Por Cambio16
04/04/2017
La crisis en Venezuela asemeja una bola de nieve que aumenta su dimensión conforme rueda por la pendiente. Hace menos de una semana, los magistrados golpistas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, subordinados al régimen chavista, dieron marcha atrás en forma parcial con sus sentencias donde disolvían el Parlamento, decisión que tuvieron que revertir día y medio después por la presión internacional.
Pero, como ha apuntado la oposición venezolana, un golpe al estado de Derecho no puede «maquillarse» revirtiendo una sentencia. Y con razón, pues mientras el gobierno de Nicolás Maduro intenta a toda fuerza tratar de hacer ver, casi de forma inútil, una «independencia de poderes», el Parlamento sigue sin poder legislar por el supuesto «desacato» en que está inmersa y Maduro tiene nuevos y repotenciados poderes. Y la violencia en contra de la oposición en el país caribeño se agrava conforme pasan los días.
La farsa
Si recordamos las sentencias 157 y 158 con las que el TSJ deshabilitó al Parlamento, no podemos olvidar que éstas estaban contenidas en un documento referente a la potestad del Ejecutivo venezolano de crear empresas mixtas petroleras, competencia que, según la Constitución venezolana, es potestad del Parlamento. La sentencia posterior, que «devolvía» las competencias del cuerpo legislativo lo que presentó fue una aclaratoria de la sentencia 155 -que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria- y “suprimir la cautelar 5.1.1″ de esa decisión, que ordenaba a Maduro ejercer las “medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias” para salvaguardar el orden constitucional y medidas “civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales” para evitar un «estado de conmoción».
Mientras que la 158 aclara la sentencia 156, específicamente el punto 4.4, que se refería a la Sala Constitucional y ordenaba que esta garantizara las competencias parlamentarias al ejercerlas directamente ella misma o por medio del órgano que ella dispusiera. La última decisión suprimió esa orden. Pero dejó vigentes los demás puntos; sí, los referentes a la potestad del Ejecutivo de autorizar la creación de las empresas mixtras (voilá). Así, el Ejecutivo todavía puede constituir empresas mixtas sin la autorización del Parlamento y este poder no podrá modificar las condiciones propuestas ni establecer otras condiciones. Además, sobre la base del Estado de Excepción decretado desde el año pasado en el país, el jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la ley de Hidrocarburos.
Un detalle: Como lo comentamos en un artículo anterior, Venezuela enfrenta actualmente un delicado escenario de deuda externa y Maduro quiere seguir endeudando al país a espaldas del Parlamento y del pueblo. El Gobierno venezolano busca fondos para pagar USD$ 2.814 millones en deuda externa, compromiso que tiene que cancelar este mismo mes y que el gobierno asegura cancelará «sin problemas». ¿tontos?.
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La violencia
Ahora, los anuncios de la oposición de seguir emprendiendo acciones para restablecer la institucionalidad democrática en Venezuela han provocado la más virulenta reacción de violencia de los cuerpos represivos del estado y de «sectores afectos» al gobierno de Maduro.
Un compendio de hechos han sucedido nada más en cinco días: dos parlamentarios fueron agredidos por militares frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia por ir a protestar contra la sentencia que luego fue revertida, esos mismos militares agreden a varios periodistas, nacionales e internacionales, que cubrían los acontecimientos; un dirigente de uno de los partidos más tradicionales de Venezuela fue detenido por los servicios de inteligencia por «traición a la patria» y será presentado ante un tribunal militar (siendo él un civil). También fueron detenidos Eduardo Vetencourt de Lima, militante de Copei, el coronel Ricardo Somascal y el capitan Angelo Heredia en Caracas lugar donde, casi paralelamente, un diputado opositor recibía una paliza por «simpatizantes» del gobierno por ir a protestar frente a la Defensoría del Pueblo, a la que exigen rechazar que el máximo tribunal se adjudicara brevemente las funciones del Parlamento. Estos cuatro casos fueron denunciados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Almagro denuncia nuevos presos políticos y diputados agredidos durante protestas en Venezuela, #NoticiasEnVIVO: https://t.co/kRCFGJa72l pic.twitter.com/vXwHBsb0BP
— VIVOplay (@vivoplaynet) April 3, 2017
Los parlamentarios querían pedirle al defensor Tareck William Saab que condenara los dictámenes del TSJ por representar una «ruptura del hilo constitucional», como denunció la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, antes de que los fallos fueran eliminados parcialmente el sábado. Pero, mientras ellos protestaban, el defensor declaraba que no hubo tal «ruptura».
https://youtu.be/2IqqmyK6za0
Cabe destacar que la oposición convocó una marcha este martes hacia el Parlamento, en el centro de Caracas —donde usualmente el gobierno no permite protestas de sus adversarios— para iniciar el proceso de remoción de los magistrados, que requería el visto bueno del defensor, la fiscal y el contralor, todos cercanos al chavismo.
