Por Iñigo Aduriz
09/02/2017
No es una cuestión ideológica sino que tiene que ver con el cumplimiento de las normas. La exministra de Medioambiente Cristina Narbona (Madrid, 1951) fue ayer la única consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que votó en contra de avalar la reapertura de la central nuclear de Garoña. Explica sus razones –que también formulará por escrito y de forma oficial mañana viernes–, en esta conversación que mantuvo anoche con Cambio16.
¿Por qué fue usted la única que se manifestó en contra de la prórroga de la vida de la central nuclear de Garoña?
Desde 2013 estoy manteniendo una postura crítica respecto de cómo el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear está contribuyendo a modificar normas y prácticas para favorecer la reapertura de Garoña. Hay varios votos particulares míos que están recogidos en actas y a los que haré alusión. En 2013 cuando Garoña ya había decidido que cerraba el Gobierno decide otro plazo más. Y cada cambio de norma o cada figura que se crea exige la petición de un informe. Yo nunca he visto justificado que el CSN debiera atender una solicitud que significaba 17 años más de funcionamiento, que es lo que pedía Garoña. Porque hasta ahora y, desde 1999, todas las autorizaciones para renovar la explotación de una central nuclear han sido informadas por el CSN para un máximo de diez años. La de ayer es la primera vez desde 1999 que el CSN hace un informe favorable a la reapertura de una planta sin poner una fecha de duración de esa renovación. Esto incumple una práctica que está incluso recogida en una de nuestras guías de seguridad del CSN, y que dice que las renovaciones serán por diez años y que previamente hay que hacer una revisión de la seguridad de la planta de los diez años anteriores.
¿El permiso que acaba de dar el CSN ha sido, entonces, sin fijar una fecha concreta?
La fecha la pondrá el Gobierno en la orden ministerial que en su caso dé el Ministerio de Energía. Antes de 1999 había permisos incluso de menos tiempo –de dos o de cuatro años–, pero siempre ha aparecido un posicionamiento por escrito del CSN diciendo: «consideramos, a la vista de la revisión que hacemos de la planta, que puede operar otros diez años». Reiteradamente he pedido explicaciones sobre por qué en este caso no se fijaba un plazo, y desde 2013 no ha habido ninguna explicación.
Al margen de los plazos, ¿por qué no debería reabrir Garoña?
Yo lo que estoy opinando es sobre la decisión del CSN. Porque incluso incumple el requerimiento que se le hizo por escrito a la empresa Nuclenor –que explota la planta– en abril de 2015, donde por escrito se le decía que antes de remitir el informe para la renovación debía hacer una serie de cosas que, por cierto, se las lleva pidiendo el CSN desde 2009. Son algunas modificaciones gordas.
¿Su voto contrario es, por tanto, porque no se han cumplido esas peticiones?
Claro. Sigue sin cumplir con esas exigencias y, sin embargo, se le ha dado un informe favorable.
¿Podría resumir cuáles eran esas exigencias?
Son las que se consideraron necesarias por parte del CSN antes de 2009. Ese año la planta entraba en un nuevo periodo, pero el CSN hizo su informe para diez años. En ese texto se establecían cuatro requisitos. El primero tenía que ver con la separación de cables eléctricos, el segundo con el tratamiento de gases para evitar explosiones, el tercero con la protección contra incendios y el cuarto con el aislamiento de la zona de la contención. Son cuatro paquetes de mucha importancia que dada la edad de la central –que entonces ya rondaba por los 40 años– eran necesarios acometer. Y son actuaciones cuyo alcance conoce Nuclenor desde hace una década y que hoy las tiene a medio hacer. No las ha terminado. Esa es otra razón por la que creo que el informe debía ser desfavorable.
¿A qué cree entonces que se debe esta premura a la hora de dar esa autorización?
Esa parte de la premura es curiosa porque antes de poder operar va a tardar en cumplir esas exigencias, además de las que se les ponen a todas las plantas desde el accidente de Fukushima. Hasta que no cumpla con todo eso no se le va a permitir cargar combustible y la estimación que tiene el CSN es que eso puede tardar un año y medio. Por eso yo me pregunto: ¿cuál es la prisa que tiene el Gobierno con el informe favorable si no va a poder producir electricidad hasta dentro de un año y medio o más?
¿Cuál es el escenario que se abre ahora?
El informe se envía al Ministerio, que es el que decide. Con este texto puede acordar la autorización en los términos en los que ha pedido Nuclenor, que exige poder operar hasta 2031. Esto sería factible ya que el CSN no ha establecido un límite. El Ministerio también podría, en cambio, dejar que funcione sólo cinco años u otros plazos. La tercera incógnita es saber de qué ha servido que los funcionarios del CSN hayan empleado 30.000 horas de trabajo para hacer 170 informes para una empresa que no le interesa reabrir, que es lo que dice la compañía y no yo. Dicen que los números no les salen que es mucha inversión y que con todas las exigencias que se les hace puede que no les interese.
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