Por Cambio16
30/03/2017
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Los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú condenaron la decisión del Tribunal Supremo de atribuirse las funciones del Parlamento. Las autoridades nacionales catalogaron el dictamen como “inaceptable” y un “deterioro del orden democrático”. Y la Unión Europea pidió al chavismo un “calendario electoral claro”.
Junto a los países, la Organización de Estados Americanos (OEA) lo calificó como un «auto-golpe» y llamó a la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática, resaltando que “se ha llegado a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017”.
Denuncio auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional #Venezuela: https://t.co/MtPrRBBj72
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 30, 2017
La Unión Europea pidió un «calendario electoral claro» en Venezuela y llamó a «respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros», después de las controvertidas decisiones de la justicia chavista, a través de un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Estados Unidos denunció que la «usurpación» del Poder Judicial es «una ruptura de las normas democráticas». Además, señaló que el dictamen «daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos». Por ello, el departamento de Estado norteamericano concluyó: «Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela».
US condemns #Venezuela Supreme Court’s March 29 decision to usurp powers of democratically elected National Assemblyhttps://t.co/1VWZuf6z54
— Department of State (@StateDept) March 30, 2017
El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró en Bogotá que su Gobierno está preocupado por lo que considera un «deterioro del orden democrático» del país bajo el régimen chavista. El diplomático envió su mensaje luego de una reunión con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín.
A su vez, el gobierno de Chile expresó su «más alta preocupación» por la decisión del Supremo. «Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante», agregó el canciller Heraldo Muñoz, quien también reafirmó lo expresado por 20 países durante una sesión en la OEA en la que pidieron pasos concretos en el organismo para lograr que un mayor diálogo y que el país salga de la crisis.
El jefe de la diplomacia chilena señaló que lo que su país quiere «es un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos. Pero claramente esto va en la dirección opuesta».
Más temprano, la Cancillería de Perú anunció el retiro «definitivo» de su embajador en Venezuela. «Es inaceptable lo que ocurre», exclamó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien condenó la «ruptura de la democracia» en el país.
Condeno la ruptura de la democracia en Venezuela. Retiro de manera definitiva a mi Embajador en ese país. pic.twitter.com/SIpJ7JXteN
— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 30, 2017
Colombia, a través de su canciller, María Ángela Holguin, también se sumó a la condena. «Rechazamos esta no división de los poderes. Acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia», dijo Holguín en rueda de prensa. En un comunicado emitido poco después por la cancillería colombiana, el gobierno colombiano señaló su «profunda preocupación» por la decisión
Brasil emitió un comunicado con un tono de condena hacia el dictamen. «El gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional», aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
El TSJ asumió las “competencias” del Parlamento, de mayoría opositora, mientras “persista” su situación de “desacato”, según una sentencia difundida la noche del miércoles. La decisión ha recibido la condena del Parlamento venezolano, la cual la calificó como un “Madurazo” -en referencia al “autogolpe” que realizó en Perú el ex autócrata Alberto Fujimori el 5 abril de 1992, que fue conocida como “Fujimorazo“, cuando cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial y persiguió a líderes de oposición- y de la comunidad internacional.