Por Cambio16
Al PP empiezan a complicársele las cosas. Si las elecciones del 24M le han dado un varapalo importante, ahora son los juszgados y las operaciones policiales los que agudizan la crisis en la que se encuentra la formación.
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, fue detenido este viernes, junto a otras ocho personas, en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación. Y, «ante la alarma social suscitada», la dirección del PPCV ha acordado la suspensión cautelar de militancia del partido de Castellano y Moncloa le ha destituido como delegado del Gobierno.
A última hora de la tarde, el juez decretó libertad provisional para Castellano, le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir del país. Castellano deberá estar a disposición de la autoridad judicial para acudir tantas veces como sea llamado y la causa.
Además, este viernes se ha sabido que el alcalde en funciones de Valladolid, Javier León de la Riva, no podrá optar a la reelección al condenarle el juzgado de lo penal número 2 de Valladolid por un delito de desobediencia en la aplicación de una sentencia y que supone su inhabilitación para ocupar cargo público.
La detención del delegado del Gobierno
La Policía registró la vivienda que Serafín Castellano posee en la localidad valenciana de Benisanó. Se le investiga por presuntos favores a una empresa a la que le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación.
El pasado mes de octubre se confirmó que los delegados en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción investigarían una presunta contratación irregular por parte de la Generalitat valenciana a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35 y supuestos regalos a Castellano en su etapa como conseller de Gobernación, relacionados con esas adjudicaciones.
Sobre estos hechos, Castellano aseguró que desconocía por qué Avialsa T-35 tiene la factura de un rifle semiautomático Browning de 1.861 euros que, según ha defendido, ha pagado él y nadie le ha regalado, pero que algunos medios de comunicación citan como un regalo de esta adjudicataria de la Generalitat.
La detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.
Inhabilitado 13 meses como cargo público
Javier León de la Riva (PP) ha sido condenado por un delito de desobediencia judicial por incumplir una sentencia, lo que supone su inhabilitación inmediata para ocupar cargo público de regidor o de concejal durante trece meses.
Aunque la sentencia no es firme sí supone la inhabilitación inmediata, aunque luego De la Riva la pueda recurrir -como ya ha anunciado- ante la Audiencia provincial en diez días, y además el fallo del juzgado de lo Penal 2 de Valladolid, dictado y conocido este viernes, también condena al regidor en funciones de la capital vallisoletana a pagar una multa de 12.810 euros.
En sus 36 folios, el juzgado constata que existió una «reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato» judicial de restituir la legalidad urbanística en un edificio.
También recoge el fallo el «propósito de incumplir» del regidor, que se revela «de manera implícita por el reiterado actuar del acusado opuesto al acatamiento de una orden».
El regidor en funciones de Valladolid, de 69 años y que lleva veinte continuados al frente de la Alcaldía, todavía no ha desvelado cuál será su futuro político después de que en las elecciones del pasado domingo el PP se quedará a tres concejales de la mayoría absoluta y de que el PSOE haya llegado un acuerdo con otras dos fuerzas de izquierda para gobernar.
Conforme a los criterios de 
Saber más
