Por Cambio16
10/3/2017
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha asegurado que jamás tuvo «la menor sospecha» de conductas de índole sexual inapropiadas por parte del padre Román, que formaba junto a otros sacerdotes un grupo «hermético» y que «en absoluto» quiso ofrecerle facilidades con la pretensión de tapar lo ocurrido.
Durante la quinta sesión del juicio que sienta en el banquillo de los acusados al padre Román, para el que la Fiscalía solicita nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado con acceso carnal, el prelado ha declarado como testigo y ha recordado que ya pidió perdón en su día «por sus pecados y por los de la Iglesia».
Aunque ha dicho que supo por la prensa de la denominación del grupo como de los «Romanones», sí ha mantenido que era «notorio» que este sacerdote actuaba «de manera muy unitaria» junto a otros y que consideró que, si no se constituían formalmente como una asociación reglada, esto podría suponer «un problema a la larga». Antes de señalar que «jamás» tuvo la menor sospecha de conductas de índole sexual inapropiadas por parte de Román, ha indicado que sí había recibido «muchas quejas» de sus procedimientos pastorales por la «forma de ser» del cura.
El arzobispo ha señalado que tuvo conocimiento de las acusaciones del joven denunciante de los abusos en agosto de 2014, cuando supo que este ya se había comunicado con el papa Francisco, quien trasladó que se actuara «con la mayor diligencia posible».
Martínez se reunió entonces con el joven, habló con sus padres y pidió comparecer ante la Congregación para de la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Desde entonces se produjo entre el arzobispo y el denunciante un intercambio de correos electrónicos, en los que incluso llegó a pedirle dinero para costear una atención psicológica y la práctica de una pericial, y que pasaron de ser «excesivamente elogiosos» a «casi, casi violentos», una vez que el chico denunció ante la Fiscalía. «Nunca más me ha vuelto a llamar, ni a escribirme», ha dicho el prelado que, aunque ha recalcado que el expediente canónico que se inició estaba sujeto a secreto pontificio, se trasladó a la Santa Sede que, de la investigación prejudicial previa, se determinaba «verosimilitud» en las acusaciones vertidas.
Conforme a los criterios de 
Saber más