Diputado Juan Requesens envía mensaje luego de la agresion sufrida pic.twitter.com/BTuEMhXVPO
— Beatriz Adrián (@Beadrian) April 3, 2017
Fuimos a la Emb. de Argentina a entregar acuerdos de @AsambleaVE en defensa de principios democráticos. Informamos ataques a @JuanRequesens pic.twitter.com/OCyOAEYUu9
— Eudoro González Dellán (@Eudorogonzalez) April 3, 2017
La @Asambleave consignó en Defensoría del Pueblo la solicitud de calificación de falta grave de los magistrados ¡@TarekWiliamSaab miente! pic.twitter.com/i0Zehe0XOf
— Juan Miguel Matheus (@JuanMMatheus) April 3, 2017
Defiende tu derecho de votar, de comer y de tener medicinas. Vamos mañana a la @AsambleaVE desde Plaza Venezuela 10am #NoAlGolpeDeEstado pic.twitter.com/taDYD3zELd
— Lilian Tintori (@liliantintori) April 3, 2017
Todas las torturas de nuestros familiares, los presos políticos son conocidas por el Defensor @TarekWiliamSaab no sea cómplice. pic.twitter.com/F5IWAtyEOr
— Lilian Tintori (@liliantintori) April 3, 2017
Apoyamos a diputados a exigir que el Defensor del Pueblo inicie el proceso de destitución a magistrados del TSJ https://t.co/IZbivIJpp4
— Lilian Tintori (@liliantintori) April 3, 2017
La condena
Este lunes, el Parlamento venezolano rechazó, en un comunicado, la pretensión del presidente Nicolás Maduro de “resolver con un acuerdo logrado al interior del oficialismo, fraguado a espaldas de los representantes populares, del pueblo y de la Constitución, los graves problemas que aquejan a los ciudadanos”. Asimismo, rechazan los “hechos fraudulentos” del TSJ que, con dos nuevas sentencias, pretende hacer ver que corrigió sendos fallos contra la Constitución en lo atinente a la inmunidad parlamentaria y las facultades de la AN.
A continuación el texto completo del comunicado:
LA ASAMBLEA NACIONAL DENUNCIA AGRAVAMIENTO DEL GOLPE DE ESTADO
La Asamblea Nacional, en representación del pueblo venezolano, debe manifestar su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos, que agravan aún más la ruptura del orden constitucional y democrático en el país. Después de la publicación de las sentencias N° 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y del pronunciamiento de diversos sectores de la sociedad venezolana, de la Fiscal General de la República y de la comunidad internacional, contra el golpe de Estado o la ruptura del orden constitucional que esas decisiones suponen, el Presidente de la República convocó al Consejo de Defensa de la Nación para resolver lo que para él es un simple impasse entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscal General de la República. De la reunión respectiva surgieron supuestos acuerdos para introducir correcciones o aclaratorias en las citadas sentencias, en aras de recuperar la normalidad institucional, se ha dicho. El comunicado allí aprobado recoge esas ideas y ahora el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia afirma que desde esa instancia judicial no se ha pretendido despojar a las Asamblea Nacional de sus atribuciones. Adicionalmente, se han publicado extractos de las sentencias que contendrían las referidas aclaratorias (N° 157 y 158), aprobadas en contra de lo dispuesto en la legislación venezolana y violando de nuevo el debido proceso y la separación de poderes.
Estos hechos fraudulentos agravan el golpe al Parlamento y la soberanía popular cometido en el país, y hace más necesario el apoyo de la comunidad internacional y la protesta ciudadana.
Los cambios anunciados a las sentencias N° 155 y 156 dejan incólume el golpe de Estado perpetrado por el Tribunal Supremo de Justicia, que consiste principalmente en lo siguiente:
1.- Todos los actos de la Asamblea Nacional son considerados absolutamente nulos por el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo reiteran las sentencias N° 155 y 156, que en este particular no han sufrido cambios.
2.- La Asamblea Nacional no puede dictar Leyes que sean publicadas en Gaceta Oficial para entrar en vigor como ordena la Constitución. Todas son nulas según la Sala Constitucional. Así lo reiteran las sentencias N° 155 y 156, que en este particular tampoco han tenido modificación alguna. Tampoco se ha respetado su autonomía normativa interna. Fue privada igualmente de la iniciativa legislativa que le atribuye la Constitución sin exclusiones y que siempre se le había reconocido.
