Por Cambio16
El presidente ejecutivo de Volkswagen, Martin Winterkorn, dimitió este miércoles asumiendo la responsabilidad en el escándalo desatado por la manipulación de las emisiones de gases contaminantes en sus vehículos diésel en EEUU, aunque aseguró no haber hecho personalmente «nada mal».
Winterkorn presentó su dimisión tras una reunión del consejo de supervisión para abordar una de las peores crisis en la historia de la compañía, que la ha llevado a perder desde el lunes más de una tercera parte de su capitalización bursátil. Las acciones de Volkswagen subieron hoy un 5,19 %, hasta 111,50 euros, en la bolsa de Fráncfort.
La compañía también anunció que va a demandar a los responsables de esta manipulación.
Todavía se desconoce si Ferdinand Piëch conocía la manipulación de las emisiones de gases contaminantes en EEUU y fue por ello que retiró su apoyo a Winterkorn a comienzos de abril, cuando todavía era presidente del consejo de supervisión. Entonces parecía que Piëch se distanciaba de Winterkorn por los problemas que afronta Volkswagen, como la paleta de modelos, las ventas en EEUU y en China y los costes, sobre todo en la marca VW.
Winterkorn, cuyo contrato finalizaba a finales de 2016, hizo hincapié en que el proceso de clarificación y transparencia debe continuar.
El consejo de supervisión de Volkswagen, compañía en la que el estado federado de Baja Sajonia tiene una participación del 20%, se reunirá de nuevo el viernes y antes no va a decidir quién será el sustituto de Winterkorn. Como sustituto se ha barajado el nombre del portavoz de la familia Porsche, Wolfgang Porsche, que es primo de Piëch.
11 millones de vehículos
Los problemas legales y de imagen del Grupo han empezado a multiplicarse en Estados Unidos, con la apertura de varias investigaciones tras el escándalo. Además, la situación se complica para la compañía, ya que ha admitido que son 11 millones de vehículos en todo el mundo los afectados, en lugar de los 482.000 vendidos en EE UU reconocidos en un inico.
En España, “la dirección del grupo Volkswagen ha confirmado al Gobierno español que el escándalo no va a repercutir en sus inversiones en España pese a las pérdidas en Bolsa y la previsible fuerte sanción que recibirá de Estados Unidos”, según publica El Mundo. No obstante, Eldiario.es señala que los trabajadores de las plantas españolas del grupo temen los efectos del escándalo.
La Oficina del Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, informó a la agencia Efe que, junto con otros estados, ha iniciado una investigación sobre las acciones del Grupo Volkswagen.
Además, varios medios de comunicación locales afirmaron que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal sobre las acciones de la compañía, que el viernes aceptó las conclusiones de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de que durante años trucó sus vehículos con un software fraudulento.
Fuentes consultadas por el periódico The Wall Street Journal señalaron que la división de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia ha asumido la investigación penal.
El subdirector de Relaciones Públicas del Departamento de Justicia declaró a Efe que no puede “confirmar o negar” la existencia de esa investigación sobreVolkswagen.
Pero lo dicho el martes por la fiscal general asistente del Departamento de Justicia, Leslie Caldwell, en un discurso pronunciado en Nueva York, anticipa que las autoridades estadounidenses están dispuestas a que Volkswagen se enfrente a todo el peso de la ley.
En su discurso, pronunciado en una conferencia anual sobre investigaciones internacionales, Caldwell dijo que “imputar a la entidad corporativa e imponer una multa u otras condiciones impersonales, simplemente no es suficiente, en la mayoría de las circunstancias, para castigar totalmente y, lo que es más importante, disuadir la mala conducta corporativa”.
Quien sí ha informado del inicio de procesos contra el fabricante alemán es el Congreso estadounidense.
“El público estadounidense se merece respuestas”
El presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el republicano Fred Upton, informó el lunes que en las próxima semanas el organismo llevará a cabo una vista sobre el fraude cometido porVolkswagen.
“El público estadounidense se merece respuestas y garantías de que esto no pasará de nuevo. Tenemos la intención de conseguir esas respuestas”, afirmó Upton.
La apertura de estas investigaciones supone que la pesadilla de Volkswagen en Estados Unidos sólo acaba de empezar y que la imagen del principal fabricante de automóviles del mundo sufrirá gravemente en el proceso.
Con casi toda seguridad, el presidente del Grupo Volkswagen así como los principales directivos de la compañía se verán forzados a comparecer ante alguno de los comités del Congreso para explicar el fraude perpetrado y ofrecer públicamente disculpas en suelo estadounidense.
Otros casos
La situación es similar a la que encararon con anterioridad otros dos gigantes del mundo del automóvil, Toyota y General Motors (GM), quienes también reconocieron haber ocultado y engañado a las autoridades y al público estadounidense.
En febrero 2010, el presidente y consejero delegado de Toyota, Akio Toyoda, y el presidente de Toyota en Norteamérica, Yoshimi Inaba, comparecieron ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes para responder por los defectos de aceleración involuntaria de sus automóviles.
Los defectos, una alfombrilla mal diseñada y un sistema de control de velocidad defectuoso, causaban aceleraciones involuntarias en los vehículos de Toyota. Pero la compañía japonesa negó y ocultó el problema durante años hasta que se vio obligada a reconocer que los defectos causaron 89 fallecidos.
La compañía también se vio forzada a revisar millones de vehículos en todo el mundo.
Ante el interrogatorio de los congresistas estadounidenses, Toyoda presentó en repetidas ocasiones sus “condolencias desde lo más profundo de mi corazón” y expresó su “vergüenza” por lo sucedido.
Cuatro años después, fue el turno de los directivos de General Motors de encarar la ira de los congresistas por el sistema de ignición defectuoso que la compañía instaló, a sabiendas, en 2,6 millones de vehículos y que causó al menos 124 muertos en las carreteras estadounidenses.
El defecto, que se podía haber solucionado si GM hubiese invertido un dólar extra en cada vehículo, provoca el apagado involuntario e inesperado del motor, lo que cancela los sistemas de airbag por lo que, en caso de impacto, los ocupantes no cuentan con este sistema de seguridad.
La consejera delegada de GM, Mary Barra, así como los principales ejecutivos del fabricante comparecieron en varias ocasiones ante comités del Congreso para responder las preguntas y enfrentarse a las duras críticas de los legisladores.
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