Por José Juan Verón
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La información relativa al cambio climático aparece habitualmente plagada de datos sobre las emisiones que realizan los distintos países del mundo. Por ejemplo, sabemos que en España se emite la mitad de toneladas de CO2 por persona que en Rusia y casi 6 veces más que en Yemen. Parece imposible una medición de algo tan complejo que incluye desde el humo que sale por el tubo de escape de un coche o la chimenea de pequeñas y grandes fábricas hasta lo que se quema en una chimenea doméstica. Estas cifras se obtienen mediante complejas mediciones, verificadas por Naciones Unidas, y que deben de realizar los países.
Desde el momento que se gestó el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se incluyeron objetivos de reducción o de no superación de determinadas cuotas de emisión, las Conferencias de las Partes (COP) se vieron obligadas a desarrollar un sistema de medición de las emisiones que fuera objetivo y verificable. Así, se diseñó un sistema que obliga a los países a realizar sus propias auditorias y entregar los datos a los técnicos de la ONU, responsables de supervisar y verificar esta información. Este control se realiza sobre el dióxido de carbono (CO2) y sobre el resto de gases causantes del cambio climático (metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos,hexafluoruro de azufre, etc.), que se miden en toneladas equivalentes de CO2.
Sin embargo, como explica Fernando López Martín, profesor de la Universidad de Zaragoza e investigador en los efectos del cambio climático, “algunas noticias como el fraude de Volkswagen dicen que nos tenemos que replantear los sistemas de medición de los sectores difusos”. López explica que no existe debate científico en el fenómeno ni en los efectos, pero sí un replanteamiento técnico de cómo se debe medir.
Cecilia Foronda, directora de cambio climático y energía de Ecodes, señala que cumbre tras cumbre el sistema de medición ha sido una de las cuestiones que han estado en discusión y que es habitual que algunos países propongan modificaciones para intentar que les sea más favorable o porque consideran que algunos datos pueden ser sensibles y no desean que sean públicos. Así, en todos los acuerdos se incluye una mención a este aspecto que posteriormente se desarrolla en una serie de indicaciones técnicas y metodológicas.
De este modo, la entrega de la información en tiempo y forma es parte del compromiso que se adquiere del mismo modo que los objetivos de reducción o de la puesta en marcha de políticas de adaptación. Además, la ONU envía delegaciones a los distintos países que se ocupan de realizar las verificaciones sobre el terreno. Con todo ello, se ha desarrollado un sistema de información que indica con detalle los tipos de gases que se emiten en cada caso.
La metodología incluye complejos sistemas que tienen en cuenta aspectos tan dispares como el número de vehículos que tiene un país, los distintos tipos y el uso que se hace de ellos; los sistemas de calefacción de forma detallada, las masas forestales y su calidad o las mediciones que se realizan directamente en las grandes instalaciones industriales que tienen una alta capacidad contaminante, entre muchas otras. La mayor dificultad está en aquellos sectores denominados difusos como el transporte o la climatización.
Por otro lado, existen sistemas de medición directa del CO2 en superficie y en altura, que determinan el nivel de concentración de este gas y de todos los demás causantes del cambio climático. “Las mediciones coinciden de forma bastante exacta con la suma de los cálculos de emisiones que se hacen de manera parcial para cada uno de los países, luego el sistema se puede ajustar pero es bastante cierto”, recalca López Martín.
Foronda explica que existen otros estudios y mediciones que realizan diversos organismos. Sin embargo, en todos los casos, los datos proceden de la información que recopila cada uno de los países y que pone a disposición de los expertos de Naciones Unidas. Los informes oficiales se pueden consultar en la web http://unfccc.int
Los sectores regulados (grandes centrales y grandes industrias) apenas plantean problemas de medición, explica López Martín, aunque pudiera haber algún pequeño desajuste ligado a la picaresca de algunos. Así, y como señala el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desde el momento que se incluye la posibilidad de comercializar con los derechos de emisión resulta imprescindible el seguimiento y verificación de las emisiones se constituye como un elemento clave. “Sin un sistema de seguimiento y verificación de las emisiones riguroso es imposible garantizar que no se producen emisiones al margen de la obligación de entrega”, se indica en la presentación del funcionamiento del comercio de los derechos de emisión en España.
El problema está en el cálculo de las emisiones de aquellos países que no han firmado los acuerdos hasta la fecha, como Estados Unidos, Canadá o China. En algunos casos existen otros estudios independientes y en todos ellos, los técnicos de Naciones Unidas han desarrollado un sistema de cálculo basado en datos públicos de estos países y en otros que directamente les solicita Naciones Unidas.
Otra dificultad está en la asignación de las emisiones que genera el transporte aéreo y marítimo internacional. Por este motivo, ya en la primera convención de Naciones Unidas sobre cambio climático en 1992 se decidió que estos datos se calcularían por separado y recibirían un trato diferente, al igual que se sentaron las bases del sistema de cálculo que sería ratificado en 1997 en Kyoto.
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