Por Cambio16
07/07/2017
La Policía, con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, ha detenido a 26 personas que presuntamente cometieron un fraude de más de 300.000 euros a bancos mediante el conocido como fraude por devoluciones. Los detenidos, provistos de documentaciones falsas, contrataban en entidades bancarias TPV´s con los que realizaban cargos ficticios con tarjetas genuinas o falsificadas.
Posteriormente, dejaban la cuenta asociada al descubierto y devolvían los importes cargados dentro del plazo para retroceder las operaciones, reintegrando el dinero a la tarjeta compradora y generando un perjuicio para los bancos. Los arrestados, en su mayoría de nacionalidad italiana, operaban en Cataluña y Valencia.
Según ha informado la Policía a través de una nota, la investigación se inició en agosto de 2016 cuando una patrulla de seguridad ciudadana detuvo en Tarragona un hombre, de nacionalidad italiana y de 39 años, por llevar documentación falsa. Los agentes encontraron entre sus objetos personales una serie de comprobantes de operaciones hechas con Terminales Punto de Venta (TPV) de dos comercios, a nombre de un mismo titular. Los justificantes se referían a principalmente pagos y devoluciones realizados por terceras personas.
Este hecho hizo sospechar a los agentes que podía ser autor de un delito de estafa bancaria por el método del fraude por devoluciones. La Unidad Central de Estafas y Medios de Pago del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos inició una investigación para esclarecer los hechos. Las pesquisas policiales determinaron que el detenido pertenecía a un entramado criminal que habría estafdo a varias entidades bancarias ubicadas en el Garraf.
Paralelamente, en el mes de enero de 2017, la Policía Nacional recibió una denuncia de una entidad bancaria de Valencia por un fraude similar. Ante la coincidencia de objetivos y las acciones continuas del grupo entre Barcelona y Valencia, se estableció un equipo conjunto de investigación entre la Policía Nacional y los Mossos d´Esquadra.
Los investigadores comprobaron que la organización disponía de una estructura bien definida, con un núcleo central que ocupaba la posición predominante y una serie de grupos satélite subordinados que participaban únicamente durante la comisión de los actos delictivos concretos. Dentro de los grupos había un claro reparto de tareas y roles. El núcleo principal estaba integrado por ocho miembros.
Al frente del mismo se encontraban dos personas que dirigían y organizaban las acciones delictivas y controlaban los beneficios conseguidos, recibiendo un porcentaje del resto del entramado. El resto de integrantes del grupo central tenían roles de coautores o colaboradores, ya que participaban directamente en la ejecución de los hechos y se repartían el botín a partes iguales. Además contaban con el apoyo de comercios conniventes; de los pasadores, que participaban en los realizando compras con sus tarjetas personales; y de los conocidos como logísticos, que suministraban los documentos de identidad falsos necesarios para sus actividades ilícitas.
El grupo siempre actuaba siguiendo un mismo modus operandi. Contrataban Terminales de Punto de Venta (TPV) con documentación falsa para una sociedad mercantil o comercio autónomo, ya fuera real o inexistente. Una vez disponían de los terminales, los integrantes del grupo “pasaban” sus propias tarjetas o de terceros –sin su consentimiento o falsificadas–, simulando la venta de servicios o productos.
Una vez el dinero se abonaba a la cuenta asociada al TPV el titular de su contratación efectuaba reintegros hasta dejarla sin saldo. A continuación, y dentro de los plazos habilitados, se realizaba el retroceso de las operaciones cargadas previamente en el terminal, simulando la devolución de la compra realizada y la cancelación del pago por parte del establecimiento. De este modo conseguían dejar la cuenta con un saldo negativo, lo que provocaba un perjuicio directo a la entidad bancaria y permitía a los arrestados disponer del dinero en efectivo.
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