Por Iñigo Aduriz
31/03/2017
Se apropiaban de las detracciones de las nóminas de los trabajadores que en teoría estaban destinadas a pagar las cotizaciones sociales y consiguieron ganar así 1.360.054,42 euros. La Policía Nacional han detenido a cinco individuos e investigado a cuatro más, en las provincias de Madrid y Granada, por la comisión de un fraude continuado a la Seguridad Social.
Según han informado los agentes a través de una nota, la investigación se inició en agosto del pasado año a partir de una denuncia que se presentó en Granada en la que se daba cuenta de una serie de indicios delictivos detectados en varias empresas dedicadas a la compra venta de carne de animales de abasto y a la venta de productos cárnicos derivados.
Partiendo de los datos del informe de la Tesorería General y de la información obtenida por los investigadores durante su seguimiento de las actividades de las empresas, se comprobó que utilizaban un sistema de sucesión empresarial para cometer los delitos.
La Policía apunta a que esta forma de actuar se basa en el «trasvase de trabajadores de unas mercantiles a otras, en el uso de domicilios falsos de actividad comercial, la simulación de contratos de arrendamiento de negocios, la carga económica entre activos patrimoniales del mismo grupo, así como de la subrogación fraudulenta de trabajadores entre las empresas, que funcionaban de hecho como grupo empresarial». Y que, en definitiva, «con esta práctica pretendían eludir el pago de las cuotas a la Seguridad Social».
También se descubrió que el entramado contaba con la colaboración de un economista especializado en la creación rápida de empresas por 2.000 euros, que incluían un testaferro al frente de la misma, y permanecían “dormidas” hasta que terceras personas empezaban a operar con ellas de forma encubierta en el tráfico jurídico mercantil, llevando a cabo actividades ilícitas.
Finalmente las investigaciones pudieron constatar la comisión de una serie de anomalías por parte de los responsables de pagar las cotizaciones sociales. Las cuotas, a pesar de que previamente eran detraídas de las nóminas de los trabajadores, no se ingresaban en la Tesorería General de la Seguridad Social, produciéndose la apropiación indebida de esas cantidades de forma sistemática y prolongada en el tiempo, generando un perjuicio tanto para los empleados como para el Sistema de la Seguridad Social.
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