Por Efe
26/01/2016
El caso Imelsa, que surgió hace más de un año referido a una supuesta trama corrupta de cobro de comisiones en la empresa pública de la Diputación de Valencia del mismo nombre, ha acabado convirtiéndose en una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
Tras meses de investigación, este martes ha culminado una operación en la que se han practicado 33 registros en casas particulares, sedes sociales de empresas y fundaciones de las tres provincias de la Comunitat, con al menos 24 detenidos y 29 investigados (figura legal que sustituye al término imputado en la nueva legislación).
El origen de esta causa fue una denuncia presentada en julio de 2014 por la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Darijo ante la Fiscalía referida a supuestas irregularidades en la empresa pública Impulso Económico y Local (Imelsa), a las que adjuntó diez horas de grabaciones guardadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.
Sin embargo, la práctica de diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era «mucho más extenso» de lo que se recogía en la denuncia inicial, y llevó a la Fiscalía a presentar el pasado mes de marzo una querella, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos contra la administración pública que se investigan en esta causa, declarada secreta desde el inicio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Según la investigación, los integrantes de esta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat se servían de sus puestos de responsabilidad en esas administraciones o en empresas públicas vinculadas a ellas, y de su potestad en materia de contratación, para «percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas».
Desde que el pasado mes de abril EU diera a conocer su denuncia, las principales consecuencias del caso Imelsa habían sido políticas, ya que acabaron con la suspensión de militancia de dirigentes del PP como Alfonso Rus y Máximo Caturla, en la Diputación de Valencia, y de María José Alcón, en el Ayuntamiento de la capital.
Rus también se vio obligado a apartarse temporalmente (desde el mes de mayo) de la presidencia de la Diputación de Valencia -a la que ya no volvió dado que el PP perdió la presidencia tras las elecciones municipales-, tras difundirse unas grabaciones en las que supuestamente contaba comisiones a razón de «mil, dos mil» y hasta «dos millons de peles».
Hasta ahora, el foco se había situado sobre quien fuera gerente de Imelsa de 2007 hasta enero de 2015, Marcos Benavent, imputado en esta causa y quien en una peculiar comparecencia ante los medios de comunicación a finales de mayo confesaba que se había llevado «de todo», pues era «un yonqui del dinero», y alertaba de que iba a provocar «mucho daño».
Justo ocho meses después de esa amenaza, una operación policial se ha saldado con las detenciones de Rus y de Máximo Caturla, quien también fue gerente de la empresa pública Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios, en la que la actual Generalitat ha detectado sobrecostes de mil millones de euros y cuya sede también ha sido registrada este martes.
Entre los investigados en esta causa figuran el exsecretario autonómico David Serra, imputado en el caso Gürtel; el exjefe de gabinete de Rus en la Diputación, Emilio Llopis, o la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster.
El pasado mes de mayo, poco antes de que EU perdiera en las elecciones su representación en les Corts, su portavoz, Ignacio Blanco, aseguraba que este caso de corrupción superaba «en gravedad» a la trama Gürtel y era «el más importante de la democracia valenciana», al afectar a varias instituciones y a un «amplio abanico» de dirigentes del PP.
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