Por Iñigo Aduriz
11/05/2017
Con el voto a favor de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y otros minoritarios como Compromís, la abstención de PP y ERC y un único voto en contra de una parlamentaria popular, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley instando al Gobierno a que aplique y dote de recursos de forma inmediata a todos los aspectos de la Ley de Memoria Histórica, así como que facilite la exhumación del dictador Francisco Franco para sacar sus restos del Valle de los Caídos.
El #Pleno, a favor de aplicar de forma efectiva la Ley de #MemoriaHistórica ? NdP: https://t.co/ikxXa0q4Fc pic.twitter.com/1oBhkiOKhd
— Congreso (@Congreso_Es) 2017(e)ko maiatzak 11
La iniciativa no ha contado con los apoyos del PP, que la ha considerado fuera de lugar, ni de ERC, que ha denunciado que el proponente Grupo Socialista no le ha dejado presentar enmiendas y que se trata de un texto que no tiene efecto vinculante ya que se limita únicamente a pedir al Gobierno que la aplique, si bien el Ejecutivo no tiene la obligación de hacerlo.
El texto de la iniciativa, que ha contado con 194 votos a favor, 140 abstenciones y uno en contra, exige al Gabinete que retome «la expedición de declaraciones de reparación y reconocimiento personal para todas aquellas personas que padecieron persecución y prisión o violencia por razones políticas o ideológicas y, en su caso, constatar la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos», así como «asumir, en colaboración con el resto de administraciones públicas y las asociaciones, la realización de las actuaciones necesarias para la localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres«.
«Dar un entierro digno a los restos de quienes todavía yacen anónimamente en montes y cunetas debe ser un deber de los poderes públicos para con las víctimas y sus descendientes», considera la iniciativa, que también contemplala posibilidad de crear Bancos de ADN «con la urgencia y celeridad a que obliga la avanzada edad de muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura».
Asimismo, el texto quiere que el Gobierno retome las partidas para reabrir la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e impulsar la retirada de símbolos y monumentos «que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura, aplicando de forma plena y no arbitraria la ley, y evitando así toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, en el convencimiento de que los símbolos y monumentos públicos han de ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio».
El Congreso ha aprobado también exigir al Ejecutivo que excluya de todo tipo de subvención o ayuda pública «a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas», y que promueva «la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas».
También se le pide que estudie «la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana» y «establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo».
La proposición contempla, asimismo, «no olvidar a los colectivos que no pudieron beneficiarse de la Ley 52/2007 para acceder a la nacionalidad española» y, para ello, remitir a las Cortes Generales las iniciativas oportunas, en el plazo máximo de seis meses, prestando especial atención a la inclusión de los siguientes supuestos: «descendientes de mujeres españolas, justificado por el hecho de que hasta 1978 las mujeres no transmitían la nacionalidad; los descendientes de varón que tuvo que renunciar a la nacionalidad con anterioridad al nacimiento de sus hijos; hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad en aplicación de la Ley 52/2007, puesto que la adquisición de la nacionalidad en esta ley se producía solo en favor de los hijos menores de edad».
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