3.- Ni la Sala Constitucional ni el Ejecutivo Nacional reconocen a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y con base en este desconocimiento han privado a la administración parlamentaria de la atribución de ejecutar su presupuesto. Además, desde hace al menos nueve meses se suspendió el pago del salario a los Diputados, por orden ejecutiva. Desde mayo de 2016, con una sola excepción, no son publicados los actos aprobados por la Asamblea Nacional y que esta envía a Gaceta Oficial con ese propósito, por vía de hecho del Ejecutivo.
4.- La Asamblea Nacional no puede defenderse en juicio, pues las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional se emiten sin garantizar el derecho a ser oído y tanto la Sala Constitucional como la Sala Electoral han establecido, violando la Constitución y casi 18 años de práctica institucional, que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no puede representar a este órgano parlamentario en procesos judiciales, como tampoco designar apoderados judiciales para asegurar la defensa en juicio de los actos o normas emanados del Parlamento.
5.- La inmunidad parlamentaria ha sido restringida y está siendo desconocida; prueba de ello es la detención arbitraria sin fórmula de juicio del Diputado Gilber Caro, desde hace más de un mes.
6.- La Sala Constitucional despojó a la Asamblea Nacional de su facultad privativa de aprobar la ley de presupuesto y usurpó su atribución constitucional de ejercer control sobre la propuesta o proyecto presentado por el Presidente de la República, y lo mismos ha sucedido con otras facultades que la Constitución reserva a la Asamblea Nacional y que ahora las ejerce el Ejecutivo Nacional sin consultar al Parlamento.
7.- El propio Presidente de la República en los últimos decretos de estado de excepción, considera a la Asamblea Nacional como un órgano “inhabilitado” para ejercer sus funciones, lo cual ha sido avalado por la Sala Constitucional, que ha despojado a la Asamblea Nacional de sus atribuciones constitucionales para aprobar o no, con eficacia jurídica, el decreto de estado de excepción o su prórroga. El país está sumido en un estado de excepción de duración indefinida desde hace más de un año, en contra de los límites temporales fijados por la Constitución, y en ese marco el Presidente de la República se ha facultado a sí mismo para gobernar por decreto prácticamente en cualquier ámbito.
8.- La función de la Asamblea Nacional de controlar al gobierno ha sido suspendida indefinidamente por decisión de la Sala Constitucional, y las facultades parlamentarias de dar voto de censura a los Ministro o al Vicepresidente Ejecutivo, de efectuar interpelaciones o comparecencias de funcionarios públicos y de requerir información a la administración están igualmente suspendidas por el Presidente de la República, con aval de la Sala Constitucional, lo que también sucede con la atribución de la Asamblea Nacional de aprobar empréstitos u otros contratos de interés público con entidades extranjeras, lo cual presupone el absurdo de que el órgano objeto de los controles parlamentarios se libera de ellos por acto propio, absolutamente al margen de la Constitución.
En suma, el ardid del gobierno nacional de abordar, en una instancia incompetente para ello pero presidida por Nicolás Maduro, la situación generada por las sentencias referidas, confirma que estamos ante un gobierno de facto, que al acudir al concepto de la Seguridad de la Nación y a instancias previstas para evaluar problemas de esta naturaleza corrobora la violación de la separación de poderes y del gobierno civil. Además, el tratamiento que el gobierno otorga al tema revela un gran desprecio hacia el pueblo venezolano, que sufre por una crisis humanitaria ligada al desmantelamiento de los controles democráticos, pues se pretende resolver con un acuerdo logrado al interior del oficialismo, fraguado a espaldas de los representantes populares, del pueblo y de la Constitución, los graves problemas que aquejan a los ciudadanos. Venezuela no vive un impasse entre órganos del régimen, sino un abismo entre el gobierno nacional, por un lado, y la soberanía popular y la Constitución, por otro lado.
En virtud de lo expuesto, anunciamos que la Asamblea Nacional continuará junto al pueblo de Venezuela en su lucha por rescatar la Democracia.
A esta condena, se suma una mayor: la aprobada en la noche de este lunes (hora venezolana) por la Organización de Estados Americanos (OEA), que aprobó una declaración que afirma que en Venezuela hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático” y exige al gobierno de Nicolás Maduro que restaure “la plena autoridad” del Parlamento.
La resolución, el texto más duro aprobado en la OEA contra Maduro, incorpora la posibilidad de, “en la medida que sea necesario”, emprender “gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática“. Asimismo, indica que “a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre el Parlamento), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático”.
Pese a ello, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno.
¿Qué más falta por pasar?
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