reglamento de la Agencia de Asilo de la UE aún en discusión parlamentaria, no hace referencia ninguna a este fenómeno, por lo que estamos estudiando incluir alguna referencia en la exposición de motivos”, añade, antes de recordar que “el problema técnico radica en que no existe una definición de refugiado climático y el debate está en si debe incluirse en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados o si debe crearse una legislación ad hoc”.
Aunque su “mandato principal” es con los refugiados políticos Acnur también está involucrada con iniciativas que tratan de buscar protección para personas que se desplazan de un país a otro en el contexto del cambio climático y los desastres naturales. “El problema principal”, asegura María Jesús Vega, es que por el momento “son pocos los países que quieren apostar por esa regulación”. Sí se han manifestado a favor Suecia, Noruega o Suiza. Y estos dos últimos han impulsado una iniciativa, la Nansen, que pretende crear consensos entre los estados sobre la mejor manera de abordar los desplazamientos entre fronteras en el contexto de los desastres repentinos –lluvias torrenciales, tsunamis etc.– y de evolución lenta –sequías, desertificaciones–.
Actualmente la iniciativa que se centra en la protección de las personas pero que pretende tener un alcance más amplio, se encuentra en una fase de reuniones y de consultas regionales y subregionales en zonas especialmente afectadas por estos desplazamientos inducidos por desastres. Como apuntaba Walter Källin, uno de sus impulsores, en un artículo publicado poco después de que se lanzara la propuesta, en 2012, esas conversaciones derivarán en un programa de protección que pretende presentar una interpretación común entre los gobiernos que participan en la propuesta; identifique las buenas prácticas y herramientas para la protección de las personas desplazadas; establezca un acuerdo sobre los principios clave que deberían guiar a los estados y a otros interesados en cooperación internacional, en baremos de protección y en respuestas operativas; realice distintas recomendaciones y proponga finalmente un plan de acción para llevar a cabo un seguimiento, la identificación de normativas adicionales y el desarrollo institucional y operativo necesarios a nivel nacional, regional e internacional.
Acnur respalda la iniciativa. “Llevamos años trabajando al respecto porque pensamos que nuestra experiencia puede servir y porque nos parece importante que estos desplazados tengan algún tipo de protección y se mitiguen así los efectos del cambio climático”, recalca María Jesús Vega. Y es que el futuro se augura más que complicado. Recientemente, la administración estadounidense de Barack Obama advertía de que el deshielo del Ártico, que ya ha perdido un espacio de unos tres millones de kilómetros cuadrados desde 1980, obligará, por ejemplo, a reubicar a numerosos ciudadanos en estados como el de Alaska. Pero el fenómeno también podría afectar a España, donde casi la mitad de la península corre riesgo de sufrir un proceso de desertificación en las próximas décadas.
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