Por Cambio16
El Gobierno mexicano ha cesado a tres funcionarios involucrados en la administración penitenciaria a raíz de la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y ofreció una recompensa de 60 millones de pesos (3,8 millones de dólares) para quien dé información que facilite su recaptura.
Galería: La fuga (pulsa sobre las imágenes para leer la información)
El secretario de Gobernación (ministro del Interior), Miguel Ángel Osorio, informó de que independientemente del resultado de las pesquisas sobre la participación de servidores públicos en la fuga, decidió cesar al titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández.
También destituyó a la coordinadora de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera, y a Valentín Cárdenas, director del penal Altiplano I, del que escapó Guzmán.
En conferencia de prensa, indicó que esa prisión opera «en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y los estándares internacionales», y cuenta con medidas de seguridad que incluyen «un sistema de videovigilancia y monitoreo permanente».
«Guzmán logró fugarse a través de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas de seguridad. Lo hizo mediante un túnel de alta tecnología, con profundidad de hasta 19 metros y longitud de más de kilómetro y medio», refirió.
Sin embargo, añadió, «no podemos omitir que para lograr su propósito el hoy prófugo de la justicia tuvo que contar con la complicidad de personal o funcionarios del Centro de Readaptación Social del Altiplano».
«De confirmarse, ello constituiría un acto de corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos, a la institución y a los integrantes de las fuerzas federales que con entrega y siempre con compromiso con México arriesgaron su vida para capturarlo», dijo.
Aseveró que «no habrá lugar para la impunidad» y que «todo funcionario público federal, estatal o municipal que haya participado en estos hechos será castigado».
En la misma comparecencia ante los medios, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Arely Gómez, informó de una recompensa de 60 millones de pesos (3,8 millones de dólares) para quien dé información sobre el paradero del narcotraficante, el doble de lo que había ofrecido la anterior vez que se fugó.
Gómez, justificó el aumento «por tratarse de una persona que ha evadido en dos ocasiones el sistema penitenciario y dado que representa una amenaza para la seguridad pública».
Tras anunciar la recompensa, Gómez indicó que los ciudadanos podrán dirigirse a una línea telefónica gratuita para hacer sus denuncias sobre el caso y mostró «una fotografía reciente» del narcotraficante (ver la imagen que abre esta noticia), jefe del cártel de Sinaloa.
La fiscal detalló que por este caso han sido interrogadas 34 personas que trabajaban en la cárcel, «a quienes se les está determinando su situación jurídica».
También «se han recabado testimonios de 17 internos recluidos en instancias próximas a la celda en que se encontraba Joaquín Guzmán» en el penal, que a su vez ha sido objeto de inspecciones concienzudas, al igual que la casa a medio construir a la que llegó El Chapo tras huir de la cárcel el sábado por la noche.
La cárcel Altiplano I, en la que Guzmán se encontraba desde febrero de 2014, es una prisión federal ubicada en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a unos 90 kilómetros de Ciudad de México.
Es la segunda vez que Guzmán se escapa de una cárcel de máxima seguridad, después de huir de la de Puente Grande, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en enero de 2001.
Transcurridas 48 horas después de que Guzmán escapara, las fuerzas de seguridad mexicanas continúan con su cacería.
Tras activarse la «alerta roja», que implicó el establecimiento de puntos de revisión en las principales vías de acceso al municipio de Almoloya de Juárez, la búsqueda se extiende al resto del Estado de México, a la Ciudad de México, y a Morelos, Puebla, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
En tanto, el Gobierno estadounidense subrayó que ayudará a las autoridades mexicanas a detener al prófugo, y reiteró su interés en juzgar en un futuro en Estados Unidos al narcotraficante, que enfrenta decenas de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.
Costa Rica ordenó reforzar las medidas de control en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, como ya habían hecho este domingo Honduras, El Salvador y Guatemala, tras la alerta internacional emitida por la Interpol.
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